A 18 años de iniciado el concurso de acreedores en la empresa Correo Argentino, gestionada por la familia Macri, la jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso la “intervención plena” de la empresa y el “desplazamiento total” de sus directivos. De acuerdo con lo que informó Tiempo Argentino, las medidas habían sido pedidas por el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, luego de que no llegara a buen término ninguna de las propuestas de acuerdo de pago a acreedores.
“Nos encontramos frente a un escenario en el que durante el extenso lapso transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa”, afirmó la fiscal Boquín, que en su dictamen pidió el desplazamiento definitivo de la conducción privada de la empresa y la designación de un interventor para determinar, después de 18 años de concurso de acreedores, cuál es la deuda real de la empresa, explorar definitivamente la posibilidad de un salvataje o, en caso contrario, declarar la quiebra. El pedido se produjo luego de que se designara un coadministrador para investigar la deuda real de la empresa, cuyo monto aún no se pudo determinar con exactitud.
En su fallo, la jueza Cirulli cuestionó “el proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA en punto a la determinación concreta del pasivo posconcursal, aún bajo la coadministración” y consideró que “resulta esquivo e imprevisible, y sigue arrojando un manto de duda sobre el esperable comportamiento sincero”. Según consta en los expedientes del caso, la reticencia y las evasivas de la empresa ante requerimientos del tribunal “imposibilitaban el conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos, y arrojaba un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento”.
La causa sobre el Correo Argentino tomó gran notoriedad pública durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se anunció que el Estado había acordado con la empresa perteneciente a su familia una quita de más de 98% de la deuda. Ese acuerdo habría significado “un acuerdo ruinoso para el Estado argentino”, según lo expresado en el dictamen judicial.