Desde el sábado, el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) impulsado por el PIT-CNT tiene oficialmente el apoyo de la Intersocial y del Frente Amplio, y ya se perfilan coincidencias entre los referentes de las organizaciones sociales sobre los contenidos que se consideran más “preocupantes” en la ley, que podrían traducirse en artículos a impugnar si finalmente se descarta derogar toda la norma. Entre ellos están los artículos de la norma referidos a educación, legítima defensa, reglamentación de la huelga y la prohibición de los piquetes que impiden la circulación.
Las organizaciones que componen la Intersocial celebrarán un Plenario Nacional el 7 de noviembre, en el que se decidirá si se irá contra toda la ley o contra algunos de los artículos. Gabriel Molina, presidente de Sutel e integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, dijo a la diaria que la “sensación” a nivel de la cúpula es que “mayoritariamente los sindicatos quieren ir por algunos artículos y no por toda la LUC”, pero señaló que esa decisión no debe ser tomada “sólo por el movimiento sindical” sino en diálogo con la Intersocial. “Nosotros lo que proponemos es ir por el camino que más acumule. Si en el camino entendemos que acumula ir por toda la LUC, iremos contra toda la LUC”, y viceversa, apuntó.
El PIT-CNT está convocando a los sindicatos para analizar el articulado y tener en cuenta sus aportes, manifestó Molina. Por otro lado, el dirigente dijo que algunos de los contenidos que generan mayor malestar en la central de trabajadores tienen que ver con “el tema de las ocupaciones” y la legítima defensa: “¿Quién considera que una persona es o no es violenta? ¿Quién considera que una movilización es violenta?”, inquirió.
Consultado por la diaria, el secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), Gustavo González, afirmó que la organización “no descarta ninguna posibilidad” por ahora. “Hay muchos artículos negativos en todos los incisos. Globalmente la ley es regresiva; es represiva en varios de sus artículos”, consideró el dirigente, que calificó la norma de un “brazo jurídico de un programa de gobierno”. “Una ley de urgente consideración con 600 artículos no puede ser ni urgente ni de consideración. Lo primero que hay que cuestionarse es la rapidez con la que se llevó adelante” su aprobación, opinó González.
Para FUCVAM, “hay mucho más que uno o dos artículos de esta ley que tienen que ser cuestionados”, sostuvo el dirigente. A modo de ejemplo, se refirió a la modificación de la Ley de Alquileres que, en su opinión, “en realidad defiende a los dueños inmobiliarios y no a las personas”. “Lo que hay que ver es que la LUC ataca los derechos de la gente y en particular de las trabajadoras y los trabajadores”, manifestó.
La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) entiende que lo más conveniente es derogar toda la ley, aunque está dispuesta a negociar con el resto de las organizaciones, dijo a la diaria el secretario de asuntos gremiales, Mauro Conti. “Nuestra posición es que lo preferible sería ir por toda la ley, pero efectivamente tenemos también la voluntad de que el referéndum abarque a la mayor cantidad de organizaciones posibles”, explicó. En ese sentido, señaló que dentro de la Intersocial “hay algunas organizaciones que creen que hay que ir por todo y otras que todavía lo están discutiendo”. Consultado sobre los contenidos que la FEUU considera más perjudiciales, destacó “todo el capítulo de educación, el articulado que tiene que ver con la regla fiscal, todos los [contenidos] que atacan derechos sindicales” y también los que aumentan las penas para los menores de edad.
La Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) tampoco ha resuelto aún “si es preferible ir por la ley o por artículos”, según señaló el secretario general de la organización, Daniel Baldassari. Los principales cuestionamientos que hace la ONAJPU tienen que ver con el puntapié para iniciar una reforma de la seguridad social mediante una comisión de expertos, en la cual se percibe subrepresentada. Asimismo, criticó el artículo que modifica la reglamentación de las elecciones en el Banco de Previsión Social.
Para la Intersocial Feminista, los contenidos de la LUC que refieren a “la seguridad, la libertad de expresión y la educación” son “extremadamente relevantes”, pero el colectivo tiene la intención de “buscar los mayores acuerdos en esta alianza de colectivos, grupos y sindicatos”, por lo que no llevará “una lista de artículos” al Plenario de noviembre ni definirá si prefiere ir por toda la ley o por contenidos. “Desde nuestro punto de vista el procedimiento de la LUC en sí mismo fue inapropiado. Eso a nosotras ya nos parece suficiente motivo” para impugnar el recurso, dijo a la diaria la integrante del colectivo Soledad González.