Los medios argentinos actualizan todos los días, desde hace varias semanas, la información sobre lo que llaman el “caso D’Alessio”, una investigación que busca desentrañar una supuesta organización dedicada a manipular causas judiciales. El caso es investigado por Alejo Ramos Padilla, el juez federal de la ciudad bonaerense de Dolores, quien ayer compareció ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados argentina para dar detalles sobre un proceso que, de alguna manera, ha alcanzado a múltiples investigaciones en curso.
Durante una exposición que duró más de cuatro horas, el magistrado afirmó que la Justicia tiene pruebas “no contaminadas” que permiten verificar “la actuación en profundidad” de una “red de espionaje ilegal en Argentina”. El juez afirmó, además, que la causa es una porción “ínfima” de un cuadro más grande que –según dijo– podría afectar los vínculos diplomáticos con países como Estados Unidos, Israel, Venezuela y Uruguay. Los legisladores de la alianza de gobierno Cambiemos no acudieron al recinto por considerar que el discurso era una “puesta en escena” del kirchnerismo para desviar la atención de las causas judiciales que involucran a sus dirigentes.
El nombre de Marcelo D’Alessio apareció por primera vez en las noticias el 28 de enero. Ese día, el empresario agropecuario Pedro Etchebest denunció en el juzgado federal de Dolores, a cargo de Ramos Padilla, que el “abogado” D’Alessio lo había extorsionado en nombre de Carlos Stornelli, el fiscal que está a cargo del caso de corrupción conocido como “de los cuadernos”.
El empresario denunció que el supuesto abogado lo llamó a fines de diciembre y le dijo que había sido mencionado en esa causa por el ex titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, Juan Manuel Campillo, uno de los involucrados, que llegó a un acuerdo para colaborar con la Justicia y declarar en calidad de “arrepentido”. La historia era inventada. D’Alessio le aseguró que debía pagarle 300.000 dólares si no quería que Stornelli lo involucrara en el caso. Etchebest llegó a pagar 14.700 dólares. El texto señala que el mecanismo utilizado fue el armado de legajos de inteligencia en los que se estudiaban los bienes de cada persona, sus familias, sus puntos débiles.
Casi un mes después de la denuncia del empresario, el 25 de febrero, Ramos Padilla procesó a D’Alessio y ordenó su prisión preventiva como integrante de una asociación ilícita “dedicada a realizar operaciones de inteligencia y acciones psicológicas sobre varias personas que luego eran extorsionadas o coaccionadas”. Según la resolución judicial, esa organización “hacía entrar en pánico” a las personas “para que finalmente declararan de un determinado modo, se transformaran en arrepentidos o entregaran dinero”.
Pese a que Stornelli negó tener vínculos con el falso abogado, el juez de Dolores corroboró que existía un vínculo estrecho entre los dos. Menciona como pruebas varios mensajes y audios de Whatsapp, una reunión de cuatro horas en Pinamar y textos escritos de puño y letra en cuadernos secuestrados en los allanamientos realizados a la residencia de D’Alessio que los vinculan. El magistrado describe con detalles los mecanismos que utilizó el imputado para extorsionar a Etchebest o intentar pagarle coimas a Leonardo Fariña, otro “arrepentido”, para que sirva como testimonio en alguna de las causas.
Al final del texto, de 220 páginas, el juez concluye que lo fundamental de su investigación no es el pago que le pidieron a Etchebest para borrarlo de la causa de los cuadernos, sino el hecho de que se armaron operaciones de inteligencia que permitieron a D’Alessio pedir plata, hacer cámaras ocultas y llevar a cabo otro tipo de maniobras irregulares para que las personas brinden determinadas declaraciones.
Un capítulo aparte tiene que ver con el papel que jugó en estos hechos el fiscal, que había sido citado el jueves a prestar declaración indagatoria por este caso y no se presentó. El viernes, Ramos Padilla le informó al procurador general de Argentina, Eduardo Casal, que Stornelli quedaba imputado por “reclamar y ordenar investigaciones paralelas a las causas judiciales, no autorizadas por ley”, y actuar con D’Alessio “en maniobras de espionaje ilegal que guardaban relación con las investigaciones judiciales a su cargo”.
Esta semana, en respuesta, Stornelli envió al juez de Dolores un texto de recusación en el que lo acusó de tener una “clara pérdida de objetividad” y “explicitado prejuzgamiento”. También pidió la nulidad de toda la causa. El martes, Ramos Padilla rechazó la recusación y envió el expediente a la Cámara Federal de Mar del Plata.