Se aproxima la fecha de votación del proyecto de ley presupuestal ‒que fija las partidas para el próximo quinquenio‒ en la Comisión del Senado, que lo viene estudiando desde fines de octubre tras su paso por Diputados. Debe salir de la segunda cámara antes del 3 de diciembre y mientras la coalición se reunió el viernes para avanzar en varios temas que están aún bajo negociación, el Frente Amplio (FA) presentó una propuesta de reasignación para atender los reclamos presupuestales en áreas como educación, salud, infancia y género.

El conjunto de “modificaciones y reasignaciones” promovidas por la oposición “tienen como objetivo amortiguar los impactos más negativos de los recortes del proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo”, según explica el documento del FA, al que accedió la diaria. Añade que los cambios en las partidas “refieren a necesidades concretas y políticas, cursos de acción y programas en curso”.

En lo global las propuestas implican una reasignación de unos 40 millones de dólares en 2021, que se incrementan año a año hasta los 65 millones de dólares en 2024, aproximadamente 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB). Pero el FA señaló que “no tiene costo presupuestal” la implementación, porque “se propone reducir partidas previstas” en el mensaje que envió el gobierno.

Los ganadores serían la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que tendría 1.000 millones de pesos más al 2024; la Universidad de la República (Udelar) que recibiría 320 millones de pesos para becas, programas de transición desde secundaria, el Hospital de Clínicas y el Polo Científico de Pando; la Universidad Tecnológica (UTEC) con 100 millones de pesos para “mantener todas las carreras”; la Administración de Servicios de Salud del Estado con 500 millones de pesos extra; el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) con 540 millones de pesos; y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) con 150 millones de pesos.

También se incluye mayor dinero para fortalecer las políticas de atención a personas con discapacidad; para que el Poder Judicial invierta en los nuevos juzgados especializados en violencia de género, así como para el funcionamiento de Fiscalía, de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y el Plan Nacional de Agroecología.

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Otros puntos que forman parte de la propuesta del FA son dar un aumento salarial mayor al que propone el gobierno para los soldados del ejército ‒dejando sin efecto la suba de la cantidad de oficiales‒, dar un subsidio a Cinemateca y revertir la reducción del subsidio a los teatros independientes y la eliminación del destinado al Instituto Cuesta Duarte.

La financiación: partidas para imprevistos, cargos de confianza y más

Por un lado, el FA plantea financiar estas acciones bajando de 6% a 5% del total de gastos de funcionamientos e inversiones las partidas para “refuerzos e imprevistos”, que se incluyen en el presupuesto para que luego el Poder Ejecutivo pueda destinarlas a los ministerios y que el FA entiende que dan un “margen de discrecionalidad excesivo”. Suman unos 550 millones de dólares al año, y, si bien está la posibilidad que el gobierno no recurra a ellos, la oposición sostiene que “en los hechos se va a tener que usar parte de ese fondo de reserva en forma indirecta para cubrir las reasignaciones” votadas en Diputados.

En la primera cámara la coalición multicolor votó más recursos para la Udelar, la UTEC, el Instituto Clemente Estable y el Poder Judicial para la atención de la violencia de género, pero a financiar con menores gastos de funcionamiento en los organismos del Estado. “Hoy nadie se hace cargo de este recorte adicional y esta definición se sustrae de la discusión del Parlamento”, expresó el FA.

Asimismo, el planteo de la oposición incluye propuestas para que el gasto que el gobierno destinó a un lugar vaya a otra dependencia. Los cargos de confianza en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Desarrollo Social suman 78 millones de pesos y se plantea dirigirlos a “las políticas de infancia y discapacidad”; suprimir el aumento en la cantidad de oficiales que pretende el gobierno y destinar ese ahorro a una suba salarial del personal subalterno de las Fuerzas Armadas; rebajar una “asignación excesiva e injustificada para electricidad en el Ministerio de Defensa” para darles recursos extras al Inisa y al INAU; y que el Poder Judicial reciba la mitad de lo previsto para inversiones en sistemas informáticos en la Oficina Nacional de Servicio Civil.

Aparte de lo relativo al gasto, el FA indicó que está trabajando en “aditivos y sustitutivos” para modificar aspectos del presupuesto que consideran “profundamente inconvenientes”: la redacción del artículo 4 ‒que establece la forma de ajuste salarios de los funcionarios públicos‒, la postergación de las adjudicaciones de cooperativas de vivienda, y la supresión de la UTEC, la Udelar y la ANEP del régimen de donaciones especiales con exoneración tributaria.

Medidas de transparencia: más información sobre la regla fiscal

Un apartado de la propuesta del FA se centra en la transparencia, y recuerda que “fue un compromiso reiterado hasta el cansancio” por el actual presidente en la campaña electoral. La oposición entiende que el Poder Ejecutivo “niega información básica para poder evaluar la propuesta presupuestal que se presentó y dar una discusión de calidad sobre la asignación de recursos y, posteriormente, hacer posible el seguimiento de la ejecución”.

Por eso, plantea distintas medidas para una mayor transparencia, como que la Contaduría General de la Nación informe con mayor detalle sobre los créditos y la ejecución presupuestal, y que los resultados de las evaluaciones de políticas públicas sean de libre acceso. Otro tema que plantea la coalición de izquierda está ligado a la regla fiscal creada por el gobierno a través de la ley de urgente consideración y que establece un tope al crecimiento del gasto público en función del resultado fiscal ajustado por el ciclo económico. El pedido es que “se publique la información y los modelos que sustentan los cálculos realizados por el gobierno para la elaboración de la regla fiscal”, debido a que sobre esos números se orienta la planificación del MEF.

A su vez, el FA insiste con que el gobierno brinde una rendición de cuentas mensual de los ingresos y egresos del Fondo Covid, creado en abril tras la declaración de emergencia sanitaria y votado por todo el sistema político.