La diputada y ex subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Ana Olivera reafirmó que las autoridades actuales fueron “advertidas” durante la transición por medio de un “correo electrónico” en que están “expresadas las deudas” con las ONG y el detalle de 196 convenios que tiene el ministerio con organizaciones.
La diputada señaló, en una entrevista con Fácil Desviarse, de Del Sol, que durante la administración pasada se hicieron dos denuncias penales, en un caso por un faltante de nueve millones de pesos.
La ex subsecretaria señaló que durante la gestión de la ex ministra Marina Arismendi, a partir de una propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas en 2018 con el objetivo de mejorar la gestión financiera, se generó una “lista ajustada de las transferencias, la rendición y la deuda” de los convenios con las organizaciones sociales.
“Adjuntamos un cuadro con los convenios vencidos, sin rendición terminada. Eso suma 107 millones de pesos pendientes, pero se cobrará porque tenemos cartas firmadas”, leyó la diputada de una carta enviada a las autoridades actuales, y continuó: “de esos 107 millones, lo único irrecuperable son los de calle de la asociación a la que le hicimos denuncia penal, que no cumplió con el convenio y dejamos de contratar. Esos nueve millones de pesos no se recuperan”.
Asimismo, Olivera dijo que en febrero trabajadores de otra ONG denunciaron que el director de la organización “hacía una maniobra con los alquileres” y pagaba uno en lugar de dos, y en un momento dejó de pagarles a los trabajadores, que denunciaron la situación ante el Mides. También en ese caso se hizo la denuncia penal, aseguró la ex subsecretaria, aunque reconoció desconocer el monto de la deuda. La diputada sostuvo que “puede haber otras organizaciones que pasaron en ese listado que se dé esa situación que las autoridades están planteando”.
Más temprano, el titular del Mides, Pablo Bartol, había dicho que “esto que sale ahora es el resultado de empezar a abrir cajones”, pero aún “no empezó la auditoría de verdad”. Además, el ministro aseguró que los primeros resultados demuestran que los controles de la administración anterior eran “pobrísimos” y “no había intención de cuidar los dineros del Estado”.
Para el ministro, daría la “impresión” de que la situación con las 15 ONG formaba parte de un “esquema armado”: “Los propietarios no reclamaban, y después iban al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y cobraban. El ministerio, al no controlar, no sabía que ese dinero no se estaba volcando al pago del alquiler”, explicó Bartol en una entrevista con la radio El Espectador.
El ministro sostuvo que el paso siguiente es ver dónde está el dinero y qué se hizo con él, además de auditar a “todas” las ONG que trabajan con el Mides. Mientras que Olivera asegura que las autoridades fueron advertidas, Bartol sostuvo: “Hago memoria y no recuerdo un comentario de ella al respecto, en los papeles no lo tengo y tuvimos varias reuniones”, planteó, y sostuvo que “se habla de que ya se sabía, por una denuncia, ¡cuando son 15 [ONG]!”, agregó Bartol.
Por su parte, la ex directora de la División de Programas para Personas en Situación de Calle Micaela Melgar publicó en su cuenta de Twitter que el ministro “miente” cuando dice que no fue informado, porque ella misma le dejó por escrito a su sucesor la denuncia penal a la organización. “Si venían a trabajar en la transición podíamos hasta firmar las actas y que quedara todo claro”, escribió en su perfil y continuó: “evidentemente eso no les servía para la operación enchastre”.
Bartol miente: 1- dice que no fue informado en la transición, bueno yo dejé x escrito (la única forma que tuve de comunicarme con mi sucesor) la denuncia penal a la cooperativa. 2- si la OSC no rinde el alquiler no se le deposita la partida. https://t.co/UJrFrP0frJ vía @portalmvd
— MM (@MicaMelgar) May 11, 2020
En tanto, el diputado del Partido Nacional Martín Lema -que denunció algunas otras presuntas irregularidades en la administración pasada del Mides y propuso la creación de una comisión investigadora- subrayó que se debe “ir a fondo” en la investigación y “que caiga quien tenga que caer”, porque la “rectitud institucional” es “fundamental”.
Por su parte, el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Olesker, que se desempeñó como ministro de Desarrollo Social entre 2012 y 2015, en diálogo con la prensa acompañó los comentarios de Olivera y comentó de forma escueta: “Es todo titular de prensa”. “Cuando tengan denuncias concretas háganlas, [esto es] todo titular de prensa, nada de lo que dice es relevante”, manifestó el senador.