El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López, cuestionó este martes, en nombre del gremio, el reciente decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou que exceptúa de la norma que limita a un tercio las vacantes que se generen en el Estado al personal militar del Ministerio de Defensa Nacional (MDN).
López informó que el consejo directivo de COFE abordó el tema ayer, y sostuvo que le “preocupa”. “Nos tomó por sorpresa, porque en el primer anteproyecto de ley de urgente consideración [LUC] era como un buque insignia que se iban a limitar todas las vacantes en el Estado. Tuvimos contacto con varios sectores y con el Poder Ejecutivo, y eso se sacó de la LUC. Terminó en un decreto que tiene algunas excepciones, como la seguridad, la salud y la educación. Tampoco nos satisface ese decreto, porque entendemos que hay algunos ministerios que están muy complicados y que son productivos para el Estado”, dijo.
El dirigente puso como ejemplo los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca -donde “prácticamente 50% de sus trabajadores van a tener causal jubilatoria en este período que se inicia”-, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y de Desarrollo Social. Además, sostuvo que “el MDN no es de los más necesitados”, por lo que “hay una situación que vamos a tener que conversar con el Poder Ejecutivo”. López dijo que el gremio entiende que o se retira la excepción correspondiente al MDN, o se imponen “algunas otras excepciones” incluyendo a los ministerios que puso como ejemplo. “Podríamos asegurar que hay necesidades mucho más importantes en otras áreas del Estado que no son el MDN”.
Acuerdo en protocolo
López hizo esas declaraciones en el marco de una conferencia que COFE brindó este martes para dar a conocer que, después de intensas reuniones durante el fin de semana, el gremio alcanzó un acuerdo con el Poder Ejecutivo para establecer un protocolo para la vuelta a las actividades en la administración pública, “que va a darles tranquilidad a los trabajadores y a las familias de los trabajadores y al usuario que vaya a una oficina pública”, dijo el presidente del gremio, Martín Pereira.
López informó que “paulatinamete se va a hacer una apertura” de los servicios públicos, y que “el cronograma lo va a hacer el propio Poder Ejecutivo”. Señaló que el protocolo es “una hoja de ruta” que determina excepciones para la vuelta al trabajo presencial para los mayores de 65 años, las personas con enfermedades prevalentes y las embarazadas; que establece el uso obligatorio de tapabocas para los funcionarios y los usuarios; el uso de alcohol en gel y el distanciamiento en las oficinas y ascensores, entre otras medidas sanitarias de precaución. Por su parte, Pereira dijo que cuando una oficina no permita el correcto distanciamiento por razones de infraestructura, se va a establecer una flexibilidad horaria o guardias de trabajadores que se van “a repartir en la semana”. Además, diversos servicios continuarán mediante el teletrabajo y se irán volviendo presenciales de manera paulatina.