Los obispos catalanes, reunidos en la Conferencia Episcopal Tarraconense, se comprometieron ayer a investigar los casos de pederastia cometidos por religiosos y reafirmaron al clero la obligación de denunciar los hechos de esta naturaleza ante la Justicia. Los diez obispos de las provincias eclesiásticas de Barcelona y Tarragona pidieron perdón y manifestaron su solidaridad con las víctimas, pocos días después de que se conocieran nuevos casos de abusos presuntamente cometidos por cuatro sacerdotes de las provincias catalanas de Tarragona, Lérida y Gerona, y por un monje del monasterio benedictino de Montserrat.
“En las últimas semanas, la Iglesia Católica en Cataluña se ha visto sacudida por algunas noticias referidas a abusos de menores que nos llenan de vergüenza y de dolor”, señalaron los clérigos en un comunicado publicado luego de finalizada la reunión celebrada ayer. En el texto, los obispos afirman que los abusos a menores “y la cultura que los fomenta o justifica son un grave problema que afecta a toda la sociedad”, en el que la iglesia también se ve afectada. Por esto, pidieron perdón también “a todas las personas a las que el conocimiento de estos hechos ha escandalizado y ha hecho tambalear su confianza en la Iglesia”. No obstante, hacen énfasis en la necesidad de defender “de la sombra de sospechas generalizadas” la “dedicación generosa y madura de tantos religiosos, educadores y familias”, así como el derecho a la presunción de inocencia.
La Conferencia reafirma su compromiso de “colaborar en el esclarecimiento de los hechos del pasado y encontrar la manera de ayudar a las víctimas en su restablecimiento”, así como de “erradicar de nuestras comunidades y de toda nuestra sociedad la cultura del abuso sexual, económico, de poder y de conciencia”, adoptando “rigurosas medidas de prevención” que impidan la repetición de estos actos. Para esto, se comprometieron a respetar la legislación vigente, canónica y civil, que implica “poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos acaecidos que pudieran constituir delito contra la libertad e indemnidad sexual, para la valoración jurídica que corresponda; instar a las víctimas a que denuncien los hechos ante las autoridades civiles; e informar a la Congregación para la Doctrina de la Fe de cualquier caso de abuso fundamentado”.
Los prelados afirman que estarán atentos a lo que el papa Francisco determine “para combatir estas acciones deshonestas y delictivas que tanto afectan el anuncio del Evangelio”, cuando se reúna con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, entre el 21 y el 24 de febrero, en el Vaticano, en una cumbre que tratará sobre la protección de los menores en la iglesia.