“Venezuela denuncia ante el mundo que el gobierno de Estados Unidos, junto a un grupo de países subordinados, conduce una feroz campaña para derrocar al gobierno de Venezuela y al presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros”, manifestó ayer en un comunicado la cancillería venezolana. Aseguró también que el intento de ingresar toneladas de ayuda humanitaria internacional por la frontera con Colombia y Brasil formó parte de esa campaña y buscaba el objetivo de “facilitar una intervención militar extranjera”. Esto, a su vez, forma parte “del intento de golpe de Estado promovido abiertamente desde el gobierno estadounidense”, afirma el documento.
El comunicado fue divulgado un día después de que el Grupo de Lima se reuniera en Bogotá para analizar la situación política venezolana en un encuentro en el que, por primera vez, participaron el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. En esa reunión, 11 de los 15 países americanos que integran el grupo aprobaron una resolución para condenar las “acciones deliberadas” que adoptó el fin de semana el gobierno de Maduro contra el ingreso de la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos y otros países.
También se comprometieron a contribuir al proceso de “transición democrática” de Venezuela y, aunque no dieron detalles sobre cómo lo harán, insistieron en que debe ser liderado por el pueblo venezolano de forma “pacífica”, con “el amparo de la Constitución” y “en el marco del derecho internacional”. Descartaron así la vía militar, una opción que Estados Unidos todavía tiene “sobre la mesa”, según dijo Pence el lunes.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, pidió ayer a los venezolanos que “no crean” que el Grupo de Lima descartó la opción militar. “Por algo ese grupo desvergonzado recibió las órdenes de un halcón de Estados Unidos que se presentó ahí, el señor Mike Pence, a darle órdenes”, argumentó.
El número dos de la Casa Blanca anunció en la reunión nuevas sanciones contra Caracas y llamó a los países que integran el Grupo de Lima a que congelen los activos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Pidió además que, al igual que hizo su país, esos fondos sean transferidos a la Asamblea Nacional, el parlamento venezolano controlado por la oposición y liderado por Guaidó.
La cancillería venezolana no ignoró el llamado y ayer acusó a Pence de intentar “girar órdenes para que otros países se sumen” a la estrategia de aislar a Venezuela con castigos económicos. “Venezuela hace un llamado a la comunidad internacional para cerrar filas en la defensa de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, pues su violación pone en peligro la paz y la seguridad internacional”, afirma la diplomacia venezolana en el comunicado.
La acusación contra Washington de llevar adelante un “plan militar intervencionista” fue respaldada ayer por el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Patrushev. El funcionario aseguró en una entrevista con el semanario ruso Argumenty i Fakty que “el traslado de fuerzas estadounidenses de operaciones especiales a Puerto Rico, el aterrizaje de fuerzas estadounidenses en Colombia y otros hechos” muestran que el Pentágono “está reforzando sus tropas en la región para usarlas en una operación para sacar a Maduro del poder”.