La comisión especial que estudia el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) recibió al juez Eduardo Cavalli, integrante de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), para abordar el aumento de penas previsto en el proyecto para menores privados de libertad.
El también ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia sostuvo a la diaria que las propuestas van en contra de las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño y las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas que sugiere que la prisión “debe ser el último recurso para casos excepcionales y por el menor tiempo posible”.
Cavalli planteó que con la redacción actual de la LUC podría ocurrir que un joven del interior del país podría estar dos años preso por un hecho “no tan grave” en Montevideo, en un medio “muy hostil” y lejos de su familia, y eso dificulta su rehabilitación.
Asimismo, el juez sostuvo que desde AMU han apreciado que la población carcelaria adolescente descendió y eso refleja “una menor actividad delictiva de adolescentes” y sostuvo que “no sabe por qué viene esta norma ahora”. “De pronto lo que se quiere buscar es que la delincuencia disminuya, pero con la privación de libertad preceptiva se puede causar el efecto contrario”, manifestó: “Ese es el temor que se tiene”, subrayó.
Instituto de Economía: regla fiscal es “vaga” e imprecisa”
Más temprano, el Instituto de Economía (Iecon) de la Universidad de la República advirtió a la comisión especial sobre la vaguedad de la norma sobre la regla fiscal y el impacto negativo en las finanzas de ANCAP y “en el propio Estado” si se aprueba la derogación del monopolio de la petrolera estatal.
La economista Gabriela Mordecki, docente del Iecon, dijo a la diaria que las preocupaciones del instituto sobre la LUC se concentran básicamente en tres puntos: regla fiscal, libertad financiera y desmonopolización de la petrolera estatal. Sobre el primer punto, la economista planteó que, si bien habría que mejorar la regla fiscal existente, la norma propuesta en la LUC es “muy vaga” e “imprecisa”.
Mordecki subrayó que es “peligroso” que “todo quede librado a la voluntad del Poder Ejecutivo” y el Parlamento “le entregue un cheque en blanco”. Además, manifestó que bajo el contexto de emergencia sanitaria es “muy inconveniente” aprobar una regla porque es necesario contar con un fondo que en este momento no tenemos.
Mordecki también expresó su preocupación con la habilitación del pago en efectivo de las remuneraciones y otras prestaciones, y la disposición de elevar a 100.000 dólares la posibilidad de pago en efectivo las transacciones de todo tipo. “Es un retroceso en el camino que se había iniciado en Uruguay con la ley de inclusión financiera”, dijo la economista.
Además, en un documento presentado durante la comparecencia, el Iecon advierte que estas modificaciones “van en sentido contrario” de la lucha contra la evasión impositiva y el lavado de dinero.
Otro de los aspectos al que se refirió el instituto fue a la derogación del monopolio del Estado para la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados, gestionado por ANCAP.
Mordecki sostuvo que, en este caso, nuevamente la norma no brinda ningún detalle del proceso y que no están consideradas las necesidades de infraestructura necesarias. El documento presentado por el instituto señala que esta disposición “afectaría negativamente las finanzas de ANCAP y, por lo tanto, del Estado uruguayo”.
La regla fiscal propuesta por el gobierno impone un tope al gasto público que será definido por el Poder Ejecutivo. Con este instrumento el gobierno pretende reducir el déficit fiscal y el crecimiento del endeudamiento público.
Además, de acuerdo a los artículos de la LUC, en el caso de existir excedentes fiscales estos se volcarán en un fondo con el “objetivo de financiar políticas fiscales en fases recesivas del ciclo económico”.