El 28 de febrero el entonces diputado del Partido Independiente (PI) Daniel Radío fue designado nuevo director del Sistema Nacional de Cuidados (SNC). 13 días después de que asumiera el nuevo gobierno se conocieron los primeros casos de covid-19 y todo pasó a girar en torno a la emergencia sanitaria, lo que cambió tanto sus pretensiones como el rol del programa que maneja. A poco más de dos meses de embarcarse en este desafío, el nuevo director contó a la diaria que siempre tuvo una mirada muy favorable al SNC, pero la crisis del coronavirus lo llevó a postergar muchas de las tareas que se había propuesto. Considera que ahora lo importante es cómo encarar los cuidados en la “nueva normalidad”.
Usted ha mencionado que el presupuesto proyectado para el SNC para 2020 es de 2.000 millones de pesos. Sin embargo, la partida presupuestal asignada fue de 1.200 millones. ¿Cómo piensa gestionar esos 800 millones de pesos menos?
En principio, vamos a hacer gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] para cubrir 2020. La gente está trabajando y hay que pagarle. Esa gestión hay que hacerla en el MEF, porque lo que precisamos es un refuerzo presupuestal. Además, ese gasto es muy rígido; se trata del pago de los subsidios a los asistentes personales, algo que no hay chance de no pagar: se hizo un gasto pero no tiene financiamiento genuino.
¿Ese gasto podría reverse el año que viene?
En lo posible voy a tratar de incorporarlo el presupuesto. Mi idea es que ese gasto esté presente, pero el problema no es lo que planeemos desde la SNC, sino lo que pase en el Parlamento. También quiero decir que hace cinco años la proyección que se llevó al Parlamento era mucho mayor que la que se terminó aprobando, lo que pasa es que a la hora de definir para dónde iban los recursos la sociedad uruguaya, representada en el Parlamento por sus legisladores pero también por las organizaciones de la sociedad, manotearon del presupuesto destinado a cuidados. La plata que se usó era la que estaba destinada a los cuidados; no es un problema de que el gobierno anterior no le quiso dar plata al SNC ni de que en el Parlamento fueron malísimos. Lo recuerdo porque como PI reclamamos más dinero. Lo que pasó fue que los grupos de presión son fuertes y cada uno quiere tener su parte, por lo que una cosa fue la proyección y otra lo que se terminó aprobando.
Por lo que dice, no le parecen excesivos esos 2.000 millones de pesos gastados. ¿Es un gasto adecuado?
Me parece que es un gasto inevitable: no tenemos chance de achicarlo porque se trata del pago a los asistentes. El problema es que uno tiene que prever en función de los recursos que tiene, y eso no se hizo. El otro tema es que los cuidados tienen que tender a la universalidad, y ahora no es así. Tenemos grupos específicos que son los que se atienden.
En el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) no hay ninguna mención a los cuidados. Teniendo en cuenta que esa ley se defendió como si se tratara de un programa de gobierno, ¿no son los cuidados una prioridad?
Te pongo un ejemplo: los centros CAIF se crearon hace mucho tiempo y con otras autoridades, que fueron cambiando a lo largo de la vida de Uruguay, y a nadie se le ocurrió que había que refundarlos, ni siquiera cambiarles el nombre. Lo que entendió Uruguay es que era una política pública que tenía sentido y aportaba a la calidad de vida de la gente, por lo tanto se mantuvieron. Con el tema de los cuidados sucede lo mismo. No tengo ninguna necesidad de que haya alguna mención en la LUC; es importante a tal punto que no se prevé ninguna modificación.
¿Qué programas deberían ser reforzados? Recién hablaba de la universalización de los cuidados.
Ese es siempre el horizonte, tiene que estar siempre como norte. No es una incorporación que yo le hago, forma parte del SNC, porque cuidados necesitamos siempre. Está esa cosa de que los cuidados los necesitan los niños chicos, los viejos y los discapacitados, pero no es así: cuidados necesitamos todas las personas desde que nacemos hasta el último día de nuestra vida, porque la necesidad de cuidados surge de nuestra vulnerabilidad; todos somos personas vulnerables, aun un adulto en la plenitud de su potencialidad. Por eso la apuesta a la universalidad. Esta focalización inicial tiene que hacerse sin perder de vista ese objetivo final. Tengo que pensar en planes de corto, mediano y largo plazo, y, en paralelo, tengo la discusión de la planificación y del presupuesto, entonces ha sido muy difícil pensar en cómo priorizo y jerarquizo. Es verdad que tengo urgencias, y una es la salida de la crisis sanitaria y los cuidados. Eso para hoy es una prioridad. No declarar la cuarentena obligatoria fue un gesto muy lúcido del presidente de la República. A pesar de las presiones que recibió, hoy, a la luz de los resultados, podemos decir que hizo lo que tenía que hacer, pero en paralelo cerramos los centros educativos y los CAIF, entonces hubo un hiato: la gente tenía que salir a trabajar y no teníamos resuelto el tema de los cuidados. Yo asumo la autocrítica. No previmos muy bien, o por lo menos no se resolvió en términos de sistema, y no nos puede pasar a la salida de la crisis. Creo que eso es algo que tenemos que mirar seriamente. La vicepresidenta de la República [Beatriz Argimón] está pensando en esto también, en la salida de la crisis desde una perspectiva de cuidados.
Otra cosa muy importante que debemos atender es la situación de los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Yo no digo que vayamos a encontrar una solución definitiva, pero tenemos que mejorar. Es una situación angustiante si pensamos que no tenemos presupuesto, y además es un tema que no se resolvió cuando sobró plata en este país, porque en los últimos 15 años llovió plata. A mediano plazo tenemos que resolver la habilitación y avanzar con el registro, el certificado social y la habilitación. En el largo plazo hay que pensar en cuál es el rol de los establecimientos de larga estadía; tienen que ser lugares para vivir y no para esperar la muerte. Es algo que tenemos que cuestionarnos, porque en Uruguay 15% de la población tiene más de 65 años, pero en 30 años 22% va a tener más de 65 años, y por cada 100 jóvenes menores de 15 hoy hay 75 adultos mayores y en 30 años habrá 150.
Un cuestionamiento que surgió cuando se conocieron los primeros casos de covid-19 en los residenciales fue si no se podría haber actuado antes, ya que se sabía que los adultos mayores son población de riesgo. ¿Actuó a tiempo el gobierno?
La crisis nos sorprendió. Si miramos las declaraciones de las autoridades salientes, en febrero, se decía que el problema en Uruguay era el dengue y no la covid-19. Hoy nos estamos ocupando de los residenciales. A mí no me parece que haya habido una reacción tardía, creo que fue lo más pronta que se pudo.
¿Cuál es la situación actual de los centros de día para adultos mayores del SNC?
Tenemos diez. Durante la crisis se suspendió la actividad presencial, se procuró que los equipos se mantuvieran en contacto, y con las personas mayores que no tenían tablets se les procuró para que estuvieran conectadas entre ellas y se trató de dar contención anímica. Queremos que los centros que están funcionando se mantengan y veremos, según las necesidades presupuestales, qué tanto continuaremos avanzando.
¿A cuánta gente atienden esos diez centros?
En teoría cada centro tiene 30 cupos, pero en realidad hay 200 y pico de personas participando.
El domingo el gobierno denunció irregularidades en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). ¿Piensan hacer auditorías en el SNC?
Hay un compromiso del gobierno de hacer auditorías de las gestiones. En lo que a mí respecta, no es una inquietud particular. Independientemente de mis diferencias políticas con la administración anterior, tengo un conocimiento personal de Julio Bango [ex director del SNC] y no tengo dudas de su honestidad. Además, he hablado con los funcionarios y las cosas se hicieron de manera ordenada, sin perjuicio de que la decisión del gobierno sea auditar todo –tampoco me opongo a eso–, pero no está entre mis prioridades. Ya he sido suficientemente crítico al decir que se previeron gastos sin financiamiento, pero de ahí a que crea que alguien se guardó cinco pesos, eso no me animaría a afirmarlo.
Usted ha expresado su preocupación por la división sexual del trabajo de cuidados. ¿Cómo le parece que se puede cambiar esa realidad desde lo institucional?
Los cuidados existieron siempre y, o bien dependían de la capacidad de comprarlos, o de la capacidad que tuviera el entorno familiar, y eso quería decir que lo tenían que hacer las mujeres; históricamente ha sido así. Fue un trabajo invisible hasta que aparecieron cambios demográficos que llevaron a una mayor demanda y, en paralelo, la mujer se incorporó al mercado de trabajo. Ese desbalance entre la oferta y la demanda hace visible un problema que estaba oculto. El SNC es un buen intento para tratar de mejorar... Me voy a poner del otro lado: el SNC no resuelve todo, porque la mayoría de las cuidadoras [contratadas] son mujeres y además las 80 horas mensuales que subsidiamos, unas cuatro horas diarias, ¿impactan en la división sexual del trabajo? ¿Esto contribuye a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo? ¿Ayuda a que las mujeres no tengan que postergar sus proyectos académicos o laborales? Yo no estoy seguro de que sea así, tengo la intuición de que sí. De todas formas había que medirlo con censos sobre el uso del tiempo, y saber si estamos jugando un papel en ese sentido. En todo caso, creo que es insuficiente, y es algo que no depende sólo del SNC, sino de toda la capacidad de la sociedad de hacer autocrítica.
A principios de este mes Luis Lacalle Pou dijo que el gobierno tiene una agenda “próvida”. Teniendo en cuenta que usted fue uno de los diputados que estuvieron en contra de la despenalización del aborto, ¿qué opina de estas declaraciones y de las críticas que surgieron después?
Es un tema muy difícil. En general hay una tendencia a resolver esto de forma maniquea: si estoy en contra de la legalización del aborto, entonces soy provida, lo que en el fondo quiere decir que el otro es promuerte; si estoy a favor de seguir penalizando el aborto, soy antiderechos. En principio estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente, porque dejó clarísimo que vamos a respetar la ley. Otros presidentes no respetaron las decisiones del Parlamento.
¿Se refiere a Tabaré Vázquez cuando vetó el proyecto durante su primer mandato?
Sí. Usó un instituto legítimo. El presidente Lacalle Pou ha dicho que va a respetar esa ley.
¿No le parece que el término “próvida” es lo que confunde y genera más rechazo?
Con la misma lógica puede ser inconveniente que los que están a favor de la despenalización se digan proderechos o nos califiquen a los que nos oponemos como antiderechos.
¿Cómo es la realidad actual del PI? En febrero renunció la Mesa Ejecutiva Nacional del partido.
No dilucidamos todavía el tema de los cargos porque suspendimos la elección. La Junta Federal resolvió que llamábamos a una nueva elección de Mesa, pero en realidad esa elección no se hizo debido a la crisis sanitaria, pero la vamos a hacer. El PI vive y lucha.