La compañía peruana CDC, ubicada en una de las zonas más emblemáticas y violentas de la minería informal del norte de Perú y convertida en exportadora de oro a Estados Unidos e India, declaró que sus accionistas eran una sociedad offshore en Uruguay y una aseguradora de Nueva Zelanda. Sin embargo, los documentos descubiertos por las autoridades neozelandesas en un proceso de liquidación contra esta última establecieron que la persona que realmente controla la minera es Fidel Sánchez Alayo, procesado por lavado de dinero de drogas en Colombia y México.
En 2019 OjoPúblico reveló el papel de Fidel Sánchez en una operación financiera para favorecer a CDC con un préstamo de tres millones de dólares por parte del Banco Nacional de Samoa. La participación en esta transacción del hijo del empresario liberteño Manuel Sánchez Paredes, principal procesado del caso Sánchez Paredes, fue detectada e investigada por las autoridades de Nueva Zelanda y posteriormente revelada por el medio The National Business Review, de dicho país.
En ese contexto, OjoPúblico, de Perú, y la diaria, de Uruguay, hicieron una investigación conjunta para profundizar en el caso iniciado por las autoridades de Nueva Zelanda y hallaron que la exportadora de oro, que posee concesiones dentro del convulsionado cerro El Toro (Huamachuco, La Libertad), llegó a tener como accionistas a la offshore Nikoley, de Montevideo, a la aseguradora neozelandesa Contractors Bonding Limited (CBL, liquidada definitivamente en 2019) y a un contador uruguayo llamado Diego Martínez Bernie, quien al mismo tiempo ejercía como representante de Nikoley.
Martínez Bernie es propietario de MM&A Global Consulting Network desde 1995. Esta empresa es proveedora de “servicios jurídicos y fiscales” para “empresarios del exterior” y opera en 18 países de América. Martínez Bernie es, además, vicepresidente de la Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste Asiático), tiene múltiples contactos políticos en Uruguay y está vinculado, junto con su hermano Luis Martínez, a otras offshores, en Bahamas, Malta y Panamá. El diario argentino La Nación incluso vinculó a Martínez Bernie con la ruta del dinero K.
Este caso se originó en 2018, cuando el Banco Central de Reserva de Nueva Zelanda inició un proceso de liquidación de la aseguradora neozelandesa que acabó con su aprobación en la Corte Superior de dicho país. En esta intervención, los auditores recolectaron información de los correos corporativos de CBL, accionista minoritaria de CDC; mientras la Serious Fraud Office, una fuerza especializada del Ministerio de la Policía de Nueva Zelanda para crímenes económicos, también se involucró en el tema y acusó al dueño de CBL, Peter Harris, de irregularidades financieras.
Precisamente, en dichas pesquisas las autoridades de Nueva Zelanda encontraron más de 40 correos electrónicos en poder de CBL que confirman la posición de dominio de Fidel Sánchez respecto de la exportadora de oro CDC por intermedio de la sociedad offshore uruguaya Nikoley. En uno de los mails más reveladores del expediente de este caso, Harris llegó a escribir en 2010: “El principal accionista de la compañía [CDC] responde a los intereses del Sr. Fidel Sánchez”. Una foto de estos dos personajes, incluida en la memoria anual de CBL, confirma su estrecha relación.
CDC fue creada en 2009 –casi en paralelo al inicio de las pesquisas de la Policía Antidrogas contra Fidel Sánchez y su familia por lavado– y hoy tiene un capital de 3,6 millones de dólares. Según el Ministerio de Energía y Minas de Perú, dicha compañía tiene siete concesiones en Huamachuco (La Libertad), pero no declara producción anual. Sin embargo, entre 2012 y 2019 registró exportaciones por 18 toneladas de oro a países como India, Estados Unidos e Italia. En setiembre de 2019, dos semanas después de que OjoPúblico y la diaria visitaran la sede de la offshore Nikoley en Uruguay, la minera cambió de nombre a Summa Gold Corporation.
En el papel, CDC fue creada en Lima en 2009 por los peruanos Ricardo Godofredo Canales Canales y Víctor Narciso Núñez Mendoza. En los Registros Públicos no existe mayor información sobre si estas personas siguieron en el accionariado. Sin embargo, documentos que obran en el expediente abierto por la justicia de Nueva Zelanda indican que la exportadora de oro peruana llegó a decir en 2012 que su dueña principal era la offshore uruguaya Nikoley, creada en 2009, y que también tiene como representante al contador Martínez Bernie con acciones al portador.
Aquellos documentos incluso identifican al contador uruguayo como el dueño de 1% de las acciones de CDC junto con Nikoley, y ambos aportaron más de 742.000 dóalres en 2012. Ese año el resto del capital fue aportado por la ya citada CBL, empresa de Nueva Zelanda dirigida en ese entonces por el empresario Harris, natural de dicho país.
De igual manera, CDC ratificó en 2019 –a siete años de su primera afirmación– que la uruguaya Nikoley sigue siendo su accionista en el marco de la denuncia penal que sus representantes en Lima plantearon al Ministerio Público contra el periodista Tim Hunter, de The National Business Review, de Nueva Zelanda, el primer medio que difundió las pesquisas iniciadas en 2018 por las autoridades de dicho país. La empresa minera acusa a dicho periodista de haber falsificado los documentos que publicó con el objetivo de invalidar los correos que revelan la participación de Fidel Sánchez.
El nombre de Fidel Sánchez no debe aparecer
En el archivo judicial de Nueva Zelanda, OjoPúblico y la diaria identificaron más de 40 correos entre la aseguradora CBL y la minera que confirman el vínculo entre Fidel Sánchez y CDC. Un primer grupo de correos, enviados entre mayo y junio de 2010, detalla las conversaciones del neozelandés Harris con el empresario estadounidense Glen Hammer y el abogado peruano Gino Sangalli Ratti, que entonces trabajaba en la firma legal Rodrigo, Elías & Medrano, respecto de los antecedentes judiciales de Sánchez Alayo.
En este primer período, Harris intercambió cuatro correos con Hammer, quien es descrito como “amigo de Fidel Sánchez”, para coordinar un préstamo de tres millones de dólares por parte de la aseguradora neozelandesa a la minera peruana. “El nombre de Fidel [Sánchez] no aparecerá en ningún documento”, dijo Hammer en un correo enviado el 27 de mayo de 2010.
“Claramente, él [Fidel Sánchez] no quiere su nombre en ningún documento del préstamo [...], en ningún documento bancario”, respondió Harris más adelante, el 3 de junio de 2010. En esta comunicación, el entonces director de la aseguradora advirtió que “el nombre de Fidel (o de su familia) es una alerta roja en Perú”. Efectivamente, Sánchez Alayo, su padre, Manuel Sánchez Paredes, y sus tíos Orlando y Wilmer tienen antecedentes por narcotráfico a nivel internacional desde los años 80. Otros dos de sus tíos, Perciles y Simón, fueron asesinados.
En 1987, Fidel Sánchez fue detenido en un operativo de la Policía mexicana, que descubrió un laboratorio de cocaína y armas de guerra en el rancho de su asesinado tío Simón Sánchez Paredes. Ante la Justicia peruana, dos confesos narcotraficantes peruanos lo vincularon en su momento con el narcotráfico. Hoy, este empresario es enjuiciado en la Sala Penal Nacional por presunto lavado de dinero del tráfico de drogas.
En aquel primer grupo de correos, Harris recibió la asesoría del abogado Sangalli Ratti, en ese entonces socio del estudio legal Rodrigo, Elías & Medrano. Este letrado advirtió a Harris que “el nombre de Fidel Sánchez” está vinculado a “investigaciones realizadas en Perú y México por delitos relacionados a las drogas”, según se advierte en un correo de junio de 2010.
El archivo judicial de Nueva Zelanda contiene un total de seis correos con advertencias de Sangalli a Harris sobre los antecedentes de Fidel Sánchez. Consultado por correo electrónico sobre esta asesoría a CBL, el abogado dijo, por esa misma vía, que dicha aseguradora financiera no ha llegado a contactar el estudio Rodrigo, Elías & Medrano. Sin embargo, sus correos corporativos de esta firma copiados a otros letrados del mismo bufet lo desmienten.
Un segundo grupo de correos, remitidos entre agosto de 2010 y abril de 2012, confirma que Fidel Sánchez mantenía una posición de dominio sobre la minera CDC, por medio de la empresa Nikoley, aun cuando nunca figuró en su accionariado oficialmente. Este grupo de mensajes se inicia con una propuesta económica de Harris, de la aseguradora, enviada por mail en junio de 2010: “Estimado Fidel, remitimos una nueva oferta para usted [...] hemos borrado su nombre de todo”. El correo detalla nuevas condiciones sobre el préstamo, que finalmente será hecho desde Samoa, y que el nombre de Fidel “no aparecerá en ninguna documentación”.
En octubre de 2010, en un segundo correo, Harris explica que “el nombre de la compañía es Corporación del Centro” y que “el principal accionista de la compañía responde a los intereses del Sr. Fidel Sánchez”. En el mismo correo, Harris explicó que “el Sr. Sánchez no participará en la operación ni el control de la compañía” para no afectar el proyecto en el cerro El Toro, conocido centro de la minería informal, según las autoridades peruanas.
Un tercer correo, enviado en junio de 2011 por otro socio de la aseguradora neozelandesa, Sam Damoussi, detalla que “la mina de oro El Toro en Perú es 100% de propiedad de Corporación del Centro”, cuyas acciones “son 88% de Fidel Sánchez”. Igualmente, en setiembre de 2011, Harris confirmó que “Fidel es el beneficiario final de 88%” de la exportadora peruana y relató una reunión con Sánchez Alayo, quien se trasladó con guardaespaldas y “tiene cuatro armas él mismo”.
Finalmente, en un correo de abril de 2012, Harris menciona que “Nikoley SA Uruguay actúa por los intereses de Fidel Sánchez, quien tiene 87%” de las acciones de la minera. En el escrito, el director de la aseguradora brinda más detalles de uno de sus encuentros con Sánchez Alayo en Lima: “El Toro pagó por mi reserva de hotel y viáticos, y Fidel, muy amablemente, me invitó a su casa para una salida con su familia”.
A este grupo de correos se suman tres mails enviados directamente a Sánchez Alayo que prueban su control de la minera. El primero data de setiembre de 2012 y fue remitido al “Ing. Fidel Sánchez” por Alejandro Portal Navarro, quien en Registros Públicos aparece como uno de los directores de CDC. El segundo fue enviado en enero de 2013 por Hammer a “Fidel Sánchez” para informar sobre el acuerdo con la aseguradora CBL. Finalmente, el tercero fue escrito en diciembre de 2014 por Harris para “Fidel Sánchez”, en el que le indica que aceptará tres millones de dólares en “dinero u oro” por la venta de sus acciones.
Los nexos de CDC con las empresas San Simón
Las oficinas de MM&A Consulting Network en Montevideo.
Foto: Ernesto Cabral, OjoPúblico
En febrero de 2019, OjoPúblico reveló que CDC obtuvo la aprobación de un préstamo de tres millones de dólares del Banco Nacional de Samoa, con el apoyo de la aseguradora de Harris. Sin embargo, otro grupo de correos analizados por las autoridades de Nueva Zelanda revela las limitaciones financieras del proyecto minero El Toro y la participación de dos empresas acusadas por las autoridades peruanas de lavado de dinero del narcotráfico: Compañía Minera San Simón y San Simón Equipos.
“La operación [de CDC] ha sido financiada por Fidel [Sánchez] y por la minera familiar San Simón, que proporciona hombres y plantas a El Toro”, explicó Harris en abril de 2012. En el mismo correo, el empresario neozelandés reveló: “Fidel solicitó que también refinanciemos la mina familiar [Compañía Minera] San Simón, que necesita dinero en efectivo”.
Unas anotaciones de Harris de setiembre de 2011 revelan que Fidel Sánchez aportó 400.000 dólares “de su propio dinero” a CDC, y trasladó maquinaria y a un ingeniero de la Compañía Minera San Simón al proyecto El Toro “hasta que la mina esté produciendo”. En el expediente en manos de las autoridades de Nueva Zelanda también aparecen los estados financieros de CDC, los mismos que registran, aunque sin fecha, una deuda de 84.000 dólares contraída con la empresa San Simón Equipos.
Entre 2012 y 2019, Compañía Minera San Simón –incluida en el proceso por lavado de dinero contra Fidel Sánchez y su padre– exportó oro a India (por un valor de 61 millones de dólares), Emiratos Árabes Unidos (36 millones de dólares) y Estados Unidos (29 millones de dólares). Entre sus clientes se destacan Kundan y AJ Gold & Silver Refinery (India), Advancer Logistics (Estados Unidos) y Group 4 Securicor (Emiratos Árabes Unidos). La lista es completada por Italpreziosi, de Italia.
Investigación fiscal en La Libertad: la pista de la violencia
Además del archivo de Nueva Zelanda, OjoPúblico y la diaria accedieron a un expediente judicial en Perú que involucra a CDC –cuyo nombre desde setiembre de 2019 es Summa Gold Corporation– con enfrentamientos en el conflictivo cerro El Toro. A inicios de octubre del año pasado, un grupo de por lo menos 31 personas ingresó al caserío de Coigobamba, ubicado en el distrito de Huamachuco, La Libertad, para “cuidar el perímetro de la mina”.
Actualmente, el fiscal provincial de La Libertad, Henry Espinoza Urbina, investiga este grupo de personas por los presuntos delitos de homicidio, banda criminal y usurpación, luego de que ingresaran a derrumbar los hogares de una familia de la zona y se enfrentaran con una ronda campesina en el cerro El Toro, que ocasionó la muerte de cuatro personas de ambos bandos. Por lo menos dos comuneros agraviados involucraron en los hechos a la minera Summa Gold Corporation.
El expediente de este caso recoge las declaraciones del comunero Eladio Ruiz Carrión, quien dijo que un grupo armado sacó a su hijo de la casa y lo llevó amarrado a la minera Summa Gold, antes de destruir su hogar con maquinaria pesada. Otro comunero, Fernando Polo Espejo, residente en el mismo Coigobamba, aseguró que el predio destruido de Ruiz Carrión limita con la empresa minera Summa Gold Corporation.
En un comunicado del 6 de octubre, Summa Gold Corporation rechazó “aquellas tendenciosas informaciones, carentes de sustentos, que pretenden involucrar a nuestra empresa” en los hechos de violencia relatados por los comuneros agraviados. En los alrededores del enfrentamiento, esta minera registra siete concesiones en los caseríos de El Toro, Coigobamba, Shiracmaca y Santa Cruz de un total de 4.400 hectáreas, según información del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú.
Alrededor de esta región, tres concesiones mineras denominadas “La Burbujita”, de 88 hectáreas, se encuentran registradas bajo la titularidad de Inversiones Crooke, compañía dirigida por el peruano Luis Rodríguez Estrella, quien fue señalado por la revista Caretas en 2010 como trabajador de la Compañía Minera San Simón, de la familia Sánchez Alayo. En febrero de 2019, la misma CDC reportó que Inversiones Crooke era una de sus accionistas. La revelación fue hecha por la empresa en la denuncia penal contra el periodista neozelandés.
En el mismo expediente de la muerte de las cuatro personas cerca del cerro El Toro se indica que el origen de la violencia fue “para desalojar [a quienes] invadieron la mina de los Sánchez Paredes”. “A seis personas les dieron una escopeta cargada [...] caminando hasta una mina habiendo escuchado [sic] que era de los Sánchez Paredes”, dijo Jean Núñez Céspedes, otro de los involucrados en la agresión. El testimonio detalla que “todos los que tenían armamento se metieron a los ranchos y sacaron a dos personas jóvenes [...]. Al niño lo amarraron de manos y pies. Ambos gritaban asustados”.
La madre de uno de los fallecidos, el policía en retiro Jorge Vera Paz, dijo a la fiscalía que su hijo recibió por celular una oferta para brindar seguridad en una minera: “[Dilcia Paz Castro preguntó a su hijo] a quién le pertenecía la mina, recibiendo como respuesta que la minera era de los Sánchez”.
OjoPúblico intentó comunicarse con CDC desde diciembre de 2018 para elaborar su primer reportaje, y a finales de 2019 para esta publicación. A pesar de los correos, las llamadas telefónicas y las cartas dejadas en su sede en Lima, no hubo respuesta alguna. Cuando OjoPúblico y la diaria visitaron la oficina de Martínez Bernie, de Nikoley, en Montevideo, una trabajadora, que prefirió no identificarse, dijo: “No autorizamos publicar nada sobre nuestra empresa”.
El contador uruguayo tampoco contestó las preguntas que se le enviaron sobre la minera y Fidel Sánchez. También fue ubicado Harris, de CBL. Por intermedio de su representante Geoff Senescall, el ex directivo de la aseguradora dijo que las acusaciones son “sin fundamento”. Harris culminó su correo con esta pregunta: “Ustedes dicen que el Sr. Sánchez es el dueño de la mina El Toro. ¿Qué pruebas tienen para corroborar esto?”.