Culminó el trabajo de un comité de expertos —integrado por asesores del gobierno y que surge de la ley de urgente consideración (LUC)— que hizo un análisis integral del mercado de combustibles y elevó al gobierno una propuesta que incluye varias reformas: eliminar la mezcla de biodiésel o importar el producto para abaratar el precio del gasoil; revisar la tasa de subsidio al boleto; que los precios al público en tres años se equiparen con la paridad de importación; y que las estaciones de servicio puedan, al terminar este proceso, vender al público a precios diferenciales.
Ahora el Poder Ejecutivo evaluará estos planteos y presentará un informe en enero ante el Parlamento, pudiendo tomar en cuenta o no las reformas recomendadas. Este proceso forma parte del esquema definido para el precio de los combustibles en la LUC, que tiene como nueva referencia el precio de paridad de importación (PPI) —un cálculo teórico que genera discusión— que calcula la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua(URSEA).
En una presentación virtual para la prensa, el asesor del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) Gonzalo Irrazábal explicó que con los cambios se busca “un mercado transparente y competitivo”, así como “romper la lógica” vigente para la fijación de precios, que implica un valor máximo a partir del que “se remunera al resto de la cadena” (estacioneros, distribuidoras y fleteros).
Precio al público, biocombustible e impuestos
El PPI que calcula la URSEA refiere al precio del combustible al salir de la planta de ANCAP, es decir que influye directamente en las ganancias de la empresa. Si se decidiera, a partir de 2021, fijar las tarifas de combustible en función del PPI, los precios serían menores y ANCAP perdería unos 86 millones de dólares en el año.
Como solución, los asesores recomiendan “establecer un factor de ajuste del precio [la tarifa que fija el Poder Ejecutivo] que tiene que converger a cero [y quedar igualado al PPI] en un plazo máximo de tres años, con un ajuste de esa variable que sea anual y diferenciado por producto”. Esto último se debe a que, además de una diferencia hacia arriba entre el PPI de los combustibles y el precio al público, hay una ecuación opuesta para el supergás, por la que ANCAP vende a un precio subsidiado, menor al teórico que calcula la URSEA. La variable de ajuste “la debe determinar el Poder Ejecutivo”, dijo Irrazábal.
A su vez, el comité de asesores analizó la situación de los biocombustibles, un proceso iniciado también por ANCAP, que produce el biodiésel para mezclar con el gasoil y el bioetanol para las naftas en su subsidiaria Alcoholes del Uruguay (Alur).
“Proponemos evaluar la eliminación del biodiésel o su sustitución por el importado [que valdría menos]. Antes de decidir al respecto, el Poder Ejecutivo debe considerar tres cosas: que hay 40 puestos de trabajo asociados a la mezcla de biodiésel, que hay compromisos de cambio climático que establecen 5% de biodiésel, y que hay un contrato con un operador privado por el servicio de molienda —la empresa COUSA tiene contrato hasta 2028—, se use o no”, señaló el asesor del MIEM.
Respecto de los impuestos que inciden en el precio de los combustibles, los asesores apuntaron al fideicomiso del boleto, que se nutre de una tasa aplicada al gasoil (que hoy representa 9% del valor al público) que luego se distribuye entre las empresas de transporte. “Analizar este instrumento y si todo el peso debe recaer en el gasoil. Una posibilidad es una redistribución de una parte en la nafta”, detalló Irrazábal.
Etapas hasta una “libertad vigilada” en los precios intermedios
Para la última parte de la cadena de combustibles, donde ANCAP ya no interviene de forma directa sino que lo hacen las distribuidoras y los estacioneros, el comité de asesores propone, en un plazo de tres años, “un proceso por etapas”, implementando cambios “graduales, previsibles y razonables” para los actores involucrados. Los objetivos que se persiguen son “tratar [de] que las estaciones logren competencia; que las distribuidoras asuman el transporte y la logística que hoy hace ANCAP”; y tener como escenario final un mercado intermedio con precios liberados”.
En la etapa 1 del esquema propuesto se prevé “un precio máximo intermedio” que calculará la URSEA y regulará el valor de venta a distribuidoras y estaciones. Así habrá “una protección a las estaciones para que las distribuidoras no cobren más del precio máximo regulado”, y un incentivo para estas últimas que podrán ser más eficientes al “ganarle al precio teórico [que fijará la URSEA] y tener una mayor ganancia”.
En la etapa final, se aspira a tener “un mercado maduro, donde la regulación sea la mínima” y exista “libertad de precio” fuera de la planta de ANCAP. El asesor del MIEM aclaró que se tratará de “una libertad vigilada”, porque la URSEA como regulador “podría fijar precio [en cualquier parte de la cadena] ante la constatación de abusos”.
¿Qué cambia para los consumidores? Explicó que “podrá haber precios diferentes” en cada estación, ya que estas “tendrán margen” para competir con el nuevo esquema que se aplicaría.
El comité de expertos que trabajó en el informe estuvo conformado por Irrazábal, Horacio Bafico por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Pablo Mautone por el Ministerio de Economía y Finanzas, Andrés Hermida por la URSEA, Ricardo Gorosito por el Congreso de Intendentes, y Noelia Medina y María José González por el MIEM.