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Manifestantes se enfrentan con la policía antidisturbios, durante una protesta contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el viernes, en Santiago de Chile.

Foto: Martín Bernetti, AFP

La CIDH visita Chile para evaluar la represión de las manifestaciones

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Miles de personas se reunieron para pedir el fin de la represión.

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El comienzo de los debates sobre una reforma constitucional y algunos cambios anunciados por el gobierno de Sebastián Piñera hicieron que las marchas en Chile perdieran su intensidad en los últimos meses. Sin embargo, están lejos de desaparecer: todos los viernes miles de personas se reúnen en la céntrica Plaza Italia, rebautizada Plaza de la Dignidad, para seguir reclamando cambios en las políticas que lleva adelante el gobierno.

La del viernes 24, convocada sobre todo por artistas, fue particularmente multitudinaria. Bajo el eslogan “Basta ya de represión”, más de 25 agrupaciones culturales organizaron una movilización que incluyó música en vivo, cientos de personas disfrazadas y bailes multitudinarios. Pese al lema de la movilización, hubo enfrentamientos entre los manifestantes y Carabineros. Los primeros lanzaron piedras y los segundos recurrieron a las balas de goma y los carros lanzaagua.

Las cifras de la represión

De acuerdo con el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde el comienzo de las protestas, hace más de tres meses, fueron detenidas 9.129 personas, de las cuales 1.445 sufrieron violencia sexual, torturas, tratos crueles o uso excesivo de la fuerza. Además, la represión de las protestas dejó 3.649 personas heridas, 2.063 de ellas como consecuencia de disparos de perdigones, bombas lacrimógenas u otros. La mayor parte de las heridas fueron en los ojos: 405 personas sufrieron lesiones o traumas oculares, mientras que 33 quedaron ciegas de uno o los dos ojos.

Por otra parte, sólo durante el primer mes de protestas, la Fiscalía abrió 2.670 investigaciones por violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas.

La llegada de la CIDH a Chile

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos empezó ayer su misión de observación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en las movilizaciones en Chile. La comisión ya ha emitido pronunciamientos por denuncias de uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos, pero hasta ahora no había llegado al país para ser testigo directo de la represión.

La CIDH se reunió con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y con la Fiscalía para conocer de primera mano la información con la que cuentan, y convocó para ayer un encuentro con las organizaciones sociales que más han participado en las protestas. La comisión, que se irá del país el viernes, informó también que pretende participar en las movilizaciones que se realicen en estos días, pero no anticipó en cuál de ellas lo hará.

La actividad en el Congreso

La actividad del Parlamento chileno ha tenido un papel clave en las protestas y la reacción del gobierno ante estas. Si bien en diciembre aprobó la ley que habilita la reforma constitucional, también ha votado a favor de iniciativas dirigidas a endurecer la represión de las protestas.

La semana pasada fue aprobado en las dos cámaras un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que tipifica como delito la “alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia” y penaliza la instalación de barricadas en la vía pública. Ahora se espera la promulgación por parte de Piñera para que entre en vigor esta ley, una de las varias que envió al Congreso para crear delitos vinculados a las movilizaciones o aumentar las penas de los que ya existían.

Por otra parte, el Congreso suspendió el jueves al intendente de Santiago, Felipe Guevara, quien integra la coalición Chile Vamos, a la que también pertenece Piñera. La Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional en su contra por haber infringido el derecho de reunión de los manifestantes durante las protestas. La aprobación tiene como consecuencia automática la suspensión, que podría convertirse en destitución y/o inhabilitación si el Senado resuelve que es culpable.

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