La Justicia chilena formalizará a centenares de funcionarios militares ‒más de 500 retirados y 270 que todavía están en ejercicio‒ por una serie de maniobras fraudulentas cuyo monto supera los cuatro millones de dólares. Desde 2018 está en marcha esta investigación de fraude en el Ejército, por la sospecha de que se utilizaron recursos públicos para pagar deudas privadas.
Carlos Palma, fiscal de la región chilena de Aysén, situada en el sur del país, dijo el domingo, entrevistado por el diario El Mercurio, que prepara la formalización de unos 800 funcionarios por este caso. “Hemos terminado recién a fines de noviembre las diligencias de registro e incautación. Estamos en el proceso de análisis de evidencia, pero ya podemos afirmar que existe un número cercano a las 800 personas que van a ser objeto de formalización, en distintos tiempos, por supuesto, y por distintos grados de responsabilidad, en los meses que vienen”, afirmó el jurista.
La investigación refiere a hechos que ocurrieron entre 2007 y 2017. Según recordó Radio Bio Bio, en esa zona de Chile, en la IV División, los militares depositaban un aporte mensual para retirar esos fondos una vez que se jubilaran. Pero unos 500 de esos aportantes perdieron lo que habían depositado, y se organizó entonces un sistema para cubrir ese faltante de manera colectiva y con recursos públicos.
De acuerdo a lo que informó Radio Cooperativa, el caso llegó a la fiscalía en 2018, debido a que un informe de Contraloría detectó que se estaba tratando de resarcir a esos 500 militares mediante mecanismos por fuera de la legalidad. Se crearon contratos a cambio de un pago de honorarios, que en realidad no correspondían a ningún tipo de tarea o servicio. Además, se pagaron sueldos a funcionarios que ya estaban retirados y se establecieron comisiones de servicios y viáticos por trabajos que nunca se llevaron a cabo.
Luego de la realización de varios allanamientos en el edificio Bicentenario del Ejército, en Santiago, y en otras dependencias militares, se pudo establecer que existía un Plan de Cultura y Clima Organizacional, creado en 2008 por el entonces comandante en jefe, Óscar Izurieta, que era fraudulento. Tras las investigaciones se llegó a la conclusión de que el único objetivo de este plan ficticio era recuperar la plata perdida tomándola de recursos públicos.
De acuerdo a lo que informó Bio Bio, el delito de fraude fiscal se castiga con penas que van de 541 días a más de cinco años. Se determina la duración según el monto y la reiteración del delito.
Según dijo el fiscal en la entrevista del domingo, esta trama comenzó con la anulación, en 2006, del Fondo de Ayuda Mutua, que funcionaba de manera informal desde 1950 entre los militares. “Una vez que el Fondo de Ayuda Mutua cerró, se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios”, afirmó.
“En un primer momento, esas medidas estaban dentro del marco reglamentario y legal, que era realizar comisiones de servicios o dar prioridad a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente”, dijo Palma. “Sin embargo, y eso es lo que se está investigando desde el punto de vista penal, en algún momento las comisiones de servicio se decretaban y pagaban, pero no se hacían: los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización de trabajo, por lo tanto existía salida de dinero sin justificación, y en algunos casos, extensión de los beneficios posretiro a un plazo mayor al legalmente permitido”, agregó el fiscal.
Palma agregó que se están “evaluando algunas responsabilidades más pequeñas y, eventualmente, ese número [de 800 posibles imputados] podría subir un poco”. Calificó esta investigación como “de largo aliento”, la consideró “compleja, tanto por el número de los involucrados como por los montos y las distintas vías implementadas para cometer el fraude”, y agregó que “a pesar del largo aliento”, ya existen las condiciones para formalizar una investigación.