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Luis Pedernera (archivo, enero de 2017).

Foto: Juan Manuel Ramos

Presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ve que en América Latina “hay una regresión” de los avances legislativos de los 90

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Preocupan medidas como la baja de la edad de imputabilidad y el aumento de penas, además de la crisis migratoria.

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A los 30 años de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, el uruguayo Luis Pedernera asumió la presidencia del organismo encargado de vigilar su cumplimiento: el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El comité fue creado en 1991 y si bien tuvo una presidencia caribeña, esta es la primera vez que hay un representante de la gran región que engloba América Latina y el Caribe. Postulado por varios integrantes del comité, Pedernera fue electo presidente en la 81ª sesión en Ginebra (ver recuadro), y estará en ese cargo por dos años. Sabe que la tarea será cansadora: implicará la representación política del comité, además de participar en las sesiones que se hacen cada tres meses en Ginebra y dialogar con los países y organizaciones, pero recuerda que “sarna con gusto no pica”. En los dos años que lleva trabando como experto internacional del comité ha visitado varios países y ha visto el impacto de las recomendaciones del comité, “aunque sean pequeñas cositas”, acota, porque todo parece indicar que el avance de los derechos de los niños sigue siendo a paso de tortuga en muchos lugares, y eso si es que se da. Una de las imágenes de aliento la recibió en Guatemala, gobierno con el que el comité inició un diálogo tras el incendio en el Hogar Seguro, un hogar de amparo que había sido denunciado por las condiciones de reclusión y en el que, pese a las advertencias, murieron 41 niñas el 8 de marzo de 2017, sin que haya habido avances sustantivos en la mayoría de las investigaciones judiciales. Pedernera estuvo allí en octubre de 2018; en una plaza de Guatemala se encontró con que las madres habían improvisado un memorial, desde hacía muchos meses. “La mamá estaba ahí, con frío, lluvia, y nos dice: ‘Yo estoy acá porque aprendí de unas mujeres de Argentina que perdieron a sus hijos en la dictadura, y mi sueño es no estar 40 años esperando justicia por mi hija’”. Aunque extremo, este es uno de los tantos casos. “La internación de niños por protección sigue siendo una práctica corriente de muchos estados, y eso es preocupante”, advierte Pedernera.

Realidad latinoamericana

“Cada Estado tiene su realidad”, dice Pedernera, para evitar generalizaciones que pueden ser injustas, y señala que cada país debe medirse con los avances que logra a lo largo del tiempo en diferentes niveles. Hecha la salvedad, habla de la región que más conoce. “En nuestra región hubo un avance muy grande en términos legislativos en los 90, pero ahora hay regresión. Es preocupante, y fundamentalmente se ve en los proyectos de represión hacia los niños: la baja de la edad de imputabilidad, el aumento de penas”.

Plantea que la pobreza es uno de los grandes problemas de la infancia; dice que “en el continente africano los datos son terribles, pero también en América Latina”. Al respecto, trae a cuenta el diálogo que inició recientemente el comité con el Estado argentino: “Una de las cosas que le planteamos es que los niños no pueden ser la variable del ajuste; luego del diálogo con el Estado, las cifras que presento UNICEF Argentina hace no mucho indican que 48% de los niños están por debajo de la línea de pobreza”. Según Pedernera, “en la región el movimiento ha sido pendular en la condición de la infancia, y la oscilación del péndulo ha sido entre pobreza y criminalización. Los niños siguen siendo los más pobres en el continente más violento y desigual sin estar en un conflicto armado en este momento, y siguen siendo el objeto preferido de las políticas represivas; ese es un denominador común en la región”, insistió. Por eso, plantea que “América Latina tiene que dar señales claras en la no institucionalización de niños, no puede permitirse más casos como el del Hogar Seguro; tiene que haber una política de apoyo a la familia, de trabajo con la familia y la comunidad, y parecería ser que las legislaciones y los mensajes van en el sentido contrario”.

No todas son pálidas: América Latina también ha hecho aportes a la Convención sobre los Derechos del Niño, puntualmente en la participación, señala Pedernera, “más allá de que para muchos el derecho a la participación sigue siendo hacer que los niños se sienten un día en la banca donde se sientan los legisladores”, aclara. “Nosotros reconocemos a la participación como un proceso en el que los niños están involucrados en toma de decisiones en todos los asuntos que son y no son de su incumbencia. No es para figurar, es un proceso de transformación que permita la incorporación de la infancia en las cuestiones públicas”. Advierte que el “proceso de participación de los niños comienza en la familia, continúa en la escuela y en la comunidad, y eso se aprende”. “América Latina le dio carne al artículo 12 de la Convención, que habla del derecho a la expresión, y se ha convertido en el artículo del derecho a la participación: hay una relectura latinoamericana de algunos artículos bien interesante”. Dijo que hay autores que plantean que la Convención presenta un niño “muy occidental” porque arrastra la gesta de diez años de elaboración que se dio en los países nórdicos. En ese sentido, para Pedernera, América Latina da “la posibilidad de pensar muchas infancias y muchas adolescencias: tenemos la infancia de la ciudad, pero tenemos la infancia de la Amazonia, la infancia rural, la infancia campesina, la infancia de los pueblos originarios, la infancia de la costa, y cada infancia requiere una mirada específica a partir de la posibilidad que da estar en un territorio diverso”.

Siente que su presidencia puede ayudar al diálogo con los países de la región. “Si bien la condición de latinoamericano no marca nada diferente para la región, puede ayudar en algunos procesos, en tanto es la primera vez que América Latina llega a ese lugar. Nuestro trabajo se basa fundamentalmente en el diálogo; de lo que se trata es de avanzar en la implementación de la Convención: que se corrijan o eliminen las cosas que no están adecuadas a la Convención. En ese sentido ayudaría que en este momento el presidente sea de la región, y que visite países en esa condición es de un impacto mayor”.

Responsabilidad penal

El comité trabajará en este período para aprobar la revisión del Comentario General Nº 10, de 2007, que trata sobre los derechos del niño en la justicia del menor. “Hemos revisado desde el nombre a la edad del comienzo de la responsabilidad penal, y elevamos los estándares”, dice Pedernera, que explicó que en 2007 el comité fijó la edad de responsabilidad penal a los 12 años, aunque se alienta a los estados a fijarla en una edad superior. “Lo estuvimos revisando y vamos a elevar la edad a los 14 años, con una recomendación fuerte para que los estados que la tienen en 15, 16 años, no la bajen. La privación de libertad sólo se puede hacer bajo los estándares de la comisión de excepcionalidad y brevedad a partir de los 16 años. Eso nos sirve para cuando dialogamos con los estados. Por ejemplo, el Estado de Tongo tiene la edad de responsabilidad penal en siete años, los niños van presos a partir de los siete años, y hay muchos estados africanos que la tienen en los ocho, los nueve años”.

Asimismo, dijo que debe ser abolida la detención de niños migrantes “en la ley y en la práctica”.

Migración

“La crisis migratoria es un tema a nivel global, toca a América Latina y a todos los países; no hay país que escape, en tanto país de origen o país de destino, todos están atravesados por este fenómeno, que hay que atender urgentemente y no desde las políticas de seguridad sino desde las políticas con enfoque de derechos humanos, pero por ahora siguen predominando las políticas de seguridad a nivel migratorio y no las políticas con enfoque en derechos humanos”, lamentó Pedernera.

El comité ha trabajado, por ejemplo, con denuncias contra España por el caso de niños migrantes detenidos en frontera. Comentó que se les aplica el test de Greulich & Pyle, que data de 1954 y consiste en una radiografía de muñeca que determina la mayoría de edad de algunos niños, y que en base a ese test “los deportan”, por lo que el comité ha pedido medidas cautelares. “En enero resolvimos un caso. Le pedimos al Estado español que indemnice a un niño de Malí que huyó del conflicto en su país y en la frontera fue devuelto en caliente, cruzó la tercera valla, estuvo toda la noche colgado en el alambrado, cuando pensó que estaba tranquilo bajó y lo agarraron y lo tiraron para Marruecos. De esos casos tenemos muchos en Europa, eso esta requiriendo bastante tiempo del comité”, informó.

Preocupa la situación en la que están los niños que migran con sus familias desde Centro América a Estados Unidas, la violencia, las deportaciones, y en eso el comité ha intervenido para evitar separaciones de los niños de sus familias. Emitió un comunicado, junto con otros organismos de la ONU, cuando Ecuador empezó a pedir visa a los venezolanos, para recordar los estándares. También le llamaron la atención a Ecuador por “la desaparición de niñas cercana a casi 80%, en la frontera con Colombia, en una zona de explotación minera y forestal, porque estaba la sospecha de que muchas de ellas eran secuestradas para la trata, prostitución, abuso sexual”. En estos casos se trabaja para que los países desarrollen mecanismos de detección temprana y no esperen 24 horas para activarlos.

El problema de la migración no viene solo, además. Pedernera puso el caso de El Salvador, donde “la cuestión de los niños migrantes es un gran problema, pero también el tema del aborto”; por eso, en los casos con migración, abusos sexuales, violaciones y “maras que capturan a niñas para convertirlas en esposas” dijo que si no hay “una política de salud pública que incluya la educación sexual, la posibilidad de conocer métodos anticonceptivos y, en caso de embarazo, llegar a la interrupción voluntaria, la realidad es terrible”.

Luis Pedernera

Es uruguayo, tiene 49 años de edad y más de media vida dedicada a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Estudió Derecho pero no terminó la carrera. Integró durante varios años el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) y fue secretario ejecutivo del Comité de los Derechos del Niño de Uruguay. En tanto representante de Ielsur, integró también la Red Latinoamericana y Caribeña para los Derechos de la Infancia y Adolescencia. En 2016 fue propuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores para conformar el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, considerando su “reconocida trayectoria” en la defensa y la protección de los derechos del niño en el ámbito civil. Fue así que pasó a ser uno de los 18 expertos independientes del comité, designado para el período 2017-2021.

A fines de abril el diario El Observador anunció que Ielsur debía vender su sede, un apartamento frente a la plaza Independencia, por los gastos asumidos por Pedernera durante su postulación a la presidencia del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. En diálogo con la diaria, Pedernera se limitó a decir que “fue un tema doloroso”, pero aclaró que “las organizaciones que estuvieron involucradas dieron por superada la situación” y que él prefiere concentrarse en el trabajo que le depara el comité.

El lunes, fue electo presidente del comité. Pedernera sabía que la mayoría de sus colegas lo apoyaría, pero no sabía cómo se definiría. “Las últimas elecciones se venían dirimiendo por mayoría simple (con el voto de nueve más uno). Lo que ocurrió ayer [por el lunes] fue que se recuperó el consenso en la designación del cargo, no hubo una segunda postulación sino una aclamación de la propuesta, todos los colegas acompañaron la propuesta de mi postulación”.

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