El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile pidió al Estado “que se realice una exhaustiva investigación” por la muerte de un joven, Aníbal Villarroel, baleado durante las manifestaciones del domingo, que fueron convocadas a un año del estallido social de 2019. También el alcalde de La Victoria, el municipio de las afueras de Santiago donde ocurrió el tiroteo, Pedro Aguirre, reclamó una investigación. Según informó el medio digital El Mostrador, Aguirre dijo que llamó a la familia del joven, se contactó con “abogados de derechos humanos” y trató de comunicarse con Carabineros, pero que no pudo hablar con autoridades de esa Policía militarizada. “No me han contestado las llamadas hasta el momento”, dijo a Radio Cooperativa.
La versión de Carabineros de lo ocurrido, según informó el diario La Tercera, es que un grupo de encapuchados interceptó un ómnibus de esa institución, cerca de las 2.30 de la madrugada, y lo atacó con bombas molotov y otros elementos. Los Carabineros se bajaron, hubo un enfrentamiento, y después se enteraron por radio de que había un herido de bala, que más tarde murió. A su vez, el ministro del Interior, Víctor Pérez, manifestó que se trató de un tiroteo cruzado entre civiles e integrantes de esta fuerza de seguridad, y que “Carabineros se tuvo que defender”.
Las protestas de 2019 dejaron una treintena de muertos y cientos de denuncias de abusos contra las fuerzas de seguridad, y desde entonces se agregaron otras denuncias de violencia contra Carabineros.
El domingo decenas de miles de personas recordaron la fecha con movilizaciones que comenzaron en forma pacífica en Santiago y en otras ciudades y localidades chilenas, pero terminaron con varios hechos de violencia. Hubo saqueos, ataques a comisarías, y en la capital dos iglesias fueron incendiadas: la iglesia San Francisco de Borja, que Carabineros utiliza para ceremonias oficiales, y la iglesia de la Asunción, que tiene más de 150 años, señaló la agencia de noticias Efe. Las dos están cerca de la plaza Italia, que ha sido centro de las protestas desde el año pasado, pero también hubo situaciones violentas en otras zonas del país.
Este lunes el presidente chileno, Sebastián Piñera, atribuyó los incidentes a “una minoría de delincuentes que desató una ola de violencia, saqueos y vandalismo, incluyendo el incendio de dos iglesias de alto valor histórico”. En su discurso, Piñera agregó: “Esta acción criminal debe ser condenada por todos los que creemos en la democracia y queremos vivir en paz. Y debemos condenar no sólo a los que ejecutan directamente los actos de violencia delictual, sino también a aquellos que de una u otra forma las promueven, amparan o justifican”.
Posteriormente, el mandatario se refirió al plebiscito del domingo, que puede abrir camino a un proceso constituyente, y llamó a participar en la votación. “Queremos una Constitución que sea un marco de unidad para el país. Por eso es fundamental tener el apoyo de una amplia mayoría de los chilenos”, dijo. De acuerdo con Piñera, “grupos minoritarios van a intentar ensuciar o entorpecer” esa consulta, aunque “la mayoría de los chilenos” quiere “vivir en democracia y en paz”.
El plebiscito del domingo es en parte consecuencia de los reclamos de los manifestantes que se movilizaron hace un año por un cambio en las instituciones chilenas, en particular en la actual Constitución, que fue elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Esta consulta había sido convocada inicialmente para el mes de abril, pero se postergó debido a la pandemia de coronavirus. Este lunes el ministro de Salud, Enrique Paris, manifestó su malestar por la posibilidad de un “rebrote” de la enfermedad facilitado por las protestas realizadas el domingo. “Ayer vimos escenas totalmente contrarias a los que significa mantener la distancia física y las normas de sanidad”, dijo. “Si en 14 días tenemos brote, los que llamaron a manifestaciones serán los responsables”, advirtió el funcionario.
Los casos de covid-19 registrados en Chile desde comienzos de marzo se acercan a los 500.000.