El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) es uno de los focos de tensión entre el gobierno y la oposición en este momento. No es algo que haya comenzado con la emergencia sanitaria. Desde su creación fue un tema de debate y en la administración anterior se agravó, con denuncias de irregularidades, una frustrada propuesta de llevar adelante una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. A esto se sumaron críticas al actual ministro Pablo Bartol y anuncios de inminentes auditorías por parte del ahora presidente Luis Lacalle Pou.
La pandemia, que obliga a la cartera a salir al rescate de la población más vulnerable del país, ha agravado la tensión preexistente. “Ya sin coronavirus, sabíamos que íbamos a ser los más codiciados, y eso le dije al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema”, admitió Armando Castaingdebat, actual subsecretario del Mides, que presagia innumerables llamados a sala. Por eso, supone, no es casualidad que los tres jerarcas que están al frente de la cartera ‒el ministro Pablo Bartol, él y el director general de Secretaría, Nicolás Martinelli‒ sean de extrema confianza de Lacalle Pou. “Es el único ministerio que se reservó para él”, observó Castaingdebat, quien admitió que el presidente lo convenció para que asumiera el cargo diciéndole que en esa cartera se jugaban “la vida”.
Tampoco es casualidad que el Mides sea uno de los dos ministerios que acumula más pedidos de informes en la Cámara de Diputados desde que comenzó la nueva Legislatura, junto con el Ministerio de Salud Pública (diez en ambos casos). El diputado frenteamplista Gustavo Olmos (Marea Frenteamplista) reconoce que, sin perjuicio de que su bancada tiene que “mejorar la coordinación interna” a la hora de hacer los pedidos de informes, se trata de un ministerio que en estos momentos “está en la primera línea para evitar que la gente caiga en la pobreza”, y por eso “es lógico que sea ahí donde se pone el foco”.
Olmos envió uno de los pedidos de informes, en el que hace más de 20 preguntas acerca de qué políticas sociales está aplicando la cartera para hacer frente a la situación actual. “El gobierno ha ido anunciando un montón de medidas a través de conferencias de prensa, desperdigadas, y es difícil armarse una visión global de todo lo que se está haciendo. La idea es que nos cuenten esa estrategia”, explicó. Las principales dudas de la bancada frenteamplista, agregó, es si estas medidas se dan “en la dosis correcta”.
Otros pedidos de informes fueron mucho más específicos. Uno de ellos fue el del diputado comunista Gerardo Núñez, que consultó acerca de la contratación que el Mides hizo del Hotel Urban Express, donde la cartera alojó población en situación de calle que es especialmente vulnerable a la covid-19. Luego el legislador amplió el informe y preguntó por las contrataciones que el Mides hizo de la Fundación A Ganar, que pertenece a Malena Secco, la pareja del ex ministro de Economía Ignacio de Posadas.
Según dijo Núñez, su sector político ha visualizado “situaciones polémicas” que generan “preocupación”, pero es mejor informarse para luego tomar una “posición final”. Núñez admite, no obstante, que el Mides ha sido un área de lucha ideológica desde su creación: “Durante mucho tiempo la oposición criticaba la transferencia a los sectores pobres y no tenía el mismo ensañamiento o preocupación [en cuanto a las que se dirigen] a los sectores empresariales a través de exoneraciones tributarias”.
Mirando hacia atrás
Si bien la emergencia sanitaria ha trastocado todas las áreas de la administración pública del país, uno de los objetivos de Lacalle Pou es auditar las gestiones del Frente Amplio (FA) en todas las áreas. La primera oficina pública en entrar en ese plan fue el Mides. Las propuestas de Lacalle Pou de auditar la cartera datan de 2017, cuando el entonces senador sugería al presidente Tabaré Vázquez medidas a aplicar en marzo de cada año.
Para llevar esto adelante, la administración que comanda Bartol pondrá en funcionamiento un área de auditoría interna que ya existía dentro del Mides pero nunca había empezado a funcionar.
Pero algunas revisiones ya comenzaron. Cuando las autoridades anunciaron esta semana que encontraron un contenedor “olvidado” en el puerto de Montevideo con insumos sanitarios donados, Martinelli inició rápidamente una investigación administrativa en la cartera. Según publicó El País, la investigación llegó a que el último registro del expediente de la donación, proveniente de Canadá, fue en el Programa Nacional de Discapacidad. “No nos avisaron nada. Cero. Nada de nada en la transición”, dijo Martinelli a ese medio.
En respuesta, la ex subsecretaria del Mides, Ana Olivera, publicó en su cuenta de Twitter que “con claridad” en el expediente”, las “autoridades del Ministerio de Salud Pública en agosto de 2019 informan que no autorizan la utilización de los insumos hospitalarios por no cumplir con la normativa”, por lo que debían ser destruidos.
Más allá de lo ocurrido con ese contenedor, según Castaingdebat, la llegada del coronavirus terminó “desnudando rápidamente la fragilidad del entramado social del Uruguay”. Para el jerarca, con los números esgrimidos por la administración anterior “es inexplicable que seis días después de la llegada del coronavirus aparecieran las ollas populares”.
Ahora, explicó, la cartera trabaja en conjunto con el Banco de Previsión Social para intentar averiguar cuántos uruguayos cuentan con muchos empleos pero pagan aportes por uno solo. “Se nos va a venir esa franja encima”.
Desde fines de marzo, Castaingdebat viene manifestando su preocupación y sorpresa con el 24,8% de trabajadores informales que tiene el país. Eso motivó críticas de la senadora del FA Liliam Kechichián, que en una sesión digital con legisladores de ambas cámaras le respondió que ese dato se conoce desde hace años y estaba, por ejemplo, en los informes de transición del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y se mencionaba en los objetivos que Uruguay se planteaba para 2030. La legisladora incluso dijo que esa cifra ha sido la más baja en muchos años. Castaingdebat continúa preocupado por ese porcentaje, al punto que sostuvo que ha sido una “irresponsabilidad de todo el sistema político” no haber podido resolver el tema. Para el subsecretario, un país con esa cifra de empleo en negro “no es sostenible”.