El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) compareció este miércoles ante la comisión del Senado que analiza el proyecto de ley de presupuesto —que fija las partidas para el próximo quinquenio— y solicitó que no haya organismos exceptuados del artículo 7, que establece la posibilidad de topear la ejecución del gasto asignado si hay “riesgo” de incumplimiento de las metas fiscales. Esto porque en la Cámara de Diputados se había modificado la propuesta inicial del gobierno y se excluyó de esa disposición a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar) y el Poder Judicial.
Desde el Frente Amplio hubo críticas al planteo del MEF. El senador Daniel Olesker dijo que “el Poder Ejecutivo no deja de sorprendernos” al solicitar ampliar a todos los organismos el tope de ejecución e ir contra lo que “se acordó en Diputados”, mientras que su par Mario Bergara expresó que “se va a votar un presupuesto que no se va a ejecutar” y que el artículo 7 es “una tijera adicional para el Poder Ejecutivo”.
En el proyecto que el gobierno presentó al Parlamento a fines de agosto, el artículo 7 estaba redactado así: “Facúltase al Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, a establecer límites de ejecución de créditos destinados a gastos de funcionamiento e inversiones de los Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional, cuando exista riesgo de no cumplimiento de la meta indicativa de resultado fiscal”. El texto que salió de Diputados exceptuó de ese potencial tope de ejecución a tres organismos, y ahora el MEF pidió volver al texto original.
En el sustitutivo que presentó el miércoles en la comisión del Senado se agrega que se podrá limitar la ejecución también “ante la evolución desfavorable de las finanzas públicas en el contexto macroeconómico del momento”. Ante la ocurrencia de cualquiera de estos dos escenarios, el Poder Ejecutivo debe dar cuenta de los cambios presupuestales a la Asamblea General, añade la nueva redacción que presentó el MEF.
Básicamente, el artículo 7 habilita a que si la trayectoria del déficit fiscal no es todo lo positiva que el MEF proyecta, se pueda topear la ejecución del gasto votado por el Parlamento a algún inciso. En octubre, cuando el presupuesto estaba siendo analizado en la Cámara de Diputados, el diario El País dio cuenta de un informe jurídico de la Udelar que advirtió que este artículo era inconstitucional, porque el gobierno no puede restringir las partidas votadas por el Parlamento.
Olesker dijo a la diaria que el FA comparte que se trata de una norma inconstitucional, pero consideraba al menos una mejora la excepción de algunas áreas claves y pretendía que en la votación del Senado se sumara a la lista de organismos excluidos del tope a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Bergara sostuvo que “es seguro que el recorte va a seguir en la etapa de ejecución presupuestal”, porque hay “inconsistencias entre los montos que se presupuestan y las metas fiscales que el gobierno tiene”. Este comentario está basado en que tanto la oposición como analistas privados y el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas —que asistió el martes al Senado— creen que las proyecciones del MEF son muy optimistas.
Consultado al respecto, el subsecretario del MEF, Alejandro Irastorza, dijo tras la comparecencia ante la comisión que las proyecciones del MEF “son los números al 31 de agosto”, cuando se presentó el presupuesto, y que no sufrirán cambios al menos hasta febrero, cuando está prevista una revisión en el marco de la nueva institucionalidad creada con la instauración de una regla fiscal. “Hay economistas que tienen otras proyecciones, pero pueden cambiar [sus estimaciones] cada 15 días”, agregó.
Sin acuerdo por la fórmula de ajuste para los funcionarios públicos
El senador blanco Jorge Gandini es el encargado dentro de la bancada oficialista de negociar con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) por el artículo 4, que establece cómo será el ajuste salarial que tendrán los trabajadores públicos durante el período. Desde que ingresó el presupuesto al Parlamento, el gremio reclama que quede definida en la redacción la forma de recuperación de la pérdida salarial que sufrirán los trabajadores públicos en 2021.
Es que el Ejecutivo estableció un cambio de metodología de ajuste a partir de 2022, cuando comenzarán a otorgarse aumentos en función de la inflación proyectada por el gobierno. Hasta ahora se daba un aumento en enero por la mitad del rango meta y al año siguiente se pagaba la compensación por la diferencia. Esto lleva a que en 2021 los funcionarios sólo reciban la compensación de la inflación pasada e inevitablemente tengan pérdida salarial.
El martes Gandini manifestó que “hay que asegurarles [a los funcionarios] en qué año van a recibir la recuperación salarial” y que veía cercana “una solución” tras la negociación que efectuó con COFE. Señaló que restaba “la aceptación del equipo económico”, aunque en la comparecencia de este miércoles no se avanzó en esto y se dejó para conversar en los próximos días con las autoridades, explicó el senador a la diaria.
Consultada la delegación del MEF sobre este tema, la coordinadora de Política Económica, Marcela Bensión, dijo que con el artículo 4 “el Poder Ejecutivo se compromete, y es bien claro en ese compromiso, que no habrá pérdida de salario real en el quinquenio”. Añadió que la baja salarial de 2021 en el sector público se dará “también en el resto de los trabajadores del sector privado, [porque] fue el acuerdo que se hizo entre la sociedad toda para atender la pandemia”.
Una fuente del MEF que participa en la negociación con COFE dijo a la diaria que de momento, al no haber acuerdo con el gremio, no puede incluirse en el artículo del presupuesto la forma de recuperación salarial. Hacerlo, explicó, sería una mala señal, porque se estaría imponiendo una fórmula, y también mostrar las cartas en plena negociación, agregó. El informante destacó que las conversaciones con COFE vienen desde hace cuatro meses bajo un buen clima, y que podría ocurrir que se extiendan más allá del plazo de votación del presupuesto.
Este jueves el gremio de funcionarios estatales tiene prevista una movilización por este asunto frente al Ministerio de Desarrollo Social, y cada filial resolverá si acompaña o no con un paro de actividades.
Desde la oposición, Bergara manifestó que el artículo “implica una caída del salario real de los trabajadores públicos, y atrás viene la caída de las jubilaciones y las pensiones”, que ajustan cada año en función del incremento del total de los salarios. El senador indicó que el compromiso del gobierno según la redacción actual es “que en 2024 se vuelve al mismo nivel de salario actual, que no es lo mismo que recuperar el salario real”, ya que no se contempla dar compensaciones cada año para asegurar mantener el poder de compra.