En una nueva ofensiva contra el gobierno nicaragüense que preside Daniel Ortega desde 2007, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, consideró que las actuales condiciones “hacen imposible que en Nicaragua se realicen elecciones libres justas y transparentes”. Almagro hizo estas declaraciones la semana pasada en el marco de un conversatorio sobre la situación política en el país centroamericano, que fue promovido por Robert Destro, el subsecretario para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado estadounidense, de acuerdo a lo que informó el diario nicaragüense La Prensa.
“El más alto órgano electoral no es independiente ni imparcial, sino más bien un mecanismo para promover los intereses del Ejecutivo de Daniel Ortega”, señaló Almagro. “El Registro de Votantes no ha sido actualizado. No existe un protocolo permanente de administración o de control del padrón electoral”, argumentó el diplomático uruguayo.
Almagro remarcó también que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua son permanentes, por lo que cual es inviable que haya garantías para unas elecciones limpias. “La votación es importante por ser un mecanismo para que el pueblo pueda votar sin que sepan que están opuestos al régimen, pero deben crearse las condiciones para que eso pueda existir y que su voto realmente sea contado y sea respetado. Pero no tenemos nada parecido en el país, así que prácticamente deben empezar a reformar desde la A hasta la Z”, manifestó.
Mientras tanto, el gobierno de Ortega lidia con la errática gestión de la emergencia por el coronavirus, mal al que en principio le restó importancia, aun teniendo un sistema de salud que no se caracteriza por su fortaleza. Pero a la vez, y ya pensando en las aún distantes elecciones, fijadas por el oficialismo para noviembre del año que viene, el mandatario y su sector político trabajan en una serie de leyes que, a juicio de los opositores al sandinismo, tienen por finalidad aumentar la represión en el país.
En un discurso que dio el 15 de setiembre, día en que se conmemoró la independencia, Ortega anunció una serie de leyes que serían enviadas al Parlamento. Una semana después, según informó el portal nicaragüense El Confidencial, los diputados oficialistas presentaron ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley de Regulación de Agentes Extranjeros. En su exposición de motivos, el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), citó la defensa de la “soberanía” y “seguridad del Estado” como argumentos para “establecer el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua”. Juristas y expertos constitucionalistas consideran que, en caso de que sea aprobada esta ley, creará dos categorías de nicaragüenses: los “verdaderos”, según la definición del Ejecutivo, y los “agentes extranjeros”.
Además, y en la misma línea, esta semana, los legisladores del FSLN presentaron una norma denominada Ley Especial de Ciberdelitos, que establece penas de cárcel para aquellos ciudadanos que, desde la visión del gobierno, propaguen noticias falsas. El anteproyecto fue calificado como una “ley mordaza” por diferentes actores sociales del país centroamericano.