El diputado de Cabildo Abierto (CA) Eduardo Lust anunció, en su cuenta en Twitter, que citará a la Cámara de Diputados a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y al ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, para que “ilustren” los motivos por los cuales no se aplicó el artículo 7 del contrato con UPM.
El mencionado artículo habilita a las partes a suspender o renegociar el contrato en caso de una emergencia nacional. A fines de marzo, varias personalidades que se oponen a este emprendimiento -entre las que se encuentran el diputado de Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, y el ex candidato presidencial por el Partido Verde Animalista, Gustavo Salle- le transmitieron al presidente Luis Lacalle Pou la pertinencia de aplicar este artículo en una reunión en la Torre Ejecutiva que tuvo lugar a fines de marzo.
En su publicación, Lust recuerda que Lacalle Pou había cuestionado el contrato firmado por el gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez, y que Heber lo había calificado de “indecoroso”.
Vamos a convocar a los Ministros Arbeleche y Heber para que nos ilustren sobre los motivos por los cuales no se aplico el art.7 del Contrato Rou /UPM,contrato que el Sr.Presidente calificó de "entrega del Dr.Vazquez a Upm ",y el Ministro de "indecoroso".
— Dr. Eduardo Lust (@LustEduardo) April 13, 2020
En diálogo con la diaria, Lust sostuvo que lo que pretende es que los ministros informen sobre una reunión que mantuvieron con los representantes de UPM y cuál es la razón para no haber renegociado o suspendido el contrato.
El representante dijo que cuenta con el respaldo de toda la bancada de Cabildo Abierto y de Vega, y aclaró que no se tratará de una “interpelación”, un término que a su entender fue “prostituido” por los gobiernos anteriores de todos los partidos, ya que en la Constitución no se menciona.
En los próximos días se coordinará con el resto de los partidos cuándo se votará el llamado a sala, aunque Lust estima que su pedido no será acompañado ni por el Frente Amplio ni por el Partido Nacional, los primeros porque su gestión sería puesta en tela de juicio y los segundos porque los ministros actuales deberán dar explicaciones.
De todas formas, el integrante de CA dijo que este martes hará un pedido de informes al respecto, y eso sí debe tener una respuesta de algún tipo. El 23 de julio del año pasado, la empresa confirmó la nueva obra, y en ese entonces Lacalle Pou dijo que el proceso de negociación no fue transparente, pero aseguró que, de acceder al gobierno, respetaría los contratos firmados “por respeto a la institucionalidad”. “Nos alegramos de la instalación de este emprendimiento, [aunque] creemos que el gobierno uruguayo no supo representar los intereses de todos los habitantes del país, entregando demasiado a cambio”, sostuvo, y repitió ese discurso a lo largo de la campaña electoral.
En febrero de este año, Heber dijo que la idea del gobierno electo era mejorar el contrato en algunos “temas”. “¿Qué más quiere una empresa que va a poner los millones que va a poner en Uruguay que llevarse bien con el gobierno? ¿Y qué mejor para el gobierno que llevarse bien con una empresa que va a hacer este grado de inversión? Está muy lejos de nosotros violentar lo que ya se ha firmado, pero se puede renegociar algunos temas para mejor de los dos”, aseguró.
Movus tilda al gobierno de “cómplice e irresponsable”
En una línea similar a Lust, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) manifestó el lunes su preocupación porque el gobierno no aprovechó la oportunidad para renegociar el contrato con la empresa, y le recordó al presidente las críticas que durante la campaña electoral había realizado al contrato. “En reiteradas ocasiones, Lacalle Pou manifestó su decisión de renegociar todo lo que fuera posible del contenido de ese Contrato si llegaba a la Presidencia”, expresó en un comunicado el movimiento.
Movus además cuestionó la decisión del gobierno de reanudar las actividades en la construcción, y sostuvo que es un “contrasentido que puede costar muy caro en vidas, como lo muestra la experiencia de otros países”.
“Entre la economía y la salud no puede haber dudas, la prioridad debe ser la salud de la población y no los intereses de algunos empresarios. Máxime cuando en el caso de UPM significa destinar más de 4.000 millones de dólares a un proyecto que sólo deja migajas al país. La industria forestal anuncia hoy que donará un dólar por hectárea al Fondo Coronavirus cuando sólo UPM en Fray Bentos gana un millón por día”, dice el comunicado.
Según Movus, la decisión del gobierno “constituye una rendición incondicional ante los designios de UPM y una simple continuidad de lo firmado por el gobierno anterior. Estamos asistiendo a la mayor entrega de soberanía nacional en la historia del país”.