El gobierno que encabeza el socialista Pedro Sánchez aprobó por decreto este martes un paquete de medidas con fuerte contenido social para paliar la gran crisis económica que está padeciendo el país como consecuencia de la pandemia de coronavirus, que afecta de manera particularmente dura a España. En el decreto se incluyen 50 medidas, que en conjunto pretenden ser un gran plan de rescate social para los más sectores más vulnerables de la sociedad, así como para los inquilinos, para las personas que trabajan por su cuenta y para las pequeñas y medianas empresas.
Según informó El País de Madrid, entre las decisiones adoptadas por el gobierno de Sánchez está la creación de una prestación para las empleadas domésticas que hayan perdido su trabajo en forma total o en cantidad de horas. Además, se implementarán planes de ayuda para los trabajadores temporales que no tienen el tiempo de aportación suficiente para acogerse al seguro de desempleo, y se estipula una moratoria de seis meses en los aportes a la seguridad social de las personas que trabajan por su cuenta. Tal como lo anunciaron ante los medios de comunicación este martes el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra portavoz, María Jesús Montero, este conjunto de medidas constituye un “escudo social”.
Una de las medidas más fuertes es la que determina la imposibilidad de llevar a cabo desalojos durante los próximos seis meses, además del otorgamiento de créditos sin intereses para que los inquilinos puedan pagar en tiempo y forma sus alquileres. “Nadie puede ser expulsado de su casa”, aseguró al respecto Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos. Agregó que, de acuerdo con sus cálculos, las medidas en materia de alquiler pueden llegar a beneficiar a “medio millón de familias” en todo el territorio español. En este ítem se incluirá una prórroga extraordinaria de seis meses para todos los contratos de alquiler de vivienda habitual para evitar subas abusivas, y los créditos sin intereses para los inquilinos que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad –definida de forma “muy amplia”, según Iglesias, lo que permitirá que un gran número de personas puedan acogerse a ella–. De acuerdo con lo que informó el portal Público, los beneficiados con este plan crediticio tendrán un plazo de hasta diez años para devolver el préstamo.
En España, desde que comenzó la pandemia, 94.417 personas contrajeron el Covid-19 y 8.269 murieron a causa de la enfermedad.
El decreto también prevé que si después de la crisis estos inquilinos siguen sin poder hacer frente a esta deuda, el Estado cubrirá hasta 1.100 euros al mes de alquiler. Ante este escenario, los grandes rentistas se verán obligados a elegir entre permitir quitas de 50% de sus deudas o reestructurarlas en un período de tres años. “El decreto garantiza que todos los pequeños propietarios van a percibir íntegramente” los alquileres, afirmó Iglesias, mientras que los grandes beneficiarios de alquileres y los fondos buitre tendrán que “arrimar el hombro”.
Otra de las medidas decretadas por el Ejecutivo español es la ampliación de la moratoria del pago de hipotecas, que incluirá los locales y oficinas de personas que trabajan por su cuenta “cuya facturación haya caído significativamente” a causa de la crisis económica. Iglesias especificó que las entidades prestadoras no podrán exigir el pago de la cuota hipotecaria ni de ninguno de los conceptos integrados en el contrato, incluidos los intereses, “hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma”.
A su vez, el gobierno prohibió los cortes de suministros de electricidad y de agua para toda la población mientras continúe en vigencia el estado de alarma. Por otra parte, el Ejecutivo encabezado por Sánchez amplió el alcance del bono social para personas en situación de vulnerabilidad –los afectados por despidos y trabajadores por cuenta propia que hayan visto reducida su facturación–, y se adoptó una moratoria en el pago de suministros para las pequeñas y medianas empresas, las que más puestos de trabajo generan en el país, cerca de 70% del total.
En medio de la crisis, la política sigue su juego, aun la más rastrera. En ese sentido, el diario madrileño El Mundo informó que el Partido Popular instó este martes al gobierno de Sánchez a encargar la creación de un comité científico independiente para que analice la posible relación entre las grandes concentraciones de personas que generaron las manifestaciones por el Día de la Mujer, el domingo 8 de marzo, y el aumento de los contagios por coronavirus en los días posteriores a esas celebraciones masivas.