Las autoridades estadounidenses detuvieron a cerca de 100.000 inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México sólo en abril, lo cual implica la mayor cifra de los últimos seis meses, según datos publicados la semana pasada por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés). El fenómeno también agudiza la crisis que desató la puesta en marcha de la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, que desde el primer día de gobierno tuvo picos altos marcados por decretos.
Con las de abril, ya son 460.294 las detenciones de inmigrantes en la frontera desde que empezó el año fiscal, en octubre de 2018. Mientras el flujo migratorio desde Centroamérica sigue creciendo, se espera que las detenciones en la frontera superen el millón anual.
Esto plantea un grave problema, en un escenario en el que los agentes fronterizos están desbordados y los centros de detención colapsados. “Nuestros números de aprehensión están fuera de serie”, admitió el miércoles Carla Provost, jefa del CBP, en un discurso ante el Senado. “No podemos abordar esta crisis cambiando más recursos. Es como sostener un balde abajo de una canilla. No importa cuántos baldes tengamos si no podemos detener el flujo”, dijo la funcionaria, y alertó: “Mi mayor preocupación es que ya no podremos sostener las consecuencias y perderemos el control de la frontera”.
Desde que empezó a aumentar el flujo de inmigrantes centroamericanos, el año pasado, la Casa Blanca tomó algunas medidas de contención. Entre otras cosas, restringió el proceso de solicitud de asilo para que sea más difícil buscar refugio en el país, se comprometió a tomar medidas contra el exceso de visas y está considerando varias opciones que permitirían al gobierno detener a las familias por más tiempo y deportar a los inmigrantes indocumentados más rápido.
La política migratoria “dura” de Trump también incluye la colocación de alambres de púas y el despliegue de miles de soldados estadounidenses para que respalden a los agentes fronterizos. Al mismo tiempo, el gobernante tiene planeado construir miles de barreras y ha amenazado con cerrar la frontera por completo. Mientras tanto, y en paralelo, no desiste en su lucha por construir el polémico muro.
Sin embargo, por el momento nada de esto cambia la situación en la frontera. La semana pasada, incluso, algunos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional reconocieron por primera vez que el CBP se está quedando sin espacio para encarcelar a los inmigrantes adultos solteros, que en abril llegaron al número más alto en cinco años. Un funcionario de la agencia fronteriza dijo al diario The Washington Post que si los adultos solteros ya no pueden ser detenidos y deportados por falta de infraestructura, la frontera “colapsará totalmente”. La escasez de espacio también obliga a que las familias enteras y los menores de 18 años sean liberados en el interior del país.
El gobierno de Estados Unidos dijo hace dos semanas que le pedirá al Congreso 4.500 millones de dólares para hacer frente a la crisis fronteriza. La mayor parte de esos fondos (2.800 millones de dólares) cubriría el costo de albergar a los niños inmigrantes que llegan sin un padre o tutor, que sólo el mes pasado fueron más de 8.800.
Una de las medidas de Trump más polémicas y repudiadas en el último tiempo fue la de “tolerancia cero” con la inmigración ilegal, que afectó a miles de familias que fueron obligadas a separarse. La indignación masiva que provocó esta política dentro y fuera de Estados Unidos obligó a que el presidente diera marcha atrás un mes después. Sin embargo las consecuencias continúan porque muchas familias todavía no han podido reunirse. Hace menos de un mes, el juez Dana Sabraw le dio al gobierno un plazo de seis meses para terminar la reunificación, pero distintos medios estadounidenses aseguran que los funcionarios encargados de esa tarea no cuentan con toda la información necesaria para lograrlo. La cadena CBS dijo la semana pasada que había tenido acceso a correos electrónicos entre oficiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en los cuales mencionan esa falta de información.