Apenas un mes después del asesinato del dirigente indígena Paulo Paulino Guajajara en una emboscada, en el territorio indígena Araribóia, otros dos líderes del pueblo guajajara fueron asesinados, esta vez, en la tierra indígena Cana Brava. Los caciques Firmino Prexede Guajajara y Raimundo Benicio Guajajara regresaban de una reunión el sábado 9, cuando fueron alcanzados por tiros disparados desde un auto blanco en el que había cinco personas, según los relatos de testigos. Otras cuatro personas resultaron heridas.
Con las muertes recientes, según datos del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), son 45 los indígenas guajajara asesinados en el estado de Maranhão como consecuencia de conflictos con madereros entre 2000 y 2019. De ellos, 12 fueron asesinados en el territorio indígena Araribóia y 11 en la tierra indígena Cana Brava.
El crimen de Paulo Paulino Guajajara, todavía no esclarecido, tuvo gran repercusión internacional. El dirigente integraba el grupo de los Guardianes del Bosque, que vigila las tierras indígenas para protegerlas de invasiones. Buscaba agua junto a Laércio Guajajara cuando los dos fueron sorprendidos por cinco hombres armados. Paulino murió en el sitio, mientras que Laércio, que sobrevivió, tuvo que correr diez kilómetros con dos balas alojadas en el cuerpo.
De acuerdo con datos del Instituto Socioambiental (ISA), sólo en octubre fueron abiertos 105 kilómetros de vías clandestinas para la extracción ilegal de madera en la tierra indígena Araribóia. Desde que el monitoreo del ISA comenzó, en setiembre de 2018, fueron emitidas 4.863 alertas de deforestación ilegal y detectada la apertura de más de 1.200 kilómetros de ramales para la exploración maderera.
Por encargarse de denunciar a los invasores de sus tierras, indígenas y guardianes del bosque, como Paulo Paulino, son constantemente amenazados. Bajo el efecto de la muerte de Paulino en la continuidad de los trabajos de monitoreo del territorio, cerca de 15 guardianes fueron entrevistados por Agência Pública el mes pasado. Para ellos, la muerte de Paulino sólo sirve de combustible para seguir en la lucha. “Eso sólo va a fortalecer nuestro trabajo”, afirmó Marcilene Liana Guajajara, integrante del grupo de Guerreras del Bosque de la tierra indígena Caru. “Nosotros tenemos que proteger nuestro territorio, incluso cuando a veces no tenemos apoyo. Lo que sucedió con Paulino podría suceder también con nosotros, pero nuestra idea es unirnos más para fortalecer nuestro trabajo. Soñamos con preservar nuestro territorio para que los niños lo conozcan”, dice Akadjurichã Ka’apor, coordinador de los Guardianes del Bosque de la tierra indígena Alto Turiaçu.
Actualmente, cerca de 17 grupos de guardianes monitorean las tierras indígenas maranhenses. Todos los guardianes entrevistados para el reportaje relatan que viven en contextos semejantes a los que Paulino enfrentaba antes de morir. Algunos mostraron cicatrices que quedaron de acciones de fiscalizaciones pasadas. “En 2015, mi cabeza valía 60.000 reales. Hoy el valor debe de ser mayor”, dice un cacique Guajajara.
Videos grabados por los propios guardianes muestran la actuación de los indígenas en el monitoreo de los territorios. Hacen rutinas periódicas, cerca de ocho por año, y con frecuencia identifican áreas de actividades criminales de cazadores, madereros y traficantes de drogas. Actúan junto al Instituto Brasileño de Medioambiente y de los Recursos Naturales Renovables, la Policía Federal y la Policía Militar, a los que guían en su actuación contra los invasores. En acciones aisladas, los indígenas también identifican puntos donde hay invasores, marcan las coordenadas y envían informes a las autoridades.
En ausencia del Estado
El trabajo de los Guardianes del Bosque, que comenzó a ser estructurado en 2010, surge a raíz del debilitamiento de la Fundación Nacional del Indio (Funai), que representa al Estado en la protección de los indígenas, y del incumplimiento del artículo 231 de la Constitución brasileña, que prevé la demarcación y protección de las tierras indígenas.
Ante la ausencia del Estado, grupos de guardianes fueron asumiendo la función de vigilar la tierra, varias veces, aprehendiendo e incendiando camiones, enfrentando directamente a los invasores para expulsarlos del territorio –incluso con episodios de intercambios de tiros–, lo que no está respaldado por la legislación. Aunque son reconocidos por la Funai, no le corresponde al grupo asumir la función de represión.
Muchos indígenas se oponen a que ellos asuman funciones del Estado, como la protección territorial, pero los guardianes están decididos a seguir desempeñando ese trabajo. “Nos cansamos de esperar una respuesta del Estado y resolvimos asumir la protección de nuestras tierras”, afirma Cláudio José da Silva, coordinador general de los Guardianes del Bosque de la tierra indígena Caru.
El secretario de Derechos Humanos y Participación Popular de Maranhão, Francisco Gonçalves, dijo que el agravamiento de los conflictos que resultaron en la muerte de Paulo Paulino es resultado de la postura adoptada por el gobierno de Jair Bolsonaro. “Los conflictos vienen de décadas, pero se agravaron este año con el desmantelamiento de los órganos federales y el abandono de las políticas de protección a los pueblos indígenas; el discurso beligerante y de odio que el gobierno de Bolsonaro envía a los grupos criminales funciona como un salvoconducto para entrar en tierras indígenas”, afirma. “Nos preocupa mucho la ausencia de órganos federales en la protección de las comunidades”, evalúa Gonçalves.
En la aldea Lagoa Comprida, donde vivía Paulino Guajajara, el clima es de tensión y miedo. Cansados, los indígenas dijeron estar pasando las noches en el medio del bosque, temiendo posibles ataques de madereros y habitantes de poblados cercanos. El entorno de la aldea es blanco de codicia de los madereros llegados de poblados rurales de municipios vecinos, como Bom Jesus das Selvas y Buriticupu, debido a la gran concentración de lo que quedaba de maderas nobles.
De acuerdo con pobladores de la zona, después de que la Policía entró para buscar el cuerpo de Paulino Guajajara, hubo un rumor acerca de un ataque a la aldea que harían personas que no eran indígenas y que estaban indignadas con la llegada de las autoridades. Según líderes indígenas y fuentes de la Funai, después de la llegada de la Policía a Araribóia, cinco casas de indígenas fueron quemadas en un poblado fuera de la aldea, en la región conocida como Cerolzal.
En esa región también deambula un grupo de indígenas que viven aislados, del pueblo Awá-Guajá, filmados en julio por el fotógrafo y documentalista Flay Guajajara. Los guajajara intentan protegerlos a cualquier costo de los constantes invasores, en su mayoría madereros y cazadores.
Este reportaje es parte del proyecto de Agência Pública llamado “Amazonia sin ley”, que investiga la violencia relacionada con la regularización de tierras, la demarcación de tierras y la reforma agraria en la Amazonia legal. Traducción: Diajanida Hernández.