Maya Cikurel Spiller es contadora, tiene 46 años y este miércoles se disponía a cruzar desde Colonia hacia Buenos Aires junto con su pareja, Pablo da Silveira, el futuro ministro de Educación y Cultura, cuando fue detenida porque tenía una alerta roja de Interpol desde abril de 2019. Cikurel está requerida por presuntas implicancias en el caso de la constructora brasileña Odebrecht, acusada de pagar coimas millonarias y sobornos a mandatarios y gobernantes de varios países.
La ficha de Interpol sobre Cikurel señala que la mujer era buscada para un proceso penal en Panamá, ya que se vinculó con empresas “cuya beneficiaria era ella”. “Dentro de estas sociedades se encuentra, además de Klienfield, Baxley Assets, Hadar Assets, Innovation Research Engineering and Development, Sherkson International SA, sociedad inscrita en Uruguay y de las cuales se hicieron transferencias por la empresa brasileña Odebrecht para realizar los pagos ilícitos”, consigna en el documento. El delito por el que es requerida es contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, según el artículo 254 del Código Penal de Panamá, y tiene una pena máxima de 12 años.
Cikurel declaró a las 9.00 en el Juzgado Penal de Crimen Organizado de 4° Turno, a cargo de la jueza María Helena Mainard. A mediodía, y a pedido del fiscal Ricardo Lackner, Mainard dispuso 60 días de prisión preventiva domiciliaria para la mujer, y en ese plazo se esperará que Panamá envíe la solicitud formal de extradición con toda la documentación correspondiente, para que la Justicia uruguaya analice si se hace lugar al pedido. El procedimiento ya se habría iniciado.
En tanto, Da Silveira dijo a la diaria que prefiere no hacer declaraciones sobre el tema “porque existe el riesgo de que cualquier declaración sea interpretada como un intento de influir sobre la Justicia”, y no tiene “la menor intención de hacer eso”. “Entonces, lo mejor es esperar a que las cosas evolucionen confiando en que todo se va a aclarar”, sentenció.
El caso
El expediente del caso en la Justicia de Brasil está fechado en mayo de 2018. Según dice, entre 2010 y 2014 Odebrecht hizo pagos por más de 59 millones de dólares a funcionarios gubernamentales e intermediarios que trabajaban para ellos en Panamá, “a fin de obtener contratos de obras públicas, utilizando para ello la División de Operaciones Estructurales desde donde hicieron pagos en fondos no registrados a compañías ‘offshore’”.
Además, de 2001 a 2016 el grupo Odebrecht y “sus conspiradores” pagaron cerca de 788 millones de dólares en sobornos, en asociación con proyectos de otros países, “elaborando para ello el esquema criminal de sobornos en beneficio de funcionarios, candidatos y partidos políticos extranjeros”.
A su vez, el expediente del caso Odebrecht señala que la Fiscalía Federal de Suiza mantiene una investigación a varias empresas y ciudadanos como Odebrecht, Arcadex Corporation, con sede en Belice, y la propia Cikurel, que estaba vinculada con esta empresa, “por una diversidad de delitos, entre ellos, blanqueo de capitales”. En el expediente de la Justicia brasileña se indica que en diciembre de 2009 Odebrecht transfirió a Arcadex casi 20 millones de dólares. Además, esa empresa es la que está vinculada al pago de sobornos al ex presidente de Panamá (2009-2014) Ricardo Martinelli.
Repercusiones
Este hecho no pasó inadvertido para dirigentes del Frente Amplio (FA), la futura oposición. Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad Social, fue consultado por el tema este jueves en una rueda de prensa y dijo que “son las cosas que en Uruguay no debieran pasar”. “Además, me llamó mucho la atención la reacción que tuvo el futuro ministro de Educación, como diciendo que no tenía nada que ver, y que [ella] lo hizo antes [de que se conocieran]. Esto es parecido a lo que dijo la candidata a intendenta [por la coalición ‘multicolor’ Laura Raffo], que había criticado a los inspectores municipales cuando tenía menos de 40 años. Parecería que va a haber que aumentar la edad de imputabilidad”, ironizó.
Agregó que son las cosas “no serias que están pasando”, a las que hay que agregarle “lo que pasa con [Pablo] Caram en Artigas”, y que Agustín Bascou ha “seguido siendo intendente de Soriano aunque tiene delitos comprobados”. “Nosotros hemos pagado nuestros errores. Capaz que a veces demoramos un poco más o menos, pero hemos pagado. Creo que correspondería que todos lo hicieran”, finalizó.
A su vez, el diputado del FA Gerardo Núñez escribió en su cuenta de Twitter que mientras que Odebrecht “es una red corrupta, [de] sobornos y lavado de activos”, “el gobierno electo quiere dinamitar la inclusión financiera y la transparencia”. “Todavía siguen cayendo integrantes de esa red, ahora fue el turno de Maya Cikurel, pareja del futuro ministro de educación”, agregó. A su vez, el senador del FA Óscar Andrade escribió en la misma red social: “Urgente, pero de verdad urgente, es estar lejos de la red de corrupción de Odebrecht para que no re salpique”.