La organización civil Human Rights Watch (HRW) reclamó al gobierno paraguayo que garantice una investigación “independiente, imparcial, transparente y sin demoras” sobre las muertes de dos niñas argentinas, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, en un campamento del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El 2 de setiembre, ese campamento, establecido en la localidad de Yby Yaú, fue blanco de un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta. La acción de este grupo de elite integrado por policías, militares y funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas, dejó como resultado la muerte de Lilian y María Carmen, con varios disparos cada una.
Según explicó después la madre de Lilian, Myriam Villalba, las dos niñas vivían en Argentina, donde habían nacido, pero fueron al campamento del EPP a visitar a sus padres. Las niñas eran primas y las dos tenían 11 años.
Después del operativo, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, viajó hasta la zona. Calificó al operativo como “exitoso en todos los sentidos”, y dijo que habían muerto dos mujeres que integraban el EPP. Incluso cuando las niñas fueron identificadas y los familiares dijeron su edad, el gobierno insistió en que eran mayores. Por ese motivo exhumaron sus cuerpos y confirmaron que tenían 11 años.
A pedido de HRW, el Grupo de Expertos Forenses Independientes (IFEG, por su sigla en inglés) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura emitió un informe sobre la investigación que se desarrolló hasta ahora en Paraguay. Según su evaluación, las autoridades “destruyeron pruebas fundamentales” y “violaron tanto sus propios protocolos de investigación como normas internacionales de derechos humanos”, informó HRW en un comunicado.
“Hay graves irregularidades en la investigación”, sostuvo en ese texto José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la organización. En su comunicado, HRW enumeró varias. Dijo que “se apresuraron a enterrar a las víctimas sin realizar una autopsia” y quemaron la ropa que llevaban puesta. Las autoridades dijeron en setiembre que tomaron esas decisiones para prevenir contagios de covid-19; sin embargo, no existía un protocolo de ese tipo para muertes violentas, y además únicamente se quemó la ropa de las víctimas, y no las otras que se encontraron en el campamento.
“Onder Ozkalipci y Karen Kelly, dos peritos médicos forenses con una larga trayectoria internacional que forman parte del IFEG, concluyeron que la eliminación de la ropa de las niñas ‘representa la destrucción de evidencia crucial que viola los principios más básicos y fundamentales forenses y de la investigación penal’”, afirma HRW.
La organización señaló que otra irregularidad constatada fue que se afirmara, “en función de un examen forense que no es confiable”, que una de las niñas disparó un arma. Los técnicos del IFEG cuestionaron la prueba de parafina que se aplicó a las manos de las niñas para determinar si habían disparado, y que dieron positivo en el caso de una de ellas. Argumentaron que el valor de esas pruebas es “marginal en el mejor de los casos”, porque existen muchas sustancias que podrían llevar a un resultado positivo, desde leguminosas o fertilizante, hasta jabón y agua de la canilla.
Otra irregularidad mencionada en el comunicado consistió en que “le prohibieron a un representante de los familiares [una abogada] estar presente en un examen forense de los restos y le negaron acceso a la investigación”.
El miércoles, cuando se cumplieron tres meses de la muerte de las niñas, un grupo de personas se congregó frente a la embajada de Paraguay en Buenos Aires para reclamar que estos asesinatos no queden impunes. También el gobierno argentino pidió al paraguayo, en setiembre, que se autorice al Equipo Argentino de Antropología Forense a exhumar los cuerpos y hacer una autopsia, pero hasta ahora no obtuvo respuesta, de acuerdo con HRW, que se suma a este reclamo. Tampoco tuvo respuesta el pedido de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, que reúne a diversas organizaciones sociales, de que se creara una comisión para investigar estas muertes.
“Las autoridades de Paraguay atribuyen delitos muy graves a miembros del EPP, quienes deberán responder por sus acciones si se demuestra su culpabilidad tras una investigación y un juicio justo”, manifestó Vivanco. “Pero la acción del Estado también debe ajustarse a los límites de la ley. Toda muerte causada por fuerzas del Estado debe ser investigada de forma imparcial y con la mayor rigurosidad”, agregó.