Además de incentivar en secreto investigaciones de ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), colaborar de forma prohibida con el entonces juez Sérgio Moro, usar partidos políticos y grupos de la sociedad civil como lobistas para colocar sus pautas políticas, tramar la filtración de una declaración para interferir en la política de otro país y encontrarse en secreto con banqueros en pleno año electoral, los fiscales a cargo de la operación Lava Jato también usaron Telegram para obtener informalmente datos secretos de la Reserva Federal, es decir, sin ningún control de la Justicia.
El coordinador del grupo de trabajo, Deltan Dallagnol, y sus colegas en Curitiba recurrieron en distintas ocasiones a un informante calificado dentro de la Reserva para levantar el secreto bancario de ciudadanos sin que la Justicia lo hubiera autorizado. Las investigaciones clandestinas fueron reveladas por The Intercept en colaboración con el diario Folha de São Paulo.
Para obtener los datos secretos, los fiscales recurrieron al auditor fiscal Roberto Leonel, que lideraba el área de inteligencia de la Reserva Federal en Curitiba, donde trabajaba. Leonel es hoy presidente del Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) y Moro lo llevó al gobierno de Jair Bolsonaro.
La relación entre Leonel y el grupo de trabajo era tan próximo que ellos le pedían información secreta de contribuyentes incluso para verificar hipótesis sin tener mínimos indicios. La Lava Jato, como The Intercept mostró en colaboración con El País de España, se movilizó en contra de sus enemigos declarados, basada en rumores.
La obsesión por Lula: “Quiero pedirlo por intermedio de Leonel para no quedar muy en evidencia”
Tres de los casos que figuran en los diálogos involucran la mayor obsesión de los fiscales en todos los años de conversaciones por Telegram, el nombre más citado: el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En agosto de 2015, ante las noticias de que un sobrino de Lula hacía negocios en Angola con la ayuda de un político y de la empresa Odebrecht, lo primero que se le ocurrió al fiscal Roberson Pozzobon fue llamar a Leonel. “Quiero pedirlo por intermedio de Leonel para no quedar muy en evidencia”, dijo en un mensaje dirigido a Dallagnol en un grupo de Telegram.
Al año siguiente, entre enero y marzo, el grupo de trabajo le pidió a Leonel información sobre una nuera de Lula y el casero del sitio de Atibaia, una propiedad que en esa época estaba registrada a nombre de Fernando Bittar y Jonas Leite y que era frecuentada por el ex presidente. El caso llevó a la segunda condena de Lula.
La investigación informal de Lula y personas de su entorno también incluyó el pedido, hecho por los fiscales, de información sobre el patrimonio de los antiguos dueños del lugar, antes de que la propiedad fuera comprada por Bittar y Leite. En esa misma época, los fiscales también solicitaron al auditor información sobre las compras que habrían hecho la ex primera dama Marisa Letícia y el personal de seguridad del matrimonio.
El 15 de febrero de 2016, Dallagnol sugirió a los colegas en el grupo 3Plex que investigaran las declaraciones anuales del impuesto a la renta del casero, Élcio Pereira Vieira, conocido como Maradona. “¿Ustedes chequearon el IR [Impuesto a la Renta] de Maradona? No me sorprendería que él fuera funcionario fantasma de algún órgano público”, dijo. “Pedile a Roberto Leonel que dé una mirada informal”, agregó.
Una semana después, Moro autorizó el levantamiento del secreto bancario del casero. Sin embargo, en el proceso judicial por el sitio de Atibaia no hay ninguna información del fisco sobre él ni señal de que la hipótesis de Dallagnol se haya verificado.
El 6 de setiembre de 2016 el fiscal Athayde Ribeiro Costa informó a los colegas del grupo 3Plex que pidió a Leonel que averiguara si el personal de seguridad de Lula había adquirido una heladera y una cocina, dos años antes, para equipar el tríplex que la empresa OAS dijo haber reformado para el ex presidente en Guarujá. Sin orden judicial, Costa envió al auditor los nombres de ocho integrantes del equipo de seguridad que trabajaba para el ex presidente, además del nombre de dos comercios. No hay confirmación, en los chats, de si Leonel verificó la información, pero en el proceso judicial del tríplex, que llevó a Lula a prisión, OAS es señalada como responsable por la compra de los electrodomésticos, no el personal de seguridad.
Los mensajes intercambiados no permiten saber si Leonel atendió todos los pedidos clandestinos de los fiscales, pero hay por lo menos un caso en el que queda claro que el auditor pasó información sobre personas que ni siquiera estaban siendo investigadas en Curitiba.
“Por favor, detenga este tema por ahora”
En mayo de 2017, Leonel le dijo a Dallagnol, en un chat privado, que había hecho una presentación en contra de los padres del ex diputado del Movimiento Democrático Brasileño Rodrigo Rocha Loures, y que preparaba otra contra su ex mujer, que acababa de declarar una cuenta millonaria en Suecia.
El diputado, aliado del entonces presidente Michel Temer, había sido separado de su mandato por el STF pocos días antes de aquella conversación. Él fue grabado por la Policía Federal al recibir 500.000 reales de un ejecutivo de la empresa J&F. En ese entonces, la Fiscalía General de la República acusó a Temer de ser el destinatario final del dinero. No obstante, la denuncia contra Temer fue suspendida por la Cámara de Diputados.
Loures no era investigado en Curitiba, pero aun así Leonel se comunicó con Dallagnol después de ser cuestionado por su superior sobre la presentación. “Él quiere saber por qué lo hice y si les había pasado esta información a ustedes”, dice Leonel el 24 de mayo. “¡¡¡Le dije que nunca les pasé, porque no tienen una sospecha de origen ilícito!!! Por favor, detenga este tema por ahora”, escribió.
Dallagnol le preguntó a Leonel por qué su jefe sospechaba que podría haberle pasado información sobre los padres de Loures. El auditor dejó la pregunta sin respuesta, pero contó que presentaría una nueva representación. “Confidencial”, escribió, y agregó: “La ex cónyuge del diputado Loures entregó una DIRPF [Declaración de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas] rectificadora incluyendo cuenta en el banco Pictet Suiça [un banco privado con sede en Ginebra, Suiza]. Ahí no menciona si hizo o no Dercat [Declaración de Regularización Cambiaria y Tributaria]. Pero aprovechó y depositó un millón en su cuenta en Suiza”. Según Leonel, la ex esposa de Loures rectificó su declaración anual del Impuesto a la Renta para informar de una cuenta en Suiza con un saldo de un millón de dólares, en lo que parecía un movimiento para adherir al programa, lanzado el año anterior, para regularizar el dinero de cuentas en el exterior.
El auditor le preguntó a Dallagnol si él tenía información sobre el banco suizo Pictet. Leonel le preguntó al fiscal dónde eran dirigidas las investigaciones sobre Loures. Dallagnol le respondió que el caso estaba en Brasilia y le prometió ponerlo en contacto con una colega.
Sin dejar rastros
Algunas semanas después, Dallagnol discutió en Telegram con el auditor la posibilidad de tener un amplio acceso a la lista de contribuyentes que habían adherido al programa de regularización de activos, el mismo que Leonel sospechaba que había usado la ex mujer de Loures. Esa lista era mantenida en secreto por la Reserva Federal.
El Ministerio Público Federal y los auditores fiscales criticaron el programa de regularización de activos públicamente en ese momento. Ellos temían que los criminales lo usaran para legalizar dinero de origen ilícito. El programa no exigía, de hecho, la comprobación del origen del dinero. La Reserva Federal puede analizar esos datos y comunicar indicios de crimen a otros órganos, lo que ha ocurrido, pero las normas internas del fisco –para dar seguridad a todos los contribuyentes del país– restringen el acceso a las informaciones.
Dallagnol llegó a tratar el asunto en junio de 2017 con el entonces secretario de la Reserva Federal, Jorge Rachid, y también con Gerson Schaan, el jefe de Leonel, en una reunión en la que participaron otros integrantes de la fuerza conjunta. Dallagnol relató el encuentro al auditor, que no estaba presente. “Discutí de frente con él [en referencia al coordinador general de Pesquisa e Investigación de la Reserva Federal], incluso le dije en frente a todos que él tenía que ser el primero en defender los cambios del sistema para que deje de ser un canal de lavado de dinero”.
Dallagnol pidió a la Reserva Federal el cruzamiento de los datos de los contribuyentes que adhirieron al programa con los de los investigados por la Lava Jato, que compartiera las informaciones con el Coaf y que comprobara el origen de los recursos declarados. El fiscal dijo que la Reserva quedó en estudiar los pedidos. En su respuesta, Leonel se mostró decepcionado: “Me parece que no lo van a hacer, o si lo hacen será poco”, escribió.
Un mes después de ese diálogo, los dos seguían insatisfechos con la falta de acceso a la información del programa, y Dallagnol le consultó a Leonel sobre la posibilidad de buscarla en las computadoras de la Reserva sin que la cúpula del órgano fuera alertada. “Si yo te pido consultar todos los nombres, ¿vos no tenés cómo asegurar que Paulo no va a tener acceso [para ver esa actividad]?”, le preguntó al auditor. “Vos podés decir que recibiste la demanda, yo lo puedo hacer expresamente, exigiendo como garantía que no lo daremos a conocer. Y lo negociás con Paulo, ¿no?”.
Leonel le explicó a Dallagnol que tenía forma de saber la identidad de los contribuyentes que habían adherido al programa, pero no los valores y otros detalles. Sin embargo, alertó: es improbable que consiguiera consultar la información sin dejar rastros. “Es una situación difícil en la que estoy”, le dijo, “no tengo cómo garantizar que la Copes [Coordinación General de Pesquisa e Investigación] no va a tener acceso”. El auditor sugirió que una alternativa sería obtener una lista completa por fuera del sistema, pero no veía cómo conseguir: “Sólo por un milagro me pasarían la lista”.
Dallagnol decidió entonces restringir su pedido. Los mensajes del día siguiente dan a entender que él quería un acceso amplio a las informaciones del programa de repatriación de fondos pero, al mismo tiempo, quería evitar que la Reserva Federal supiese cuáles eran los objetivos de la operación Lava Jato. “Me parece que lo mejor es pedir la consulta excluyendo a los más sensibles”, escribió. Leonel respondió el 10 de julio: “Enviá un oficio con eventual exclusión de los más sensibles que todavía están bajo secreto bancario, y de ahí vemos cómo proceder”.
La proximidad del auditor con las investigaciones de la operación Lava Jato era frecuentemente elogiada por Dallagnol y otros fiscales, pero fue motivo de críticas entre los funcionarios de la Reserva. Ellos lo veían más como un funcionario del Ministerio Público que del fisco. “Leonel está con muchos problemas internos en la Resrva Federal”, escribió el fiscal Paulo Roberto Galvão en el grupo Filhos de Januário 1 en octubre de 2016. “El extrañamiento surge de la percepción de que él trabaja para el Ministerio Público y no para recaudar”, agregó. El fiscal Diogo Castor de Mattos ponderó: “Nos ayuda mucho”.
Un hombre de la Lava Jato en el Coaf
En julio, el presidente del STF, Dias Toffoli, suspendió investigaciones que se basaban en informaciones del Coaf. La más polémica tenía como objeto al hijo del presidente de la República, el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Social Liberal. Toffoli argumentó que el Coaf sólo puede compartir –sin autorización judicial– datos genéricos, sin detalles sobre el movimiento financiero de las personas, como la posible compra de una heladera, por ejemplo.
El STF volvió a movilizarse por este tema. A comienzos de este mes el ministro Alexandre de Moraes suspendió investigaciones dirigidas por la Reserva Federal sobre 133 contribuyentes, incluyendo a las esposas de los ministros Gilmar Mendes y Toffoli. Moraes argumentó que los objetos de la investigación fueron seleccionados sin motivo.
Leonel criticó públicamente la decisión de Toffoli, lo que llevó a Bolsonaro a pedir que fuera destituido del Coaf. El gobierno también decidió transferir al órgano, que ya estuvo vinculado al Ministerio de Justicia y hoy está en el Ministerio de Economía, al Banco Central.
El Ministerio Público tiene derecho a solicitar información a la Reserva Federal durante las investigaciones, pero es necesario que los pedidos se hagan de manera formal y fundamentada, lo que es bien diferente a un mensaje privado enviado por Telegram. En casos de pedidos muy amplios, no hay cómo escapar de pedir autorización a la Justicia. Los auditores tienen, claro, el deber de avisar al Ministerio Público cuando encuentran indicios de crímenes al fiscalizar contribuyentes, pero existen límites para los datos que pueden compartir, como Toffoli y De Moraes dejaron claro en sus decisiones.
Al recibir la invitación de Moro para liderar el Coaf, en noviembre de 2018, Leonel consultó a Dallagnol. “Mi Dios. Hablé con él. Tarea difícil, pero tenemos que ayudar a este país”, dijo. “Exacto, algunas invitaciones son irrecusables”, respondió el fiscal.
A pesar de haber dejado la inteligencia de la Reserva en Curitiba, Leonel siguió próximo a la fuerza conjunta. A fines de marzo de este año, envió un mensaje al fiscal Júlio Noronha diciendo que estaba triste y preocupado con la posibilidad de que el área que comandaba fuera desmontada en una posible reestructuración de la Reserva Federal, después de “contribuir fuertemente, en conjunto con el Ministerio Público y la Policía, en investigaciones de lavado de dinero, de corrupción y de organizaciones criminales”. En abril visitó personalmente la sede de la fuerza conjunta en Curitiba para presentar un informe hecho por la inteligencia del Coaf especialmente para los fiscales. El destino de Leonel, fiel aliado de Moro, está ahora en las manos de Paulo Guedes, y según el humor de Bolsonaro.
Pedidos de respuesta
Consultados por The Intercept y Folha de São Paulo, la fuerza conjunta en Curitiba y la Reserva Federal afirmaron que el intercambio de información ocurrió dentro de los límites legales. Aun así, ni la operación Lava Jato ni la Reserva Federal se refirieron al carácter informal que marca los diversos pedidos de información hechos por la fuerza conjunta al fisco.
“Es perfectamente legal –común y saludable en el combate al crimen organizado– el intercambio de informaciones entre el Ministerio Público y la Reserva en el ejercicio de las funciones públicas de investigación de hechos ilícitos que competen a los órganos”, afirmó la fuerza conjunta en un comunicado al resaltar que el intercambio de información es incentivado por la Ley de las Organizaciones Criminales y por la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Unión. El Manual de Secreto Bancario de la Reserva, en tanto, dice que el órgano debe brindar información secreta a los fiscales siempre que haya un pedido hecho directamente, pero también deja claro que el acceso amplio e indiscriminado a sus bancos de datos no está permitido.
Sobre la discusión con la Reserva Federal para acceder a informaciones del programa de regularización de activos en el exterior en 2017, la fuerza conjunta explicó que buscó proteger la identidad de los objetivos de la Lava Jato para garantizar el secreto de la investigación en curso. La Reserva Federal, por su parte, afirmó que el Ministerio Público “tiene el poder de solicitar informaciones protegidas por el secreto fiscal” y que la cooperación de su escritorio de inteligencia en Curitiba respeta las reglas previstas en el Código Tributario Nacional, que exige procedimientos formales para el intercambio de información. “Todos los funcionarios de la Reserva Federal están sujetos al secreto fiscal y responden administrativa, civil y criminalmente en caso de filtraciones dolosas”, aclaró.
Informado sobre el tenor de las conversaciones que envuelven al actual jefe de la institución, el Coaf no se manifestó. Roberto Leonel también prefirió mantenerse en silencio.
Traducido por la diaria por acuerdo con The Intercept