En una movida política inesperada que generó mucho revuelo en Reino Unido, el primer ministro conservador Boris Johson, con la anuencia testimonial de la reina Isabel II –que evita inmiscuirse en temas políticos y se limita a seguir las iniciativas de los gobernantes de turno– decidió suspender las sesiones del Parlamento durante cinco semanas, evitando de esta manera que los legisladores puedan tomar acciones para evitar un brexit sin acuerdo, opción elegida por el líder del Ejecutivo británico para salir de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre.
La medida generó una virulenta reacción dentro del espectro político británico, incluso dentro del Partido Conservador. El presidente del Parlamento británico, el también conservador John Bercow, criticó la iniciativa del primer ministro asegurando que se trata de “un escándalo constitucional”. Bercow consideró “claramente evidente” que el propósito de paralizar el Parlamento es “impedir un debate sobre el brexit”. Por su parte, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, calificó el movimiento de Johnson de “una temeridad “. “Es un ultraje y una amenaza para nuestra democracia”, afirmó.
Johnson negó enfáticamente que su propuesta tuviera como fin imposibilitar el debate acerca del brexit. “No, eso es completamente falso”, afirmó el primer ministro al ser interrogado al respecto por la cadena Sky News. “Estamos presentando un nuevo programa legislativo sobre delincuencia, hospitales, asegurándonos de tener la financiación educativa que necesitamos”, agregó el mandatario.
Luego de la aprobación del plan de Johnson por parte de la monarca, quedó establecido que los parlamentarios no regresarán a sesionar hasta el 14 de octubre, cuando dijo que habría un nuevo discurso simbólico de la reina, que establece lo que llamó una “agenda legislativa nacional audaz y ambiciosa para la renovación de nuestro país después del brexit”.
La intempestiva medida adoptada por Johnson agudizó aun más la crisis constitucional que atraviesa Reino Unido y podría obligar a sus opositores a pedir una moción de censura al gobierno, lo que podría llevar a una elección anticipada, aunque esta opción ya fue descartada de plano por el primer ministro, al menos antes del 31 de octubre.
En una carta dirigida a los legisladores, Johnson dijo que los parlamentarios podrían debatir su enfoque de las negociaciones de la UE ante el Consejo Europeo que tendrán lugar el 17 de octubre, en el que cualquier nuevo acuerdo tendría que ser acordado por todos los países que integran el bloque comunitario y luego ser aprobado mediante el voto por cada uno de los 27 parlamentos.
Johnson agregó que “el Parlamento tendrá la oportunidad de debatir el programa general del gobierno y el enfoque del brexit, en el período previo al Consejo de la UE, y luego votar sobre esto los días 21 y 22 de octubre, una vez que sepamos el resultado del consejo. Si logro llegar a un acuerdo con la UE, el Parlamento tendrá la oportunidad de aprobar el proyecto de ley requerido para la ratificación del acuerdo antes del 31 de octubre”, agregó.
Por otra parte, según informó la agencia Reuters, el plan de Johnson de cerrar el Parlamento, además de generar reacciones a nivel político, también tuvo repercusiones en otras organizaciones, y en ese sentido un grupo de obispos integrantes de la Iglesia de Inglaterra expresaron en una carta abierta que una salida caótica desde la UE dañaría a los sectores más pobres de la sociedad y no llevaría a la reconciliación ni a la paz en un país fracturado.
De acuerdo al enfoque de los obispos, es “esencial” respetar el resultado del referéndum de 2016, en el que ganó el brexit, pero a la vez aclaran que tanto “la democracia” como “el debate comprometido” no terminan “después del recuento de votos”.
“La soberanía del Parlamento no es un término vacío, se basa en instituciones que deben ser honradas y respetadas: nuestra democracia está en peligro por el desprecio displicente de estas”, afirmaron los religiosos en su carta, en la que también tocaron el punto más sensible de la salida del Reino Unido de la UE: la frontera entre el territorio británico de Irlanda del Norte y República de Irlanda, país integrante del bloque comunitario.
“La frontera irlandesa no es un simple tótem político y la paz en Irlanda no es una pelota que los ingleses pueden patear: el respeto a las preocupaciones en ambos lados de la frontera es esencial”, remarcaron los obispos.