El diputado federal David Miranda, representante del Partido Socialista y Libertad por el estado de Río de Janeiro, quien está casado desde hace 15 años con el periodista estadounidense Glenn Greenwald, fundador del sitio The Intercept Brasil, denunció ante la Policía haber recibido amenazas de muerte luego de la filtración de los mensajes entre el ministro de Justicia, Sérgio Moro, y el fiscal de la causa Lava Jato, Deltan Dallagnol. Miranda afirmó que después de la primera publicación de los mensajes, el domingo 9, comenzó a recibir amenazas de muerte y que presentó la denuncia a la Policía Federal el martes 11. El diputado dijo que no sólo fue amenazado él mismo, sino que también fueron blanco de los ataques anónimos su madre y los hijos adoptivos de la pareja.
En un comunicado Miranda dijo que ya había sufrido este tipo de ataques cuando asumió su banca en marzo, en reemplazo de Jean Wyllys, quien también había sido amenazado y por esa razón dejó su lugar en el Parlamento y se fue de Brasil. El diputado dijo que “las amenazas no van a interferir en su conducta como diputado federal” y que continuará “actuando con el vigor de siempre, en defensa de las causas sociales y de los derechos humanos”.
Mientras tanto, el ministro Alexandre de Moraes, uno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal, el órgano máximo de la Justicia brasileña, se expresó ayer respecto de las filtraciones de las conversaciones entre Moro y Dallagnol. El jurista, según informó Folha de São Paulo, afirmó que la filtración de las conversaciones entre el ex juez y actual ministro de Justicia con los miembros de la unidad de investigación de la causa Lava Jato “es una cuestión poco clara” y que todavía es temprano para comentar su tenor.
Durante un contacto con periodistas, Moraes afirmó que la causa del Lava Jato “es la operación más importante de combate a la corrupción que se ha hecho en Brasil” y que se llevó a cabo “dentro del debido proceso”. Agregó que, a su entender, “las interferencias que se registraron en los teléfonos de los funcionarios públicos son acciones criminales”. “Las filtraciones y noticias falsas son cuestiones policiales porque son crímenes”, afirmó.
Moraes dijo también que “la evaluación de las conversaciones debe hacerse cuando todo el material sea divulgado y su autenticidad y veracidad comprobada”. Tal como está ahora la situación, conociendo los datos “en cuentagotas, no es posible tener una visión global sobre el tema. Es de interés público que se sepa, pero que se sepa todo”, manifestó el ministro.
Únicamente después de que se efectúe una investigación, según él, será posible determinar si hubo manipulación y si el tenor de las conversaciones demuestra que existieron irregularidades durante el proceso judicial, que determinó, entre otras cosas, el encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “No es posible analizar el conjunto de los hechos en virtud de las divulgaciones ya hechas, ni decir que es bueno ni que no lo es. De acuerdo con los propios periodistas todavía no fue divulgado ni siquiera 2% del material”, concluyó Moraes.