El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso en la ciudad de Curitiba desde abril del año pasado, fue condenado ayer nuevamente a 12 años y 11 meses de prisión por presuntos crímenes de corrupción y lavado de dinero. La sentencia es la segunda proferida contra el ex presidente en el marco de la operación Lava Jato, por lo que en total la pena sobre el ex mandatario sería de 24 años, aunque la condena dictada ayer no tiene efecto inmediato ya que es apelable.
La jueza Gabriela Hardt del Tribunal Federal de Paraná entendió que el ex mandatario fue favorecido por las empresas OAS y Odebrecht con reformas hechas en una casa de campo, que no era de su propiedad, pero que frecuentaba asiduamente en el municipio de Atibaia, en el estado de San Pablo. Según informó Folha de São Paulo, la investigación judicial reveló que la empresa Odebrecht pagó las obras de dicha residencia, que equivalían a una suma de un millón 260.000 reales, aproximadamente 340.000 dólares.
“Es un hecho que la familia del ex presidente Lula frecuentaba asiduamente el inmueble, bien al que usufructuaba como si fuese su dueño”, explicó en su sentencia la magistrada, que es la reemplazante en la causa del Lava Jato de Sérgio Moro, quien actualmente se desempeña como ministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno de Jair Bolsonaro.
Por su parte, los abogados defensores de Lula, en el alegato que presentaron por esta causa en enero, cuestionaron la tesis de la acusación que liga las reformas de la propiedad de Atibaia con los crímenes investigados en la causa de Petrobras, y la permanencia del caso en el Tribunal Federal de Curitiba. La defensa buscó desvincular al ex presidente de las reformas realizadas en la vivienda rural, que es propiedad de la familia Bittar, muy próxima a Lula. En el texto presentado por la defensa, se afirma que el ex mandatario nunca fue informado sobre las reformas realizadas en la vivienda y que no hay pruebas de que él haya solicitado obras a cambio de negocios con el gobierno. Los abogados puntualizaron que la acusación judicial intenta atribuir a Lula “el total conocimiento y el dominio sobre las conductas ejecutadas por terceros”, entre los cuales se incluye a Marisa Letícia, la esposa del ex mandatario que falleció en 2017.