El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, explicó el miércoles ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de Argentina la operativa de una supuesta “red de espionaje ilegal en Argentina”. El juez afirmó que tenía suficientes pruebas para asegurar que Marcelo D’Alessio, líder de la organización, que se hacía pasar por abogado, armó una “red de espionaje ilegal en Argentina” con el objetivo de extorsionar a personas y manipular causas judiciales, utilizando insumos de inteligencia.
En la exposición, Ramos Padilla informó que el avance de la investigación podría afectar las relaciones diplomáticas con Venezuela, Estados Unidos, Israel y Uruguay. Según informó Página 12, la investigación, entre otras cosas, da cuenta de una operación “contra una supuesta compañía iraní en Uruguay, que comerciaba a través de empresas rusas y que quería evitar que realizara negocios con el gobierno argentino. Y que complicó a dirigentes del Frente Amplio uruguayo”.
Durante la exposición, el juez explicó que en el allanamiento del domicilio de D’Alessio se recogió información de discos duros, computadoras, carpetas con información y celulares. En una de las carpetas requisadas, llamada “Terrorismo”, el juez detalló que D’Alessio daba cuenta de una presunta operación sobre una “delegación comercial ilegal iraní” en Montevideo. Ramos Padilla explicó que la motivación de tales operaciones de inteligencia era detectar “actividades terroristas” de una delegación comercial “iraní clandestina”. “En el documento expresa la preocupación de que, de llegarse a concretarse alguna operación de esta magnitud, Argentina quedaría como país colaborador, en aras de sortear el bloqueo comercial imperante [del Fondo Monetario Internacional]”, sostuvo Ramos Padilla.
La organización de espionaje, añadió el juez, también tiene mucha “información” sobre la petrolera estatal venezolana PDVSA. En los documentos aparecen mencionados dirigentes vinculados al Frente Amplio (FA). “Hay otros actores que pertenecerían al FA uruguayo que se habrían visto afectados por estas maniobras de espionaje o por lo menos aparecen mencionados”, acotó el juez. El fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco dijo a la diaria que en el marco de la investigación de “la ruta del dinero K” la fiscalía solicitó documentación a su par argentina en octubre del año pasado. “No se puede estar pidiendo información todo el tiempo. De todos modos, estoy atento a ver si hay alguna vinculación con Uruguay, porque se trata de delitos que se cometieron en Argentina”, acotó. Pacheco añadió que sigue la “evolución de la causa en Argentina”, y si en ese marco hay información concreta, no descarta pedir más información.