“Lo peor de todo es perder tiempo en algo que no va a suceder”. Así graficó la situación una fuente del sector productivo que sigue de cerca el proceso iniciado con la ley de urgente consideración (LUC) y que desembocará desde 2021 en un nuevo esquema para la fijación de los precios del combustible. Representantes de gremiales empresariales dijeron que son escépticos con respecto al resultado y que no prevén cambios en materia de tarifas, cuestionaron la influencia política en la actualización del cálculo del precio de paridad de importación (PPI) –que viene realizando la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA) y será la nueva referencia para las naftas y el gasoil– y anticiparon que si no hay avances van a “redoblar esfuerzos” en busca de la desmonopolización.
Mientras tanto, el gobierno confía en que este nuevo proceso conducirá a una mejora en el precio de los combustibles, y a principios de mes emitió una resolución para conformar un “comité de expertos” en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que aprobará “una propuesta de revisión integral del mercado de los combustibles”. Una fuente oficial dijo que estarán bajo análisis los impuestos y subsidios que inciden en el valor de los combustibles, la ley de agrocombustibles que obliga a ANCAP a comprar biodiesel y etanol a Alcoholes del Uruguay (Alur), así como las reglas del mercado de distribución. “Será una revisión amplia e integral, lo que no quiere decir que se cambie todo”, dijo el informante.
Los comienzos de esta historia podrían ubicarse en la campaña electoral, que tuvo como tema de debate el precio de las tarifas públicas. El gobierno de la coalición multicolor asumió con la promesa de bajarlas, y el primer movimiento vinculado a los combustibles fue incluir en el proyecto de urgente consideración la desmonopolización del mercado de los combustibles, es decir, que cualquier privado pueda importar y competir con ANCAP. Durante el tratamiento de la LUC, esto no tuvo consenso entre los socios del gobierno y se optó por un camino alternativo, que tiene dos etapas diferentes que comenzaron a desandarse.
Por un lado, se buscó que ANCAP venda a precios más eficientes al asociar el valor que fija el Poder Ejecutivo para los combustibles al PPI –que refleja un valor teórico al que un potencial importador podría abastecer a los distribuidores– y se puso plazos para que la URSEA actualice ese cálculo y que el nuevo esquema comience a regir desde 2021 –aunque el MIEM podría establecer un cronograma gradual–. Esto implica que hacia adelante el informe mensual que haga la URSEA será “preceptivo” para la fijación de las tarifas, y en la actualización del PPI se decide qué tanto cambiará respecto del esquema actual.
El borrador que divulgó en setiembre la URSEA sobre el nuevo cálculo provocó que ocho actores del mercado elevaran comentarios y cuestionamientos. Entre ellos aparecen ANCAP, las distribuidoras Axion y Petrobras, la Unión de Vendedores de Naftas (Unvenu) y técnicos especializados. Entre estos últimos está el técnico agropecuario José Luis Matonte, quien dijo a la diaria que “cuesta reconocer la independencia técnica” de la URSEA, que pasó por disposición de la LUC a ser un servicio descentralizado y salió de la órbita de Presidencia.
Matonte criticó que el MIEM haya emitido un decreto “donde dice a la URSEA lo que debe medir, hacer y agregar” para calcular el PPI, elevando el cálculo teórico con la inclusión, por ejemplo, del margen del importador. En igual sentido se manifestó el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago: “Entendemos que este proceso [de actualización] del PPI no es muy transparente ni la realidad”.
Tampoco está conforme con el proceso el presidente de Unvenu, Daniel Añón, quien expresó en diálogo con la diaria que los estacioneros desconocen “qué es lo que quiere cambiar” el gobierno y dijo haber escuchado planteos como “marcar un precio máximo [para que las estaciones puedan competir con distintos valores al público], que es lo que ya existe”. Consultado sobre si el proceso iniciado podría terminar en una rebaja de las naftas, expresó: “Hasta que no me pongan en un papel qué va a pasar son sólo declaraciones. Lo que se había propuesto el gobierno era bajar el precio, y entiendo que es difícil eso con ANCAP perdiendo dinero”.
Las críticas de las gremiales no son de recibo para el gobierno. Una fuente vinculada al tema de los combustibles manifestó que el decreto del MIEM recogió lo dispuesto en 2017 por una consultoría internacional que revisó el PPI, y que “el gran cambio” que estableció fue para “que se cumpla con la ley de agrocombustibles”.
Precisamente el sobrecosto que paga ANCAP a Alur por el etanol y el biodiesel –que deben mezclarse con naftas y gasoil, respectivamente, en un porcentaje mínimo fijado por la ley– fue mencionado por los representantes de las gremiales como uno de los aspectos que pretenden que se discuta, junto al resto de los factores que inciden en el precio final. Y así lo hará el gobierno, según confirmó el informante, en el marco del comité de expertos que conformó el MIEM, en el que también habrá representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Economía y Finanzas –está previsto invitar al Congreso de Intendentes y la URSEA–. Este grupo, según la resolución, deberá elaborar antes del 15 de diciembre una “propuesta integral de revisión legal y reglamentaria del mercado de combustibles”.
Esto deriva del otro gran proceso que desató la LUC: encomendó al Poder Ejecutivo que en un plazo de 180 días (que vencerán a inicios del año próximo) eleve al Parlamento una propuesta de reforma del mercado de los combustibles.
Los consultados coinciden en que “el partido” para bajar el precio de los combustibles se jugará en esa reforma. Lago sostuvo que de no haber “un impacto” en las tarifas tras este proceso, los sectores productivos volverán a insistirle al gobierno para desmonopolizar la importación de combustible.
El mensaje para Ciudadanos
Lago explicó que el sector tiene un mayor consumo de gasoil que otras actividades del agro y que pierde competitividad debido al valor de los combustibles. “No tenemos nada contra ANCAP, sí contra el modelo que tiene Uruguay, que traspasa [sobrecostos] a los consumidores y no logramos ser competitivos”, indicó.
“Entendíamos que lo que surgió de la LUC era un proceso engorroso, pero le dimos la posibilidad de que podría traer una mejoría en el precio de los combustibles en la órbita de ANCAP. Ahora escuchamos que se trabaja, pero nadie transmite muchas expectativas positivas ni de que tendrá un impacto en la rebaja de los combustibles. Pasan los días, nos aproximamos [a la vigencia del nuevo esquema] y las novedades son que aparentemente quedará todo muy similar”, dijo Lago.
Si bien reconoció contactos con distintas figuras del gobierno y que el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte –ex presidente de la Federación Rural–, es “un aliado en el sentido de que está preocupado por que los combustibles tengan un valor más competitivo”, hizo notar que el sector político al que representa –Ciudadanos, dentro del Partido Colorado– “fue el que promovió lo incluido en la LUC y deberemos exigirles que esas medidas tengan un impacto”.
De no ser así, Lago entiende que los “sectores productivos, sociales y también políticos” volverán a dar la discusión por la desmonopolización. “Quienes defienden el monopolio deberían trabajar más para que esto traiga un impacto positivo; si no, nosotros redoblamos esfuerzos”, concluyó.