Los líderes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, y de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, presentaron este lunes al Congreso un acuerdo para gobernar España en coalición. Lo hicieron después de que el PSOE lograra otro acuerdo, en este caso con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), para conseguir el apoyo de sus diputados cuando el Congreso elija un nuevo gobierno. “Estamos contentos por poder aportar nuestra humilde contribución para sacar a la política de la parálisis en la que se encuentra”, dijo el dirigente del PNV Andoni Ortuzar. Entre lo convenido entre el PSOE y el PNV, se encuentra la medida de informarle antes de tomar cualquier medida que afecte al País Vasco, en particular en cuanto a reformas fiscales.
Para que la izquierda española pueda llegar al gobierno, sólo falta que los diputados del partido nacionalista catalán Esquerra Republicana de Catalunya se abstengan en la votación de investidura. La dirección de esa organización política ya acordó llevar esa propuesta a su consejo nacional, que se reúne el jueves. Justamente, el programa que presentaron PSOE y Unidas Podemos incluye la decisión de abordar “el conflicto político” y analizar una actualización del sistema de regiones autónomas.
Las medidas de gobierno pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos incluyen un aumento del impuesto a la renta para quienes tienen ingresos superiores a los 130.000 euros y un nuevo tributo para las grandes corporaciones. También figura en el documento la derogación de la reforma laboral que aprobó el gobierno del Partido Popular para recuperar derechos laborales “arrebatados” a los trabajadores. Se eliminará “la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”, que habilitó el Tribunal Constitucional, y también las “limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo” para que se mantenga vigente hasta que se negocie otro.
A estas políticas se agregan otras para regular precios de alquileres, desarrollar “el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social”, mejorar el acceso a los servicios de salud y promover la igualdad de género. Esto último contempla, entre otras medidas, trabajar en una “política fiscal con perspectiva de género” y oponerse en forma categórica al alquiler de vientres.