A las 2.30 del jueves los diputados terminaron de votar los artículos del proyecto de ley de presupuesto en la comisión. Ahora la próxima cita será el domingo desde las 10.00, cuando la iniciativa que define la asignación de recursos para el quinquenio empezará a discutirse en el plenario de la Cámara de Diputados. En las horas que restan, los legisladores de la coalición de gobierno estarán “en sesión permanente”, ya que falta definir, entre otros aspectos, de dónde saldrán los recursos extras comprometidos para la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica (Utec).
Desde hace varias semanas pero con mayor intensidad durante los últimos días, la bancada de la coalición mantuvo negociaciones a la interna y con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para cerrar los artículos que se votaron en la comisión.
El diputado del Partido Colorado (PC) Conrado Rodríguez informó a la diaria que aún resta una respuesta del Poder Ejecutivo para definir de cuáles ministerios saldrá el dinero extra que se destinará a la educación, habiéndose acordado ya que el rubro afectado será el denominado Servicios no personales diferentes al anterior, que podría asemejarse a la categoría Otros gastos. “Ya tenemos individualizado en cada ministerio cuánto podría ser lo reasignado” y es una opción votarlo de esa manera, explicó, pero se dará prioridad a lo que diga el Poder Ejecutivo.
Según lo aprobado en Comisión, la Udelar recibirá una partida incremental a 2024 de 330 millones de pesos para los programas de dedicación total y de 100 millones de pesos para la descentralización de las carreras, mientras que la Utec tendrá un extra de 82 millones de pesos a 2024. Para el Instituto Clemente Estable se incorporó una partida anual de cinco millones de pesos para inversiones y de seis millones de pesos para financiar horas docentes, dinero que sale de lo asignado al Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Desde el Frente Amplio (FA) anticipan que la discusión que comenzará el domingo sobre el proyecto en general se extenderá por largas horas. “El presupuesto plasma las ideas económicas del programa de gobierno. Eso sin dudas lleva a dar una discusión sobre las implicancias y aspectos particulares que nos preocupan y que creemos inconvenientes”, dijo a la diaria el diputado opositor Gustavo Olmos.
Algunos de los aspectos que el FA rechaza del proyecto y debatirá son la desmonopolización del suministro de combustibles en los puertos del país administrados por el Estado, los cambios en el régimen de certificaciones médicas de los funcionarios públicos, así como el proceso definido para las reestructuras en los ministerios, la creación de cargos de confianza en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el MEF, la variación en la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), que controla hasta ahora la Intendencia de Montevideo (IM), y las “consecuencias que traerá” no haber contemplado en su totalidad los pedidos de la Udelar.
Desde el oficialismo se destaca la concreción de recursos extras para la educación universitaria y el Instituto Clemente Estable, así como el dinero destinado a la implementación gradual de la ley integral de violencia de género ‒tras gestiones de la vicepresidenta Beatriz Argimón se acordó abrir tres juzgados especializados en el interior‒ y la atención a ciertos pedidos que plantearon en el mensaje al Parlamento los organismos de contralor (el Tribunal de Cuentas, la Junta de Transparencia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo) y el Poder Judicial. Sobre esto último, Rodríguez dijo que algunos no tienen costo y a otros se les buscó financiación. Destacó que “hay un cambio de actitud del gobierno y la bancada oficialista respecto de organismos que fueron ninguneados por los gobiernos del FA y los queremos jerarquizar por su importancia como contrapeso”.
Discusión no saldada por la desmonopolización de ANCAP
A mitad de setiembre, cuando acudió a la Comisión de Diputados, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, pidió incluir en el proyecto de presupuesto una disposición para dejar sin efecto el monopolio de ANCAP para la venta de combustibles en los puertos que gestiona la Administración Nacional de Puertos (ANP). La justificación es que la empresa estatal tiene limitada la producción de fueloil con la que se abastece a los barcos y estos están optando por otros puertos de la región para el suministro.
Rodríguez explicó que la bancada de la coalición analizó la solicitud e incluso estuvo sobre la mesa ampliar la desmonopolización a los aeropuertos ‒permitiendo que privados vendan el combustible JetA1, que utilizan las aeronaves‒, pero tras consultar con el MEF, la OPP y ANCAP se decidió limitarse al pedido de Paganini. Aclaró que este artículo tuvo “consenso” dentro de la coalición, que había mostrado diferencias cuando en la ley de urgente consideración (LUC) se incluyó la derogación total del monopolio de ANCAP, medida que de momento quedó por el camino.
El senador nacionalista Sebastián da Silva escribió en Twitter sobre la desmonopolización para los puertos: “La miopía en la LUC no permitió que se aprobara este beneficio para todos los uruguayos. Ahora lo tendrán las multinacionales de carga y no el tambero de 25 de Agosto o el arrocero de Charqueada”.
Olmos dijo que el FA rechaza esta disposición porque creen “que el gobierno intenta abrir una puerta para después seguir con el plan manifestado por el presidente de desmonopolizar [en su totalidad] el mercado de combustibles”. Agregó que si hay problemas con la producción de fueloil, ANCAP “podría importarlo como hace con otros derivados sin afectarse el monopolio”. Además, planteó la preocupación de la oposición por otro artículo del presupuesto que habilita a “arrendar toda la infraestructura de ANCAP” a operadores privados.
La desmonopolización en los puertos también es rechazada por la Federación ANCAP, que sostuvo en un comunicado que la medida “desconoce” el plebiscito de 2003. El sindicato realizará un paro con movilización el 15 de octubre “contra el desmantelamiento de ANCAP”.
Idas y vueltas por la UAM
Los cambios en la gobernanza de la UAM fueron uno de los puntos más polémicos del proyecto de presupuesto. El texto inicial presentado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) sin consulta ni negociación con la IM, quitaba a la comuna de la dirección y provocó duras críticas desde la oposición. Tras varias negociaciones, la coalición acordó que el artículo en cuestión modifique la gobernanza de la UAM, quedando el MGAP con el cargo de presidente y la IM con la vicepresidencia.
Rodríguez dijo que se “sigue discutiendo” el asunto y que no hay seguridad de que lo votado en comisión sea lo que termine aprobando el plenario. Agregó que “sería lo más sano” que la IM retire la resolución tomada a mediados de setiembre, como represalia al artículo del presupuesto, que hace volver a la órbita departamental los terrenos donde se levanta la obra del nuevo Mercado Modelo.
Olmos dijo que la propuesta de la coalición “es un poco menos grosera que la original”, pero “sigue siendo inaceptable trasladar de un plumazo la gobernanza de la UAM, que es un proyecto pensado y ejecutado por la IM, al gobierno nacional”. Añadió que si el gobierno no propone “algo razonable” en torno al tema, la UAM quedará vacía y sin los terrenos donde se levantó la obra.
Certificaciones médicas, reestructura en el Estado y cargos de confianza
Desde el FA uno de los aspectos más cuestionados del presupuesto es la creación de 31 cargos de confianza ‒se eliminan 25, según las cuentas de la oposición‒ y la autorización de 115 pases en comisión, de funcionarios que irán al Mides y al Ministerio de Medio Ambiente. Este último caso “puede ser razonable” al tratarse de una nueva dependencia, señaló Olmos, pero en los demás hay “una incongruencia con el discurso de austeridad del gobierno”. Añadió que los cargos creados en el MEF “pasan a ser los salarios más altos de confianza política en toda la administración central”.
Por otra parte, el FA tampoco acompañará las disposiciones del presupuesto que modifican el sistema de certificaciones médicas para los funcionarios públicos, porque “implican un retroceso para los trabajadores que hacen un uso responsable”, ni las que fijan reglas para una reestructura dentro del Estado, “porque da discrecionalidad absoluta al Poder Ejecutivo para armar la carrera funcional”.
Rodríguez fue quien presentó una alternativa al régimen de licencia médica que planteó originalmente el gobierno, y explicó que lo votado en comisión es “un intermedio” entre ambos textos. Desde 2021 los funcionarios públicos que tengan al menos tres años de antigüedad comenzarán con seis días de licencia médica que podrán utilizar sin descuento salarial, agregando dos días por cada nuevo año y teniendo desde el séptimo día (o el siguiente al plazo que acumularon) una reducción de 25%.
En lo que refiere a la reestructura en el Estado, el diputado colorado señaló que se incorporaron al articulado “algunas garantías que pidió la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado”, como que se debe dar vista previa a la persona cuando se declare un cargo como excedente.