En Argentina el gobierno nacional dejó en manos de los distintos gobiernos provinciales y locales las medidas de apertura gradual para retomar toda la actividad después del parate por el coronavirus, cumpliendo ciertos requisitos y siguiendo normas comunes. Los conglomerados urbanos son los que enfrentan las situaciones más difíciles, porque concentran una gran cantidad de casos.
Las más complicadas son la provincia y la ciudad de Buenos Aires, que tienen gobiernos independientes -liderados por personas de distintos partidos-: concentran más de 80% de los 8.371 casos del país y la mayor parte de las 382 muertes.
Ciudad y provincia continúan en una cuarentena total con modificaciones mínimas: se ha retomado la actividad en fábricas que presentaron protocolos para garantizar la salud de sus trabajadores y los demás, como la planta de Volkswagen que visitó Alberto Fernández este martes, y se han permitido salidas breves para los niños, que comenzaron este domingo.
Aumento rápido de casos en la Villa 31
Un grupo de vecinos de la Villa 31 denunció este lunes que la situación es “gravísima” y que los casos aumentaron de 133 a más de 900 en solo dos semanas. En su informe diario sobre nuevos casos, el gobierno informa sobre las provincias y ciudades en que se registran los casos, pero no especifica si es en los barrios más pobres o los asentamientos, conocidos como villas.
El caso de las villas porteñas ha sido particular, porque allí los test empezaron a realizarse de forma tardía, más de un mes después del primer caso argentino, el 3 de marzo. La población de las villas no sólo enfrenta dificultades espaciales para llevar adelante el distanciamiento social adentro de las casas donde viven numerosas familias, sino que además en su mayoría depende del trabajo informal -con o sin cuarentena- para comer. A esto se suma que, según distintas investigaciones sociales de los últimos años, en muchos casos se trata de personas que no tienen identificación (DNI) y entre ellas hay inmigrantes ilegales, aspectos que dificultan su atención en centros de salud, incluso públicos.
El gobierno de la ciudad advirtió semanas atrás que no podía enfrentar en solitario la situación que se generó en la Villa 31, por lo cual cuenta con la asistencia del Ministerio de Salud nacional.
La población local aumentó el tono de su protesta por la falta de respuestas este fin de semana cuando murieron dos referentes de la villa que tenían coronavirus, Ramona Medina y Víctor Giracoy. La primera había protagonizado los reclamos ante las autoridades por la falta de agua potable que se mantuvo durante ocho semanas cuando comenzó la pandemia.
Marcha atrás
En otros lugares sí se aflojó la cuarentena por una reducción en el número de nuevos contagios de covid-19. Es el caso de Córdoba, donde el gobierno local permitió que se retomaran algunas actividades, pero después tuvo que retroceder.
“La curva de casos se aceleró”, señaló la autoridad local de la salud, Diego Cardozo, después de informar que se registraron 55 de los 892 nuevos casos que detectó Argentina desde el viernes. De esos positivos, 33 se vinculan con un lugar de venta de alimentos conocido como Mercado Norte y 20 al Hospital Italiano, mientras los otros dos corresponden a personas repatriadas. La flexibilización de la cuarentena se produjo el lunes de la semana pasada, hace ocho días, y se teme un aumento de los casos positivos, por lo cual Cardozo anunció que habrá un mayor número de test en los próximos días.
El anuncio de la marcha atrás se hizo en la noche del lunes. La autoridad sanitaria local, el Centro de Operaciones de Emergencias, aclaró en un comunicado que “se suspende la reapertura de rubros comerciales, templos religiosos, peluquerías, mudanzas y profesiones independientes no vinculadas a la medicina, autorizadas el pasado lunes 11 de mayo”. Sin embargo, las asociaciones que representan a distintos sectores económicos consideran que no queda claro si están habilitadas las actividades que estaban autorizadas antes de esa fecha, como los restaurantes que trabajaban únicamente para delivery o take away.
Los sectores comerciales de Córdoba manifestaron su malestar por varias vías, no solo por el regreso de las restricciones sino por lo que consideran que es poca colaboración por parte del gobierno de la ciudad, en manos del peronista Martín Llaryola, y del provincial, cuyo titular es el también peronista Juan Schiaretti.
Además del reclamo a las autoridades, señalan a los sindicatos vinculados al transporte, que pararon sus actividades hace 11 días tras reclamar a las empresas que se responsabilicen de garantizar la salud de sus trabajadores. “No hay transporte público y el Estado no nos ayuda. Van dos meses de inactividad, nos estamos convirtiendo en deudores y otros debieron cerrar sus puertas. No tenemos información clara”, protestó este martes la Red de Comerciantes Unidos en un comunicado.