En diciembre el gobierno de Iván Duque lamentó la salida del general Nicacio Martínez del cargo de comandante del Ejército, que se atribuyó a razones familiares. Sin embargo, pocos días después la revista Semana advirtió que esta obedecía a otros motivos: el uso del servicio de inteligencia del Ejército para espiar a políticos, magistrados y periodistas. En ese entonces el gobernante Centro Democrático pidió a la revista que diera a conocer la identidad de los militares involucrados en estas prácticas –algunos de los cuales hicieron una declaración al medio y pidieron permanecer en el anonimato–. Si existió una investigación interna, no se conocieron sus avances.
Este sábado Semana publicó un informe con detalles sobre cómo se llevó adelante el espionaje, entre febrero y diciembre, de al menos 130 personas, entre ellas, periodistas nacionales y extranjeros, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, opositores, jueces e incluso miembros del gobierno. La revista accedió a las carpetas que armaba la inteligencia del Ejército con la información pormenorizada de las personas que eran objeto del espionaje –incluidos los nombres y las direcciones de los padres–.
Distintas asociaciones de medios de comunicación y de periodistas se manifestaron en contra de esta práctica, que también recayó sobre corresponsales en Colombia de diarios estadounidenses, como The New York Times y The Wall Street Journal. “Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país”, advirtió la Fundación para la Libertad de Prensa en un comunicado.
Además, políticos opositores, sindicales y defensores de los derechos humanos recurrieron a distintos medios para repudiar el espionaje del que fueron objeto. En la misma línea, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación” por estas denuncias y exigió que se garanticen los derechos humanos y se haga una investigación.
“Perfilar periodistas, políticos y funcionarios debe ser castigado”, afirmó, por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, por medio de Twitter. Ayer, en el Día de la Libertad de Prensa, manifestó su “rechazo contundente” a este tipo de práctica y reafirmó “la voluntad del gobierno de continuar investigaciones a fondo que permitan castigar ejemplarmente a los responsables”.
En el #DiaMundialDeLibertadDePrensa hacemos reconocimiento a la valiosa labor que cumplen los comunicadores, que todos los días, sin descanso, trabajan para mantener a las sociedades informadas. Una prensa libre robustece las democracias. Gratitud a los periodistas en este día.
— Iván Duque (@IvanDuque) May 3, 2020
La presencia en la lista de espiados de su ex secretario, Jorge Mario Eastman, coloca al mandatario entre las víctimas, tal como han señalado él mismo y su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quienes hasta ahora han asegurado que no tuvieron ningún vínculo con estas prácticas ni conocimiento de ellas.
Destituciones apresuradas
Horas antes de que Semana llegara a las calles, Holmes Trujillo anunció que se enviaría a retiro a 11 militares por estar involucrados en el espionaje. Esta medida, anunciada el viernes, que afecta a cinco coroneles, tres mayores y un general, entre otros, se presentó como la primera consecuencia de las revelaciones de diciembre. Además, un brigadier solicitó el retiro voluntario, añadió el ministro, quien también informó que se harán más investigaciones internas, o sea, llevadas adelante por militares.
Sin embargo, la Procuraduría General informó que asumirá el proceso disciplinario que se lleva adelante dentro del Ejército, que se sumará al iniciado en enero por esta dependencia. El procurador general, Fernando Carrillo, informó que designó a un funcionario para que investigue, en particular, el envío a retiro de los 11 militares, dada la coincidencia de fechas entre esa decisión del ministerio y la publicación de las nuevas revelaciones.
Viejos conocidos
Los servicios de inteligencia colombianos siempre tuvieron un comportamiento inadecuado durante los gobiernos del uribismo, la fuerza política vinculada a Álvaro Uribe, quien gobernó el país entre 2002 y 2010. En esos años fue el escándalo de “las chuzadas del DAS”, iniciales del Departamento Administrativo de Seguridad, que contenía el servicio de inteligencia civil del país.
El espionaje recayó sobre quienes en ese momento tenían los mismos cargos y posiciones políticas: opositores, jueces, periodistas, activistas. En ese entonces tuvo mayor trascendencia la investigación de los magistrados que investigaban denuncias de corrupción del gobierno de Uribe. Si bien el tema ocupó titulares de medios colombianos y fue considerado un escándalo, no tuvo consecuencias políticas contundentes. El uribismo ganó las siguientes elecciones, con la candidatura de Juan Manuel Santos, quien con el tiempo tomó distancia de Uribe y, simbólicamente, eliminó el DAS.
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