Lo que le ocurrió el viernes a un manifestante de 16 años al que un guardia de Carabineros tiró desde el puente Pio Nono, situado sobre el río Mapocho, en Santiago, “no es excepcional”, sino que se agrega a la “ya extensa lista de otros casos de violaciones de los derechos humanos por parte de fuerzas del orden cometidas en el contexto de manifestaciones sociales”, manifestó este lunes la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos. El responsable de esa oficina, Jan Jarab, manifestó también que “preocupa el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad, pues son conductas reiteradas”, según citaron la agencia de noticias Efe y Radio BioBio. “Hago un llamado a que se identifiquen los patrones y analicen las causas que favorecen estas conductas”, agregó. Se refería a que después de conocerse esos hechos, por los cuales está en prisión preventiva uno de los integrantes de Carabineros como sospechoso de intento de homicidio, el ministro del Interior, Víctor Pérez, dijo que reiteraba “el respaldo a Carabineros de Chile en el cumplimiento de su deber”.
En distintos videos que muestran lo que sucedió en el puente se ve que después de tirar al adolescente, que no murió pero sufrió lesiones graves, los funcionarios miraron desde el puente hacia el río y se fueron. “Resulta especialmente preocupante la omisión de asistencia por parte de Carabineros a la víctima, que tuvo que ser auxiliada por otros manifestantes y civiles”, agregó la oficina de la ONU, que pidió en un comunicado que también se investigue “la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la operación”. Manifestó asimismo que es necesario reformar esa fuerza para lograr su “profesionalización, formación en derechos humanos, subordinación a la autoridad civil y, especialmente, mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles”.
Por este caso, la estatal Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó este lunes una acción legal contra el presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior y el director general de Carabineros, Mario Rozas, informó Radio Universidad de Chile. En su querella el organismo señala que el adolescente fue arrojado desde el puente mientras se encontraba ejerciendo su derecho a la protesta, y que “ningún funcionario de Carabineros de Chile que se encontraba en el lugar fue a prestar ayuda”, sino que todos ellos “se quedaron en el puente simplemente observando el cuerpo inconsciente en la ribera del río”.
El vocero del gobierno, Jaime Bellolio, dijo que le “hubiese gustado” que esos funcionarios bajaran a ayudar al adolescente. “Bajaron otras personas antes. Lo que ellos han dicho es que llamaron a bomberos y a la ambulancia para que fueran a un recinto asistencial”, agregó.
El caso recordó tanto las protestas de 2019, de las que se cumple un año este mes, que tuvieron una respuesta extremadamente violenta por parte de Carabineros, como el intento de encubrimiento, por parte de esa institución, del asesinato del dirigente local mapuche Camilo Catrillanca, cometido por uno de sus integrantes, en 2018.
El ex fiscal Carlos Gajardo, que representó como abogado a una de las personas que perdieron la visión por los disparos de balines a los ojos durante las protestas del año pasado, dijo que “uno no puede considerar esto como un hecho aislado”, y llamó a investigar “los hechos de encubrimiento que se intentaron hacer por otros funcionarios”. Afirmó que después de que se vieran los videos del momento en que el adolescente es empujado al río, las explicaciones oficiales de esa policía “pasaron a ser bastante ridículas”. Se refería a que el vocero de esta policía militarizada chilena dijo ese día que “por ningún motivo Carabineros arrojó a esta persona al lecho del río”. De acuerdo con el diario La Tercera, esos dichos causaron malestar en el gobierno, porque al mismo tiempo circulaban los videos que ponían en evidencia lo ocurrido. Por eso dos horas después, a la medianoche, Soto publicó un video en el que dijo que lo que había negado fue que “se haya tomado de los pies a esta persona”.
El director para las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, dijo que “Carabineros es una institución que tiende a responder corporativamente frente a este tipo de denuncias” y que “eso significa que la tentación usual” es la del “encubrimiento”. A su vez, la politóloga Lucía Dammert dijo a la Televisión Nacional de Chile que lo que pasó el viernes “no habla de una mala decisión, sino de una cultura institucional”.
La diputada socialista y de origen mapuche Emilia Nuyado, que preside la Comisión de Derechos Humanos, dijo que no votará el presupuesto 2021 para Carabineros. “No se puede seguir dando dinero a una institución pública que no respeta los derechos de las personas”, manifestó, según informó El Desconcierto. También la senadora Ximena Rincón, de Democracia Cristina, dijo que no va votarlo si no explica de forma satisfactoria lo ocurrido el viernes.