Todavía no está pensando en cuándo volverá a la campaña para la Intendencia de Montevideo. “Hay que esperar a ver qué pasa con esto”, dice Carolina Cosse, en referencia a todo lo que trajo el coronavirus. La senadora del Frente Amplio (FA) está abocada de lleno al trabajo parlamentario y también “visitando algunos comedores en barrios de Montevideo, para saber cómo está la situación” y ver “cualquier posibilidad que pueda tener para ayudar”. “Me queda una sensación de un gran orgullo, por el amor, que es más fuerte, y una gran preocupación. Por eso insisto en conocer el plan del gobierno, y que además acepte ayuda para hacerlo”, dijo en entrevista con la diaria.
¿Qué te dejó el debate del martes en el Senado sobre la ley de urgente consideración?
Cierta dualidad. Lamento que el sistema político haya optado por una forma de gobernar que es perjudicial para la calidad democrática. Y no porque el gobierno tenga mayoría, que está bien, eso es la democracia, pero optó por poner todo su programa de gobierno en una excepción constitucional, que es para una situación de urgencia y su característica más importante es que, pasado el plazo, la ley queda aprobada. Es una forma de imponer carácter legal a todo su programa de gobierno, independientemente del funcionamiento normal de uno de los poderes del Estado, el Parlamento. Me parece que es un antecedente grave. Por otro lado, siento que los y las senadoras del FA dimos una larga argumentación y que todos teníamos buenos fundamentos. Trabajamos como el equipo que somos e hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora nos abocaremos a conversar con la ciudadanía sobre los contenidos de esta ley ómnibus que vamos a discutir.
El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de una nueva ley de medios. ¿Qué visión tenés sobre ella?
Es una regresión importante y bastante inexplicable. Hay muchos aspectos que me preocupan. Por un lado, que todo lo que tiene que ver con el apoyo a la producción nacional desapareció. Por cada cliente que recibían los cableoperadores destinaban 100 pesos anuales para un fondo, que terminaba siendo de un millón y medio de dólares al año, que para nuestro sector audiovisual es un apoyo importante. El otro tema que me preocupa es que establece un ordenamiento de permisos y de licencias, en el que afloja una gran cantidad de condiciones que en teoría permitirían que una sola persona, física o jurídica, fuera dueña de la televisión por cable de todo el país, y eso va en contra de cualquier noción de democracia moderna.
Y, por supuesto, el artículo 48, que para mí es el cangrejo debajo de la piedra de esta ley, que le quita a Antel la exclusividad de la provisión de servicios de internet por redes fijas. Eso me parece innecesario y muy perjudicial, justamente en un momento en el que las telecomunicaciones de Uruguay son una de las fortalezas sobre las que se están apoyando algunas soluciones en plena pandemia. Cierran las escuelas y los centros educativos, pero no se suspende la educación, y eso es porque tenemos el Plan Ceibal, con plataformas sobre una red digital muy fuerte, que desplegó Antel. Es bastante inexplicable que, habiendo buenos servicios, buenos precios y cobertura, se abra la competencia. A menos que el interés sea –y no me lo puedo imaginar– beneficiar a un conjunto de privados; entonces, parecería que el interés es perjudicar a Antel, y eso es perjudicar a todos los uruguayos.
El titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Omar Paganini, dijo ayer en el programa Primera mañana, de El Espectador, que Antel “invirtió muchísimo en planes de negocios que no va a poder recuperar y tiene una infraestructura que es comercializable para que otros también usen ancho de banda”. Además, sostuvo que eso genera un mercado mayorista que es “al revés” de lo que pensás vos, ya que “va a ser beneficioso para Antel, porque le va a permitir rentabilizar activos que hoy tiene y que no está rentabilizando”.
Eso es un error garrafal, porque los mercados mayoristas tienen sentido cuando un país no tiene nada. Entonces, lo que hace, como en el caso de Nueva Zelanda, es tener un operador estatal que nace sólo para poner infraestructura y generar un mercado mayorista, pero acá la situación es completamente diferente. Eso es un espejismo. Se están usando palabras que suenan bien, como “competencia” y “mayorista”, cuando en realidad parece que están hablando de otro país. La realidad objetiva es la que estoy diciendo: 84% de los hogares conectados, todos los centros educativos conectados; en la red están todos los servicios que tienen que estar, de Google, Amazon, etcétera. Además, es una red que no está ociosa, que ha tenido un aumento de tráfico de 32% y lo resiste muy bien.
La ley de medios que está vigente (19.307) fue aprobada en el segundo gobierno del FA, a fines de 2014, y recién se reglamentó en junio de 2019. Además, el Poder Ejecutivo del anterior gobierno nunca llegó a nombrar al presidente del Consejo de Comunicación Audiovisual, que es el organismo encargado de hacer cumplir la ley. ¿En el FA no hacen autocrítica sobre eso?
Yo puedo decir cuál fue mi rol como ministra. Me encontré con una ley que tenía sus complejidades porque había tenido impugnaciones por inconstitucionalidad, y eso hacía que tuviera una cantidad de huecos. Cuando alguien gana una impugnación por inconstitucionalidad es válida para el que la impugnó, pero no para todo el resto, entonces es una situación compleja. Nos llevó aproximadamente un año reglamentarla, debido a esas complejidades, pero en 2016 ya habíamos entregado un proyecto de reglamentación a Presidencia. Después, no sé por qué, se demoró en la reglamentación. Convocamos en cuanto pudimos a todas las comisiones, y la verdad es que el director de Telecomunicaciones [y Servicios de Comunicación Audiovisual] del MIEM, Rodrigo Díaz, y el equipo dieron todo de sí –la gente del sector audiovisual lo sabe– para que fuéramos avanzando y las cosas fueran inapelables. Actuamos con mucha prolijidad para que no volviera a pasar lo de las apelaciones y cosas por el estilo. Capaz que se podría haber ido más rápido, pero desde el ministerio es lo que pude hacer.
Pero si el proyecto de reglamentación estaba desde 2016, demoraron tres años en publicar el decreto; entonces, hubo alguna parte del Poder Ejecutivo que lo trancó.
No sabría decirte, porque nosotros cumplimos con entregarlo y después no sé cuánta gente más intervino en eso hasta que finalmente salió la reglamentación. No es trancar, sino que a veces las cosas se complican. No lo sé... yo lo que sé es que con el equipo del MIEM terminamos en 2016 y nos dio mucho trabajo. Después, cada vez que se nos pidió opinión o ayuda, por supuesto que la dimos.
¿Qué directivas daba el entonces presidente, Tabaré Vázquez, sobre ley de medios?
El presidente daba la directiva clarísima de reglamentarla. Eso es así.
¿Cómo ves las medidas económicas que está tomando el gobierno para paliar la crisis por el coronavirus?
Suponete que estás construyendo una casa y te concentrás en una pared. Yo puedo decir “estás haciendo muy bien esta pared, pero te faltan todos los cimientos del resto”. Hay como una dispersión de medidas muy focalizadas, que uno apoya, pero lo que estamos planteando es que falta el resto. Por ejemplo, tratamos con celeridad la ley que aprobaba un subsidio de 6.779 pesos para los monotributistas del [Ministerio de Desarrollo Social] Mides, que era en realidad un redireccionamiento del presupuesto de [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional] Inefop. Lo aprobamos, pero ¿qué pasa con el resto de los monotributistas? Eso no quiere decir que esté mal haber hecho lo de los monotributistas del Mides, por supuesto que está bien, pero tenemos que ver toda la película. Por eso planteamos que de manera transitoria se configure, para los sectores más vulnerados, que ya estaban o pasaron a la informalidad por esta pandemia, completar un salario mínimo nacional con prestaciones que ya se reciban. Eso sería una medida global, que permitiría a los sectores que no tienen más remedio que salir a trabajar y exponer su salud tener un resguardo más para tratar de poder quedarse en casa.
Es la falta de un plan. Es muy difícil opinar sobre la realidad cuando no se la conoce. Creo que nos falta conocimiento sobre el estado de avance del coronavirus: por las muestras que se hacen, a quiénes se les hacen, cómo se georreferencian, si sólo estamos muestreando a los que tienen síntomas, ¿qué hacemos con los que no los tienen? Ahí hay mucha ciencia para poner, y además cuentan con todo el apoyo de la Universidad [de la República] para hacerlo, así que esas son las cosas que yo marcaría como preocupaciones.
Entonces, no te convence la forma en que lo está manejando el gobierno.
No sé cuál es el plan, y la respuesta de que esto se va planificando día a día... eso no es así. Miro qué están haciendo otros países. Yo escucho a [Angela] Merkel y escucho un plan, de manera transparente; hasta [Donald] Trump está acudiendo a elementos similares a la renta básica. Entonces, me preocupa no conocer el plan, porque no es verdad que cuando tenés un plan te encorseta; al contrario, el plan te da la fortaleza para reaccionar frente a los imprevistos.