El gobierno de México ofreció una recompensa de un millón y medio de pesos de ese país –unos 76.000 dólares– para quien proporcione información fidedigna y verificable sobre el paradero de cada uno de los 43 jóvenes estudiantes de magisterio oriundos de Ayotzinapa que desaparecieron hace cinco años en otro municipio de Guerrero, Iguala. Otra recompensa, de diez millones –algo más de 500.000 dólares– se ofreció para localizar a Alejandro Tenescalco Mejía, supuesto implicado en la desaparición de los estudiantes. Tenescalco se desempeñaba como supervisor de turno de la Policía Municipal de Iguala el día que los 43 jóvenes fueron detenidos allí.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se refirió ayer a la multitudinaria marcha realizada el jueves en el centro de la capital mexicana para reclamar por los 43 estudiantes. En conferencia de prensa, el gobernante cuestionó a un grupo de personas que vandalizaron edificios y negocios, y dijo que no son anarquistas, como algunos afirman, ni tienen que ver con la izquierda, sino que son conservadores, según consignó el portal Animal Político. Tras señalar que el anarquismo “es un movimiento muy profundo en ideales, productivo y propositivo”, López Obrador manifestó: “No es anarquismo lo de ayer, esa es una variante del conservadurismo, de tantas variantes que tiene. Imagínense: ¿cómo van a ser anarquistas los que destruyen una librería? Eso no tiene que ver nada con el movimiento de izquierda progresista”. El gobernante dijo además que esas personas “no participaron en la marcha, iban en paralelo, destruyendo”.
Un grupo de padres de los 43 estudiantes encabezaron la movilización en la que miles de manifestantes volvieron a reclamar que se conozca el paradero de los jóvenes desaparecidos en la noche del 26 al 27 de setiembre de 2014. De acuerdo con versiones de varios compañeros de los jóvenes desaparecidos, estos pretendían reunir fondos para trasladarse a Ciudad de México y participar en la conmemoración de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968. Pero los ómnibus en los que viabajan fueron detenidos por la Policía, que mató a tres de los estudiantes y detuvo a 43.
Según la versión oficial, que en enero de 2015 el entonces procurador Jesús Murillo calificó de “verdad histórica”, los policías entregaron a los estudiantes detenidos a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un vertedero de basura. Esta versión afirma también que los estudiantes fueron confundidos con miembros de un cártel rival.
Esa “verdad histórica” no cerró el caso. Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes encargado de investigar lo ocurrido llegó a la conclusión de que la teoría oficial no se sostenía en pruebas científicas suficientes. De este modo, la investigación quedó prácticamente en cero. Fue por esta razón que el gobierno de López Obrador, poco después de asumir, en diciembre del año pasado, se comprometió a reactivar la búsqueda.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que la única verdad histórica “es que no hay verdad”. Por lo tanto, la investigación continúa en dos líneas prioritarias: una búsqueda de los jóvenes con vida y otra de “destino final”. Por su parte, el fiscal que lleva el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, señaló que cualquier persona que esté involucrada en el caso será llamada a comparecer, incluido el ex presidente Enrique Peña Nieto.
El jueves, horas antes del inicio de la marcha, López Obrador reafirmó que una de las prioridades de su gobierno es encontrar a los 43 estudiantes, afirmó que también trabaja en el caso la Fiscalía General de la República y que esperan obtener resultados concretos en poco tiempo.
“Se está haciendo todo, no hay ningún obstáculo, ninguna limitación. Es un asunto fundamental del gobierno encontrar a los estudiantes desaparecidos”, afirmó. Según publicó El Sol de México, López Obrador agregó: “Hay voluntad, conocer la verdad, encontrar a los jóvenes y que haya justicia. Tenemos una gran ventaja: no hay impunidad. Eso es importantísimo, porque cuando se trata de crímenes de Estado es muy difícil llegar a la verdad si se mantiene el acuerdo de que impere la versión del Estado, pero cuando no hay impunidad todo el gobierno de la República, el Estado mexicano, actúa para conocer los hechos”.