Uruguay comenzó formalmente hace una semana el análisis de la futura reforma del sistema de seguridad social, con la instalación de una comisión de expertos de 15 miembros que cuenta con representantes políticos y sociales. Se está analizando todo el sistema: no sólo el tramo que administra el Banco de Previsión Social (BPS), que se basa en una solidaridad intergeneracional entre trabajadores, sino también el esquema de ahorro individual que gestionan las AFAP y las cajas paraestatales.
Cuál es el punto de partida de Uruguay y qué desafíos plantea la futura reforma del sistema previsional fueron los temas centrales abordados en un seminario virtual organizado este jueves por la Corporación Andina de Fomento (CAF) - Banco de Desarrollo de América Latina. Allí también se presentó un informe titulado “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina”, que incluye datos sobre la realidad de Uruguay en términos comparativos.
Luego tomaron la palabra cuatro integrantes de la comisión de expertos que está en funciones: su presidente, Rodolfo Saldain —designado por el gobierno—; el economista Hugo Bai, que fue nombrado como delegado del PIT-CNT; la directora del BPS en representación de los empresarios, Elvira Domínguez, y el economista Gabriel Regalado, que es parte de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU).
Saldain, quien aclaró que iba a hablar a título personal y no en nombre del gobierno ni de la comisión que preside, señaló que Uruguay gasta 11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en jubilaciones y pensiones, mientras que otros países “tienen un gasto significativamente menor pese a tener mejores tasas de reemplazo (porcentaje del sueldo que cubre la pasividad) y mayor envejecimiento”. Sostuvo que a esos países, que “son los mejores de la clase”, como Dinamarca, Suecia u Holanda, hay que mirar desde Uruguay.
Rodolfo Saldain, durante una conferencia, luego de que el el Poder Ejecutivo instalara la comisión de expertos con representantes de los partidos políticos y organizaciones sociales para la seguridad social, el 5 de noviembre.
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“¿Qué hicieron? Simple: tempranamente iniciaron esquemas mixtos con altos niveles de ahorro individual, y hoy tienen entre una y dos veces su PIB destinado a solventar jubilaciones” a través de sistemas como las AFAP locales. Si se toman en cuenta “las lecciones que nos muestran los mejores de la clase”, se podría lograr que “la mochila que les vamos a dejar los mayores a los jóvenes” sea más liviana, ya que un mayor esquema de capitalización individual redundaría en un menor gasto del Estado en pensiones.
A su turno, Bai dijo que en la visión de los trabajadores es “importante mantener” un esquema de ayuda intergeneracional como el del BPS, porque tienen un rol redistribuidor que permite que “exista una transferencia de los sectores con mayor capacidad” a la población de menores recursos. Sobre las AFAP, sostuvo que el sistema creado en 1996 —cuando se hizo la última reforma previsional— “fracasó” porque no ocurrió la competencia entre empresas que se anunció, y eso llevó “a que el sistema tenga un costo elevado que da un lucro excesivo a los privados en detrimento del ahorro de los trabajadores”. Agregó que hoy día el Estado, por intermedio del Banco de Seguros, asume el riesgo de pagar la renta vitalicia —la jubilación en base a lo ahorrado en las AFAP— porque los actores privados no participan en ese mercado. “Hay que generar una reforma estructural muy importante” del sistema de ahorro individual, sostuvo Bai, y planteó que podría existir “una administración profesional de la cartera de inversiones dentro del sector público”.
En respuesta a lo dicho por Saldain, el economista del PIT-CNT señaló que se debe atender que “partimos de mercados laborales diferentes” y hasta de “Estados de bienestar bien distintos” al mirar como referencia los sistemas de seguridad social de otros países. “Lo que puede funcionar en Suecia, trasladado a Uruguay, podría llevarnos a problemas enormes en materia de cobertura o suficiencia. Si sólo comparamos el gasto público en pensiones nos podemos perder una parte importante de la película”, subrayó.
Domínguez, representante de los empresarios, coincidió en que el sistema de AFAP “no ha cumplido con las promesas” y tiene “una comisión excesiva”, pero planteó que debe mantenerse con cambios: “promover más el ahorro voluntario” por fuera de la contribución obligatoria que, dijo, llegó “al límite” para empleados y empleadores; y crear un tercer fondo de ahorro —hoy hay dos dentro del régimen de AFAP— destinado a los más jóvenes, que invierta en instrumentos que den a largo plazo mayor rentabilidad.
Por su parte, Regalado dijo tener “coincidencias” con los otros representantes de sectores sociales. Puso énfasis en que la futura reforma debe “tener una mirada amplia e integral del sistema, no centrarse sólo en el BPS”, porque de lo contrario será “difícil” que la sociedad acepte cambios en las reglas “que concentren los esfuerzos en un subsistema sin avanzar en otros que tienen dificultades”.
“Un punto de partida favorable” y un “dilema” a resolver
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo previo a la presentación del estudio de CAF que los desafíos planteados “aplican a nuestro país”, que debe resolver “cómo brindar protección social de calidad” en un contexto de envejecimiento poblacional y cambios en el mundo laboral por la tecnología. “En comparación con la región tenemos un punto de partida favorable, tanto en la cobertura [del régimen previsional] como en la suficiencia, pero el sistema está fuertemente amenazado por tendencias demográficas, lo que a largo aliento afecta la sustentabilidad”, señaló respecto de la relevancia de la reforma en proceso. Mieres adelantó que “no será fácil resolver el dilema” de “como construir un diseño que tenga la capacidad de alcanzar el financiamiento y al mismo tiempo la suficiencia”.