En la mañana de este lunes comenzó la votación del proyecto de ley de presupuesto quinquenal, que ya tiene asegurada los votos de la actual coalición de gobierno.
El miembro informante del proyecto, el senador nacionalista Jorge Gandini, aseguró que se trata de un proyecto de ley “responsable, realista, sustentable, equilibrado, contracíclico y serio”, y cuestionó la gestión económica de los gobiernos del Frente Amplio (FA), especialmente en el último mandato del ex presidente Tabaré Vázquez.
Gandini resaltó que el presupuesto debe hacer frente a dos “fuertes condicionamientos”. Uno de ellos es “global” y supone una “crisis humanitaria y universal sin precedentes”. “Por nuestro tamaño, somos tomadores de condiciones externas. Todo lo que pasa en el mundos nos afecta y nos impacta”, resaltó el senador, que aprovechó para cuestionar a quienes habían criticado la estrategia de “libertad responsable” que ha venido llevando adelante el presidente Luis Lacalle Pou: “Todas las teorías que se opusieron a la estrategia presidencial cayeron aquí y en el mundo, y ante el ruido de cacerolas que pedían cuarentena, obligatoria se impuso el respaldo y el y reconocimiento a médicos y científicos. Se abrió el espacio a la libertad responsable que el mundo reconoce, cuando no admira”.
El segundo “cuestionamiento”, aseguró Gandini, fue la situación económica en la que quedó el país tras los gobiernos del FA, que a juicio del senador “limita la capacidad de acción y crecimiento”. Según Gandini, el país ya estaba en recesión en 2019, el “peor año” de los 15 de gobiernos frenteamplistas. El legislador comparó datos de ese año con los de 2017: el producto interno bruto cayó de 59.000 millones de dólares a 55.0000; el déficit fiscal de 3,5% a 5%. Según recordó Gandini, en el presupuesto de 2015 el gobierno preveía un crecimiento de 3% para ese año.
Gandini sostuvo que “la contracara de los éxitos del gobierno anterior” fue que “se financió por deuda” y hubo “ajustes fiscales sucesivos”, como la reforma tributaria de 2007. “Todo lo que creció Uruguay se lo quedó el Estado. Crecía el PIB, la recaudación y también el déficit. Siempre el gasto creció más que la recaudación”, expresó.
El senador nacionalista aseguró que no se trata de un presupuesto austero, que el proyecto no tiene nuevos impuestos y “no es de recortes ni contiene un ajuste fiscal”. “Es un presupuesto con énfasis en la gente, que prioriza el empleo y la calidad del gasto público”, sostuvo.
El legislador informó a la cámara que se logró acordar nuevas reasignaciones para la educación, mientras que el área educativa (“incluyendo educación militar y policial”) pasa de 5,1% a 5,4% del PIB. Según dijo, estos refuerzos presupuestales fueron posibles gracias a la reasignación de unas partidas para el pago de sentencias con funcionarios del Poder Judicial, que preveían gastos de 748 millones de pesos de 2021 a 2024. “Todos esos convenios y sentencias finalizaron en 2019 y sin embargo fue planillado ese gasto”, aseguró.
Gandini criticó además al FA por cuestionar el artículo 7 del proyecto, que habilita al Ejecutivo a limitar los créditos presupuestales previstos en el proyecto. El senador leyó la redacción del artículo 34 del presupuesto de 2005, que incluía una disposición similar, y finalmente dijo que la propuesta de la oposición para la reasignación de gastos difería de la del oficialismo en 40 millones de dólares: “Si encontrábamos cómo financiarlo, ¿lo votaban y dejaba de ser un presupuesto de espaldas a la gente? La diferencia no mueve la aguja”, señaló.
La respuesta
El miembro informante en minoría de la oposición fue el frenteamplista Charles Carrera, quien sostuvo que su bancada no comparte la política económica planteada por el gobierno, que “representa un profundo retroceso en las condiciones de vida de la población”, y “coloca el peso del recorte en las espaldas de trabajadores, jubilados, pensionistas y más débiles de la sociedad uruguaya”. Todo esto, agregó, “en el contexto de una pandemia, que está provocando una crisis sanitaria, económica, social y cultural” en el mundo.
Según Carrera, mientras a nivel mundial en el mundo se habla de “estados más fuertes y presentes para enfrentar la crisis, con medidas dirigidas a los sectores más castigados y a las pequeñas y medianas empresas, en este proyecto de ley se realiza un ajuste fiscal y se corta el gasto público”, ignorando “los fuertes procesos de ordenamiento en la economía que se dan a nivel mundial” y, en cambio, se defiende a los sectores más privilegiados.
“Estamos a contracorriente de las políticas impulsadas por la mayoría de los países del mundo”, resumió, para luego advertir que el gobierno debe asumir que el “tejido productivo y social que se está deteriorando por la pandemia será muy difícil de recuperar”.
Durante su intervención, Carrera cuestionó el sesgo “promercado o proprivado” del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y señaló que dentro del Ministerio de Ambiente, el proyecto “no contiene líneas de acción ni medios asociados para enfrentar los desafíos de la ‘transición ecológica’”.
A su vez, denunció que con la actual designación de presupuestos, la Administración Nacional de Educación Pública no podrá cumplir con el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, y que en el Ministerio de Desarrollo Social “no hay una sola meta, ni asignaciones presupuestales para saber qué plantea el actual gobierno, salvo la fusión de la Secretaría de Cuidados con la Secretaría de Discapacidad”. Además, aseguró que el incremento presupuestal de esa cartera a partir de 2021 se da a raíz del pasaje de asignaciones del Plan de Equidad del BPS a esa secretaría de Estado.
“Se prometió que los recortes no afectarían las políticas sociales, pero el proyecto tiene recortes de al menos 10.000 millones de pesos en políticas, educativas, sanitarias y de proyección social”, señaló el senador, que dijo que la propuesta presupuestal que hizo el FA de aumento del gasto en 40 millones de dólares era para “amortiguar los efectos negativos de estos recortes”.