El 18 de setiembre Presidencia de la República abrió una investigación administrativa sobre los viajes realizados por Miguel Ángel Toma, ex secretario de Presidencia durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez y actual fiscal de gobierno. La información sobre esos viajes había sido dada a conocer por el programa de Radio Carve Así nos va y por el semanario Búsqueda. Se trataba de misiones oficiales que Toma hizo a Roma, en 2018 y 2019, junto con una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), en el marco de los juicios por el Plan Cóndor.
Así las cosas, este miércoles Lacalle Pou firmó un decreto en el que resolvió que se le inicie un sumario administrativo a Toma “con suspensión preventiva en la función, por el plazo de seis meses”. En el documento se consigna que el instructor de la investigación administrativa concluyó que “existe una clara contradicción” entre el informe del 30 de diciembre de 2019 dirigido a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y las declaraciones de Toma recabadas por la investigación de Presidencia.
En el decreto se señala que “en alguna de las misiones oficiales” autorizadas por el Poder Ejecutivo a las que concurrió Toma “no surgió acreditada la autorización previa del Presidente de la República o la justificación debida correspondiente cuando asistía más de una persona a una misión y el motivo por el cual no podían llevar a cabo dicha misión los funcionarios del Servicio Exterior que prestan funciones en el lugar donde habría de realizarse la misma”. Se agrega que “todo ello” lo exige el decreto que fijó el procedimiento para la autorización de las misiones oficiales (148/992), del 3 de abril de 1992.
También se indica que si bien la resolución que autoriza cada misión oficial es competencia del Poder Ejecutivo, las misiones en las que viajaba Toma, “de acuerdo a sus propias declaraciones, eran por él ordenadas, así como la designación de los funcionarios que acompañarían su comitiva”. Por lo tanto, de la investigación administrativa surgen “hechos irregulares” responsabilidad de Toma, “relacionados con algunas misiones oficiales a las que concurrió en el período 2015-2020”.
Se constató que “por lo menos tres de los procedimientos correspondientes” a misiones oficiales “no tuvieron la autorización previa del Presidente de la República” y fueron observados por el Tribunal de Cuentas. Se agrega que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto observó “la falta de autorización del Presidente de la República en los referidos procedimientos de autorización de las misiones oficiales”.
En cuanto a las contradicciones de Toma, se subraya la referida al rol de la contadora de Senaclaft que lo acompañó en los viajes, Giuliana Pérez Muñiz. Se indica que ante la Jutep Toma dijo que la contadora asesoró “en daños civiles derivados de delitos penales” y además “en la investigación de la ruta de dineros que podrían estar financiando a algunos de los interrogados en el Plan Cóndor”. En cambio, en la investigación de Presidencia dijo que Pérez “cumplió funciones meramente de asistencia al entonces secretario de Presidencia en sus viajes”.