En línea con el plan que trazó hace dos semanas para desplazar al presidente Nicolás Maduro del poder, la Asamblea Nacional venezolana (el parlamento, de mayoría opositora) aprobó ayer una ley que establece los pasos a seguir una vez que el gobernante abandone el cargo. La norma, llamada Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia y el Restablecimiento de la Constitución, dispone la duración de un gobierno transitorio y sus competencias políticas y económicas. El texto establece que antes de que se cumplan 12 meses de instalado ese gobierno se deberá convocar a elecciones. En ese período, dice el documento, también deberán ser renovados todos los poderes públicos, incluido el electoral, para que el llamado a elecciones sea efectivo.
La ley también le otorga nuevos poderes a la Asamblea Nacional, órgano al que el Tribunal Supremo de Justicia declaró en “desacato” hace tres años, por lo que sus decisiones no tienen efecto alguno en la práctica. Uno de los nuevos poderes de la Asamblea Nacional es el de asegurar “el ejercicio efectivo de los derechos a la libre postulación a cargos de elección popular y al sufragio”, un punto que levantaría la inhabilitación política que recae sobre varios líderes opositores y que les impidió postularse en las últimas elecciones. También le otorgará competencias para dictar leyes que permitan atender la “emergencia humanitaria” que, según la oposición, atraviesa Venezuela.
Unas horas después de que fuera aprobada esta ley, el diputado Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria, informó que la Asamblea Nacional está coordinando el ingreso al país del primer lote de ayuda humanitaria, principalmente medicamentos y alimentos, pese a que el gobierno de Maduro reiteró que no permitirá que tales insumos ingresen al país. En una conferencia de prensa Pizarro explicó que el Legislativo no hará entregas directas de la ayuda humanitaria que llegue, sino que coordinará el traspaso de las donaciones a las organizaciones civiles, que serán las que asignen las ayudas a las poblaciones más vulnerables.
Este primer contingente proviene de donaciones hechas por empresas con capital venezolano en el extranjero y por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos −los dos más acérrimos defensores del autoproclamado Guaidó− agregó el legislador, quien pidió a los militares que trabajan en las fronteras que desacaten las órdenes de Maduro y permitan el ingreso de la ayuda humanitaria.
Mientras tanto, el presidente venezolano, Maduro, insiste en el diálogo como salida a la crisis. El lunes informó que le había enviado una carta al papa Francisco para pedirle “ayuda” en el “proceso de facilitación y reforzamiento” del diálogo con la oposición. El pontífice, que estuvo de visita en Emiratos Árabes Unidos, dijo ayer que todavía no había leído la carta, pero advirtió que “para que se haga una mediación” es necesaria la voluntad de las dos partes implicadas. Más tarde, la Asamblea Nacional firmó un acuerdo en el que asegura que “cualquier intento de diálogo” con el chavismo está “condicionado” al “cese de la usurpación”, la instalación de un gobierno de transición y la convocatoria a “elecciones libres”.