El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, recibió ayer en la residencia oficial de Mburuvicha Rogá (Casa del Líder en guaraní) y prestó declaraciones ante los fiscales Marcel Pecci, Susy Riquelme y Liliana Alcaraz. El objetivo de la visita de los representantes del ministerio público al mandatario era conocer de boca de Abdo Benítez algunas cuestiones referentes al acuerdo sobre el uso de la energía generada por la represa binacional de Itaipú, que fue firmado con Brasil en mayo de este año y cancelado el 1º de agosto ante la posibilidad de que irregularidades en las condiciones del pacto pudieran ser la causa de que la oposición le inicie un juicio político al presidente. Los fiscales investigan, específicamente, si en el acuerdo hay evidencias que puedan demostrar que Paraguay podría negociar en forma ilegal con empresas privadas brasileñas parte de su energía excedente.
La situación del presidente paraguayo comenzó a complicarse después de que se filtraran conversaciones entre el abogado José Rodríguez y el entonces presidente de la Administración de Nacional de Electricidad (Ande), Pedro Ferreira, en las que el primero se presentaba como asesor jurídico del vicepresidente paraguayo, Hugo Velázquez, y afirmaba que, con el aval de Abdo Benítez, estaba en contacto con la empresa brasileña Leros, que estaría interesada en la compra de energía. Tras la divulgación de estos mensajes, Ferreira debió dejar su cargo, mientras que Velázquez quedó en el ojo de la tormenta y deberá declarar ante la Justicia.
Ayer, al momento de ingresar en la residencia presidencial, Alcaraz afirmó que la declaración de Abdo Benítez tenía como propósito “obtener información”, bajo el formato de una conversación informal y “no como un interrogatorio”. La fiscal agregó que “en esta etapa el Ministerio Público no tiene ningún tipo de formalidad, no se trata de un juicio oral en el que se recogen pruebas”. Se espera que en los próximos días los fiscales tomen declaración a Velázquez, que al igual que Abdo Benítez se puso a disposición de la Justicia.
Pecci, por su parte, dijo que la investigación continuará en el transcurso de la semana, después de la entrega de un informe completo sobre el cronograma de las negociaciones entre la empresa estatal Ande y la entidad binacional de Itaipú, según informó el diario paraguayo Última Hora.
La presión tanto sobre el presidente como sobre el vicepresidente ha sido muy grande en los últimos días e incluyó protestas populares en las calles de Asunción. Si bien el opositor Partido Liberal Radical Auténtico impulsó un juicio político, este no se pudo llevar adelante porque los 24 diputados colorados afines al ex presidente Horacio Cartes resolvieron no acompañar la iniciativa, aunque por el momento se mantienen a la espera de los resultados que arrojen las investigaciones judiciales.