El presidente argentino, Mauricio Macri, envió al Congreso un anteproyecto de ley que reforma distintos artículos del Código Penal, incluidos aquellos que refieren a la interrupción voluntaria del embarazo. El documento lleva las firmas del gobernante y de los ministros de Justicia, Germán Garavano, y Seguridad, Patricia Bullrich. Distintas organizaciones que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito –como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)– cuestionaron una iniciativa que, a su entender, no sólo está lejos de eliminar la criminalización de las mujeres que deciden abortar sino que, además, crea nuevas figuras para penalizar la práctica.
El anteproyecto reduce las penas previstas para las mujeres pero no se erradican: en lugar de las actuales, de uno a cuatro años de cárcel, establece penas que van de uno a tres años, y deja la posibilidad de eximirla o suspenderla según el criterio del juez de turno. El proyecto que se discutió el año pasado en el Congreso –que fue aprobado en la Cámara de Diputados y rechazado en el Senado– establecía una pena de tres meses a un año, con la posibilidad de que fuera dejada en suspenso según el criterio judicial. Al mismo tiempo, la iniciativa mantiene las penas para los profesionales de la salud involucrados en el aborto, que van de tres a diez años cuando no hay consentimiento de la mujer y de uno a cuatro años cuando sí lo hay.
La propuesta del gobierno crea nuevas figuras penales, como el “aborto culposo” por “imprudencia, negligencia o impericia” de los profesionales de la salud, según establece el documento, al que tuvo acceso el diario argentino Página 12. Además, le da estatus jurídico al embrión al incorporar como delito la “lesión a la persona por nacer” en forma dolosa y culposa, ampliando la amenaza persecutoria para los médicos que practiquen el aborto.
Las organizaciones sociales también aseguran que el anteproyecto restringe los derechos de las mujeres en relación con la ley vigente desde 1921, que penalizó el aborto en el país, y lo califican de “regresivo”.
El CELS, Amnistía Internacional y otras organizaciones, como la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Católicas por el Derecho a Decidir, Mujeres en Igualdad, el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, la Alianza por los Derechos Humanos de las Mujeres y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, presentaron ante Garavano una petición para que se modificara la redacción propuesta en el anteproyecto. Específicamente, pidieron que no se incorporen los delitos de aborto doloso y las nuevas figuras, como el aborto culposo y la lesión a la persona por nacer. En el documento enviado al ministro, denunciaron que el anteproyecto “no recepta las importantes modificaciones aprobadas” en la Cámara de Diputados. La petición agrega que “crear el delito de aborto culposo no sólo robustece el camino punitivo, sino que configura una directa amenaza a los profesionales intervinientes en las prácticas de salud, que ven una nueva figura delictiva que los involucra más allá de otras figuras penales que se les aplicarán ante la comisión de hechos dañosos por mala praxis, que ya están contemplados”.
La propuesta gubernamental de reforma del Código Penal fue enviada al Congreso una semana después de que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito acordó, durante un plenario que se realizó en Córdoba, la redacción del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que será presentado este año. El proyecto, el octavo que propone la Campaña Nacional y que será presentado en abril, es el resultado de más de cuatro meses de trabajo, según dijeron las responsables al diario Tiempo Argentino.
La nueva iniciativa no penaliza en ningún caso a la mujer que interrumpe su embarazo, e incluye algunas modificaciones respecto del proyecto presentado el año pasado. Uno de esos cambios es la declaración de que el aborto practicado hasta 14 semanas después del embarazo es legal sin causal, y que después de ese período lo es cuando corra riesgo la vida o la salud de la persona gestante o en casos de violación. Otro cambio consiste en que se eliminan como causales las malformaciones fetales incompatibles con la vida intrauterina. Por otra parte, al igual que en proyectos anteriores, no se contempla la objeción de conciencia.
En el proyecto de ley, la Campaña Nacional también exige que, “en el marco de las elecciones” que se celebran este año en Argentina, los candidatos se “expidan respecto de la legalización del aborto voluntario”.