En un llamado a defender la selva brasileña se convocaron protestas en Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Perú y Uruguay. Algunos de esos actos se desarrollaron ayer y otros están previstos para el fin de semana. En Brasil, distintas organizaciones sociales llamaron a movilizaciones en una decena de ciudades con la consigna “SOS Amazonia-Acto urgente”.
Una de esas protestas fue convocada en Salvador de Bahía, donde se desarrolló hasta ayer la Semana del Clima de América Latina y el Caribe. Este encuentro fue programado en Brasil antes de que Jair Bolsonaro ganara las elecciones de 2018 con promesas de abandonar el Acuerdo de París sobre cambio climático, y tenía como objetivo generar insumos para la Cumbre de Acción Climática de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), convocada para el 23 de setiembre en Chile.
Está previsto que en setiembre los países ratifiquen los compromisos que asumieron en el Acuerdo de París de 2016 y avancen con nuevas medidas. Brasil se había comprometido a reducir su emisión de gases de efecto invernadero (37% para 2025 y 43% para 2030, en los dos casos en relación a 2005), a frenar la deforestación de la Amazonia y a reforestar 12 millones de hectáreas para 2030. Si bien Bolsonaro dejó de lado la amenaza de abandonar el Acuerdo de París, su gobierno está lejos de encaminarse a cumplir esos compromisos.
Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, en portugués), la deforestación en junio aumento 88,4% con respecto al mismo mes de 2018. Estos datos, difundidos el 1º de agosto y basados en imágenes satelitales, fueron descalificados por Bolsonaro, que al día siguiente destituyó al responsable del INPE, Ricardo Osorio. El presidente dijo que se trató de una publicación “irresponsable” de datos falsos por parte de funcionarios motivados por intereses políticos. “Parece que divulgaron esos datos de mala fe para perjudicar al gobierno y desgastar la imagen de Brasil”, dijo.
El ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes, le dijo a Osorio que sería desplazado del cargo por “pérdida de confianza”. A su vez, el titular de Medio Ambiente, Ricardo Salles, quien esta semana representó al gobierno en los encuentros en Bahía, dijo que “la afirmación de que en junio la deforestación creció 88% no es verdadera y tan sólo buscaba generar sensacionalismo”. Argumentó que se cometieron errores de medición y se incluyeron áreas deforestadas antes de ese mes y que otras se contabilizaron dos veces.
En el cargo de Osorio, un ingeniero doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, docente de la Universidad de San Pablo e integrante de la Academia Brasileña de Ciencias, fue nombrado de manera interina Darcton Policarpo Damião, un oficial de la Fuerza Aérea que cuenta con una maestría en técnicas del INPE y un doctorado en desarrollo sostenible de la Universidad de Brasilia.
Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Porto Velho, en Porto Velho, capital del estado amazónico de Rondonia, el 18 de agosto.
Foto: Bomberos de Porto Velho
En una nueva publicación de ese instituto, se concluye que en julio la deforestación llegó a 22.548 kilómetros cuadrados, 278% más que en julio de 2018. De acuerdo con esos datos, en ese mes la deforestación es equivalente a un tercio de la que se registró en los últimos 12 meses.
Otro informe, del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), que es privado y que investiga desde hace más de un cuarto de siglo esta área, concluye que la deforestación en julio fue 66% mayor a la del mismo mes del año pasado. De acuerdo con este estudio, de agosto de 2018 a julio de 2019 se perdieron 5.054 kilómetros cuadrados de vegetación en la región amazónica.
El mismo día que se divulgaban los datos del INPE Bolsonaro dio un discurso para empresarios en San Pablo. “Con tecnología, en 20 años tendríamos en Roraima [uno de los estados amazónicos de Brasil] una economía próxima a la de Japón. Allí hay todo, pero 60% del territorio está inmovilizado con reservas indígenas y otras cuestiones ambientales”, les dijo, informó la agencia de noticias Efe. Esta semana, Roraima se convirtió, junto con otros estados de la región –Mato Grosso, Acre, Rondônia y Pará–, en uno de los más afectados por incendios forestales.
Ese discurso de Bolsonaro estuvo en sintonía con las posiciones que ha mantenido durante la campaña electoral y en lo que va de su gobierno, que comenzó en enero. Los planes del presidente de Brasil para la Amazonia incluyen la promoción de la minería y el agronegocio, la reducción de la fiscalización en tierras protegidas y cambios en las condiciones para la demarcación de tierras indígenas. De acuerdo con el informe del Imazon, 55% de la deforestación se registró en julio en tierras privadas, 20% en tierras protegidas y 6% en reservas indígenas.
Sin fondo
Esas posiciones son las que llevaron al gobierno de Bolsonaro a proponer modificaciones en el Fondo Amazónico, que fue creado en 2008 para prevenir la deforestación de esa región, preservarla, establecer controles medioambientales y recuperar áreas deforestadas. Está integrado por tres países: Brasil, Noruega, que aporta más de 90% de los recursos, y Alemania, que contribuye con 5%.
Las tensiones entre los tres integrantes del fondo comenzaron durante la administración de Temer, pero con Bolsonaro aumentaron de manera drástica. En mayo, el ministro de Medio Ambiente brasileño se reunió con representantes noruegos y alemanes para proponerle cambiar las reglas del fondo, lo cual requiere de la aprobación de los tres países. Uno de los posibles cambios consistía en destinar parte de esos fondos para compensar a los dueños de tierras protegidas por no poder explotarlas. La iniciativa fue criticada por la oposición política y por organizaciones sociales.
Protestas contra el gobierno de Jair Bolsonaro por los incendios en la selva amazónica, en Río de Janeiro, el 23 de agosto.
Foto: Mauro Pimentel, AFP
Noruega y Alemania anunciaron días atrás que mientras el avance de la deforestación no se revierta, bloquearán los recursos que destinan al Fondo Amazonia. Noruega concluyó que Brasil “no quiere” detener la deforestación y que rompió el acuerdo que mantenían. A su vez, Svenja Schulze, la ministra de Medio Ambiente de Alemania, manifestó que “la política del gobierno brasileño en la Amazonia plantea dudas” en cuanto a la posibilidad de alcanzar una reducción sostenida de la tasa de pérdida de selva.
En respuesta, el ministro de Medio Ambiente brasileño dijo que “el fondo no aproximó al sector privado para dar continuidad a las políticas públicas y a las cadenas productivas” y que “sin el sector privado ninguna inversión será duradera”. A su vez, Bolsonaro le dijo públicamente a Alemania que no necesitaba esa plata y continuó: “¿Noruega no es aquel país que mata ballenas ahí arriba, en el Polo Norte? ¿Que explota petróleo, también ahí? No es ningún ejemplo para nosotros. Que se queden con ese dinero y ayuden a Angela Merkel a reforestar Alemania”, dijo.
Distintos sospechosos
En un tono similar, Bolsonaro respondió a los cuestionamientos que recibe su país por los incendios que afectan la Amazonia, que crecieron en los últimos días. Desde enero hasta las primeras tres semanas de agosto se registraron 38.228 incendios en esa selva, 83% más que en el mismo período de 2018, según los datos del INPE. El estado más afectado fue Mato Grosso, con 13.641 focos.
El presidente identificó a “las organizaciones no gubernamentales” como responsables de los incendios. “Puede haber, sí, y no lo estoy afirmando, una acción criminal de esos ‘oenegeros’ para llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno de Brasil, y esa es la guerra que nosotros enfrentamos”, dijo el miércoles. Argumentó que su administración “cortó” los fondos públicos para organizaciones civiles que operan en la Amazonia, y que “ese personal está sintiendo la falta de plata”. A su vez, el Ministerio de Medio Ambiente afirma que los incendios se vinculan con la sequía en las zonas del norte y el centro del país.
Por su parte, organizaciones civiles, como el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (Ipam), sospechan de terratenientes que quieren producir en tierras protegidas. En un comunicado citado por la agencia de noticias Efe, la organización manifestó a comienzos de esta semana: “El número de focos de calor registrado en la Amazonia ya es 60% superior al de los últimos tres años, y ese pico tiene relación con la deforestación y no con una sequía más fuerte como podría suponerse”. Agregó que “el fuego es normalmente usado (por colonos y hacendados) para limpiar el terreno después de la deforestación”.
A esto se agrega que los diez municipios amazónicos que más focos de incendios registraron fueron también los que tuvieron mayores tasas de deforestación, afirma el Ipam, de acuerdo con el diario Folha de São Paulo. Cuatro de esos municipios, Apuí, Altamira, Porto Velho y Caracaraí, que pertenecen a distintos estados amazónicos, reúnen 37% de los focos de incendios y 43% de la deforestación de julio. El Ipam señala que el fuego se utiliza para deforestar tierras y prepararlas para la agricultura, y que esta práctica abarca incluso tierras indígenas y zonas protegidas.
A diferencia de las organizaciones sociales, a las que identifica como rivales, los terratenientes y representantes de lo que en Brasil se suele llamar agronegocio han sido aliados del gobierno. Como diputado, Bolsonaro supo integrar las bancadas “de la Biblia” (evangélica), “de la bala” (cercana a los militares y defensora de las armas) y “del buey” (la que representa los intereses de los empresarios agropecuarios). Bolsonaro dijo el jueves que no descarta ninguna hipótesis, incluso la de una responsabilidad de parte de los productores agropecuarios, pero reiteró que sus sospechas apuntan a las organizaciones no gubernamentales.
También Onyx Lorenzoni, el ministro de Casa Civil, algo así como un ministro de Presidencia, compartió públicamente su hipótesis y le quiso quitar importancia a la crisis en la Amazonia afirmando: “Los europeos usan la cuestión del medioambiente por dos razones: la primera, para confrontar con los principios capitalistas. Porque desde que cayó el muro de Berlín y desde que la Unión Soviética fracasó, una de las vertientes para la cual la izquierda europea migró fue la cuestión de medioambiente. Y la otra cosa, es para establecer barreras al crecimiento y al comercio de bienes y servicios de Brasil”.
Aunque ese discurso está instalado en el Ejecutivo de Bolsonaro, el ministro de Medio Ambiente niega que el gobierno haya sido omiso en su respuesta a los incendios. Sin embargo, unas 50 organizaciones civiles denunciaron a Salles ante el Congreso y la Fiscalía de Derechos del Ciudadano por “el aumento de la devastación de la selva amazónica y ante la omisión del ministerio por la grave situación” de esa región.
Salles afirmó en conferencia de prensa que “la política de combate a la criminalidad y a las actividades ilegales continúa” con el actual gobierno, que quiere “dar una solución estructural a ese problema”. Sin embargo, reconoció que los recortes presupuestales de los que hablaba Bolsonaro existen, y afectaron los recursos para fiscalización. El ministro fue abucheado en las dos ocasiones que asistió a la Semana del Clima de Latinoamérica y el Caribe.
“Los agricultores y los ganaderos entienden el mensaje del presidente como una licencia para provocar incendios intencionados con total impunidad, con el fin de expandir fuertemente sus operaciones en la selva”, manifestó la organización Amazon Watch en un comunicado. A su vez, el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, acusó al gobierno de favorecer los incendios con sus “desastrosas políticas” y lo llamó a “adoptar medidas inmediatas” para detener el fuego.