El caso del ex líder guerrillero Seuxis Paucias Hernández, más conocido como Jesús Santrich, generó tensiones en Colombia desde que fue detenido, en marzo de 2018. Cuando anunció su arresto, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que el fiscal general tenía “pruebas contundentes y concluyentes” de que había cometido delitos de narcotráfico. Algunos meses después, en octubre, Estados Unidos pidió su extradición para juzgarlo por esos delitos. Los defensores de Santrich argumentaron que no había pruebas en su contra y que si se accediera a la extradición se pondría en riesgo el acuerdo de paz. A su vez, sus detractores reclamaron que se accediera al requerimiento de la Justicia estadounidense, que lo acusa de que tenía previsto exportar diez toneladas de cocaína a ese país.
Ayer la Justicia Especial para la Paz (JEP) anunció su decisión de rechazar el pedido de extradición, y dispuso que la Fiscalía deje en libertad al ex guerrillero. Según informaron la revista Semana y la agencia de noticias Efe, la JEP manifestó en un comunicado que “el juzgamiento de Hernández en Colombia es la manera más efectiva de respetar el derecho internacional público y posibilitar el goce de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”. Señaló también que no se contó con pruebas para concluir que Santrich cometió los delitos que se le atribuyen.
La decisión tomada por la JEP profundizó el enfrentamiento que ya existía entre esta y la Fiscalía General de Colombia, cuyo titular, Néstor Humberto Martínez, y su número dos, María Paulina Riveros, renunciaron anoche a sus cargos. Para Martínez, la Ley Estatutaria de la JEP hizo “trizas la cooperación judicial internacional”, y además se consolida “un estado de cosas antijurídico” en nombre de la paz. A su vez, el procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, anunció que presentará un recurso contra la liberación del dirigente porque “procedía en este caso conceder la extradición”.