Una coalición de grupos cristianos conservadores y antiaborto de Estados Unidos apuntan contra la reelección de Luis Almagro en la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pese a los antecedentes del uruguayo como un aliado clave del gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Almagro, cuyo mandato termina en mayo de 2020, anunció en Twitter el año pasado que aspiraba a la reelección tras recibir el apoyo de Estados Unidos y de otros países aliados. Su gestión al frente de la OEA ha estado marcada por enfrentamientos públicos con los gobiernos de Venezuela y Cuba.
El año pasado, por ejemplo, el diario Los Angeles Times reportó que Almagro “se sumó al presidente Trump en la amenaza de una intervención militar para restaurar la democracia en Venezuela”. Pero sus posiciones en otros asuntos disgustan a algunos aliados cruciales de Trump dentro de Estados Unidos. En octubre, 27 grupos antiabortistas escribieron una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, pidiendo que Estados Unidos retirara su apoyo a un segundo mandato de Almagro, alegando que “ha usado frecuentemente su cargo como secretario general para promover el aborto”.
Estos grupos “representan a ciudadanos estadounidenses que han apoyado al presidente Trump y a su política exterior contraria a un derecho global al aborto”, dijo el portavoz de esta coalición, Alfonso Aguilar, a openDemocracy. “Lo que pedimos es que lo que el presidente ha articulado públicamente sea ejecutado por los miembros de su administración”. Aguilar, que criticó a Almagro por definirse como un “feminista radical” y por nombrar a una figura “conocida por abogar públicamente por el aborto” al frente de la Comisión Interamericana de la Mujer, aseguró que su coalición mantiene “conversaciones constructivas con la administración y el Departamento de Estado sobre esto”.
Esta campaña contra un segundo mandato de Almagro no es la primera dirigida a la OEA que llevan a cabo organizaciones de la derecha cristiana estadounidense con conexiones políticas. De hecho, este movimiento “se viene coordinando desde hace décadas”, dijo Gillian Kane, de Ipas, una organización civil internacional dedicada a la salud y los derechos reproductivos. En este esfuerzo “confluyen la corriente mayoritaria y las alas extremas del movimiento antiabortista estadounidense”, dijo Kane, si bien “la gente común en Estados Unidos seguramente nunca escuchó hablar de la OEA y, aun si lo hizo, estará mucho más absorbida por las audiencias del impeachment [a Trump] y las elecciones de 2020”.
En marzo, Aguilar dijo en una reunión de la National Hispanic Christian Leadership Conference que la administración Trump y su embajador en la OEA estaban considerando reducir la financiación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los dos principales órganos autónomos en la OEA.
Seis días después, Pompeo anunció un recorte de 210.000 dólares en la financiación de la OEA “a la luz de recientes evidencias de promoción del aborto”. La decisión fue antecedida por una carta de nueve senadores estadounidenses criticando pronunciamientos de la CIDH en apoyo a los derechos reproductivos en El Salvador, Chile y Argentina. Pero Susana Chávez, coordinadora del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, sostuvo que esas alegaciones son erradas. La OEA nunca se enfocó en el aborto; en cambio, adoptó 11 resoluciones de apoyo a los derechos LGBTIQ y tiene una relatoría especial para el acceso a la Justicia de personas LGBTIQ, dijo.
En Estados Unidos, Aguilar es presidente del International Human Rights Group (IHRG) y fue por varios años miembro de la junta directiva del grupo derechista cristiano de lobby Alliance Defending Freedom (ADF). Ambas entidades son cada vez más conocidas para quienes siguen las negociaciones de la OEA, si bien ninguna de las dos figura en la coalición que dirigió la carta contra Almagro, firmada por Aguilar como presidente de otro grupo, Latino Partnership for Conservative Principles.
IHRG y ADF se cuentan entre los grupos ultraconservadores internacionales que han montado operaciones de lobby en la OEA, entre los que están Human Life International y sus varias oficinas locales, Focus on the Family, C-FAM, World Youth Alliance y la plataforma de origen español CitizenGo. Buena parte de sus energías se enfocan en la CIDH, cuyo mandato incluye investigar violaciones de derechos humanos que van desde desapariciones forzadas y masacres a violencia contra las mujeres, juicios parciales, intimidación de jueces y restricciones a la libertad de expresión.
Una abogada que sigue las negociaciones en la OEA, y que habló con openDemocracy a condición de anonimato, dijo que ADF encabezó en 2013 un contingente de 100 activistas conservadores en la asamblea general de la OEA en Guatemala que intentaron sin éxito impedir la adopción de dos convenciones contra el racismo, la discriminación y la intolerancia. “ADF coordina la estrategia legal de estos grupos, desde la cuestión del lenguaje, la argumentación para bajar los estándares en temas de derechos sexuales y reproductivos, hasta la estrategia de incidencia con los países”, dijo la fuente.
En 2017, por ejemplo, ADF estuvo entre decenas de grupos que intervinieron en contra de una histórica opinión consultiva de la CIDH, oponiéndose con argumentos escritos y orales a la idea misma de que el tribunal hiciera recomendaciones a los países en asuntos relacionados con los derechos LGBTIQ.
La abogada principal de la rama internacional de ADF, Neydy Casillas, dijo por correo electrónico: “Creemos que nadie debe ser perseguido por su religión o creencia. Abogamos a los más altos niveles, incluso en la OEA, para proteger esos derechos esenciales”. Casillas también acusó a otros “grupos de lobby financiados desde el exterior”, que no mencionó, de “socavar la soberanía nacional de los países latinoamericanos” para promover “el menosprecio del derecho a la vida y a la familia”. Pero no quiso hacer comentarios sobre la candidatura de Almagro a un segundo mandato.
El próximo secretario general de la OEA debe ser elegido en marzo con al menos 18 votos de los 35 estados miembros –todos los latinoamericanos y caribeños, Estados Unidos y Canadá, menos Cuba, que no participa en la organización–. Almagro era el único candidato cuando estos grupos estadounidenses enviaron la carta a Pompeo rechazando su segundo mandato. Hasta ahora, el uruguayo reuniría 14 votos, según Aguilar. “Hay otras personas, funcionarios de muy alto nivel en la región, que están considerando postularse, pero mientras Estados Unidos siga diciendo ‘apoyamos a Almagro’ esas personas no van a salir”, aseguró.
En noviembre, Antigua y Barbuda presentó como segunda candidata a la ex canciller ecuatoriana y ex presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa. Pero ella quizás no tranquilice a los ultraconservadores, dados sus pronunciamientos previos en favor de la equidad de género.
El actual secretario general está en el ojo de la tormenta por su papel en la crisis política y electoral boliviana, en la que pasó de apoyar, hace unos meses, la candidatura de Evo Morales para un cuarto mandato consecutivo a ser acusado por este de presuntamente “sumarse” al golpe de Estado en su contra.
Almagro declinó hacer comentarios para este artículo, pero Chávez, del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, observó que sus confrontaciones políticas públicas “han generado condiciones para una campaña de descrédito y de corte de financiamiento de Estados Unidos” hacia el sistema interamericano de derechos humanos. “Creemos que la repostulación de Almagro constituiría el fortalecimiento de una oposición que será largamente aprovechada por los grupos antiderechos”, advirtió.
Artículo publicado en opendemocracy.net