Los diez senadores de la coalición gobernante que integran la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda anunciaron este miércoles que llegaron a un acuerdo para incluir “mejoras” para 12 rubros por 351 millones de pesos dentro del proyecto presupuestal y también lograron consensuar una nueva redacción para el capítulo de las certificaciones médicas. En la jornada se terminó de votar el proyecto de ley de presupuesto en la Comisión y desde el próximo lunes se discutirá en el plenario, que deberá aprobarlo antes del 4 de diciembre para que regrese con modificaciones a la Cámara de Diputados.
Luego de intensas negociaciones en los últimos días, el oficialismo logró acordar recursos extra para la educación y otros organismos. En conferencia de prensa, el senador blanco y presidente de la Comisión, Gustavo Penadés, dijo que “la coalición logró un excelente resultado”. Su par Jorge Gandini señaló que los organismos de la enseñanza recibirán “224 millones de pesos más” en función de las partidas extras incorporadas en Diputados y en el Senado.
La bancada oficialista también anunció mejoras presupuestales para los programas de enseñanza inicial de la Administración Nacional de Educación Pública, el sistema de becas de la Universidad de la República (Udelar) y su expansión territorial, y la expansión en la región noroeste de la Universidad Tecnológica. También para los gastos de funcionamiento e inversiones del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, así como para la promoción de políticas hacia la población afro del Ministerio de Desarrollo Social.
Otros organismos beneficiados son la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Educación y Cultura para la equiparación salarial de funcionarios presupuestados, la Secretaría Nacional de Deportes, el Instituto Nacional de Calidad y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
A su vez, el senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos resaltó que hubo acuerdo para dar desde 2022 en adelante 130 millones de pesos extra al Ministerio de Defensa para mejorar los salarios de los capitanes, tenientes, alféreces, sargentos, cabos, y soldados de las Fuerzas Armadas. Dijo que se trata “del personal militar [con sueldos] más sumergidos”, y que esto se suma a lo votado en Diputados, que establecía un incremento para los soldados.
El senador del Frente Amplio (FA) José Carlos Mahía informó a la diaria que la oposición acompañó todos los artículos que implican “mayores recursos”, aunque aclaró que “no se llegó al monto solicitado” en un documento que la bancada del FA entregó días atrás a los legisladores oficialistas.
¿De dónde salen los 351 millones reasignados dentro del presupuesto? Gandini dijo a la diaria que hay un rubro reservado para el pago de los juicios y demandas contra el Estado, cuyo monto estaría sobreestimado al elevar el número de acuerdos con funcionarios que hicieron reclamos. En ese sentido, informó que se prevé en el presupuesto 21 millones de dólares para el pago de sentencias del personal del Poder Judicial que mantiene reclamos desde 2010 por el ajuste salarial a los ministros de Estado, ya que su retribución está enganchada.
Mahía dijo que tiene “dudas” sobre la financiación que resolvió el oficialismo, porque lo destinado a los juicios contra el Estado “es un monto variable y que puede ser inferior a los recursos reasignados”. Sostuvo que hacia adelante lo relevante será seguir “lo que se propuso y lo que se ejecuta”, ya que el FA ha cuestionado un artículo que permite al Poder Ejecutivo limitar las partidas en función del resultado fiscal.
La fórmula para las certificaciones médicas y la liquidación de viáticos
El cambio en el régimen de certificaciones médicas de los funcionarios públicos fue uno de los temas que causó más controversia a la interna de la coalición desde que inició el debate por el presupuesto. Ya la Cámara de Diputados había modificado la redacción que envió el gobierno, y ahora el Senado definió dos caminos para resolver el tema.
El senador colorado Tabaré Viera explicó que, por un lado, un artículo establece la creación de una comisión que presidirá la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y tendrá representantes del gobierno, de las organizaciones médicas y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), “que va a tener 60 días para estudiar el sistema y proponer una ley que incluya la forma de fiscalización y cuánto deben cobrar en cada caso los funcionarios certificados”.
Pero para asegurarse que la definición no se dilate, se incluyó otro artículo que modifica el sistema de licencia médica y entraría en vigencia en 90 días. Allí se establece que los funcionarios certificados podrán cobrar el 100% de su salario cinco días el primer año y luego tres días, pudiendo acumular hasta un máximo de 15 días del beneficio y percibiendo después un 75% de su sueldo. Viera dijo que hay excepciones para internaciones, convalecencia, enfermedades contagiosas y accidentes.
Otro tema que se conversó hasta el final por parte de la coalición fue el referido al método de liquidación de viáticos dentro del Estado. Hay una ley de 2019 que reguló el tema, pero se aplazó su vigencia hasta 2021, y el proyecto original del gobierno planteaba su derogación ‒lo que no se votó en Diputados‒.
Viera dijo que “no hay condiciones” para cumplir la normativa que comenzaría a regir el año que viene porque los organismos “necesitan montar un aparato administrativo y fiscalizador, y además es complejo cuando se trata de viajes internos conseguir boletas oficiales”. Por eso, en el Senado la coalición acordó “un régimen de viáticos que permite, mediante una declaración jurada del funcionario y sin necesidad de comprobantes”, que se liquide el dinero que recibió para viajes internos, y otro sistema para las misiones al exterior.
Artículo 4 sigue sin definición y COFE protesta
La coalición mantiene pendiente de resolución la redacción final del artículo 4, que establece la forma de ajuste salarial para los funcionarios públicos. Aún no se alcanzó un acuerdo con el sindicato de estatales, que pretende que quede definido el cronograma de recuperación de la pérdida salarial que sufrirán en 2021.
Gandini es quien lleva adelante las negociaciones y dijo que “seguramente cuando llegue el presupuesto al plenario [la semana próxima] vamos a tener una propuesta de cambio”, porque “está muy cerca el acuerdo que nos lleve a la firma de un convenio salarial con los trabajadores públicos”.
En un comunicado, COFE cuestionó que el artículo haya salido de la Comisión sin una definición. “Queremos que el presidente de la República y todos sus aliados cumplan con su palabra. Es verdaderamente injusto que si se cumple a rajatabla con el compromiso de campaña electoral de no aumentar impuestos al gran capital, no se haga lo mismo con el compromiso que se asumió con los trabajadores estatales y se les rebaje el salario durante todo el período, lo que va a implicar que también se van a reducir las pensiones y jubilaciones”, señaló el sindicato.