El Ejecutivo de alianza entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos aprobó ayer, en un Consejo de Ministros extraordinario, la aplicación de una ley que garantice un ingreso mínimo vital en España. Esta política llegará a unos 850.000 hogares, que suman unos 2,3 millones de personas, y tendrá un costo anual para el Estado de 3.000 millones de euros.
Según informó el diario La Vanguardia, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, informó que el gobierno estima que con el ingreso mínimo será posible sacar de la pobreza y de la extrema pobreza a aproximadamente 1,6 millones de personas.
El ingreso mínimo fija un umbral garantizado de renta, que en función de las características del hogar oscilará entre los 462 mensuales para una persona que viva sola, hasta los 1.015 por mes para familias. La medida se aplicará hasta que la necesidad de esos ingresos se termine.
Como las familias podrán pedir la prestación no sólo en función de sus ingresos del año pasado sino también de este año, esta renta mínima puede tener un impacto directo en los hogares que más se vieron afectados por la crisis económica generada por la pandemia de covid-19.
La seguridad social concederá esta renta, siempre que la unidad familiar no tenga un ingreso mayor al que asegura esta prestación. Según explicó durante una conferencia de prensa el vicepresidente segundo del gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el acceso “dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite”.
Podrán solicitar este beneficio personas de entre 23 y 65 años, o desde los 18 años si tienen menores a cargo y residen legalmente en el país desde hace un año. Accederán si los ingresos totales del año anterior son inferiores a la renta garantizada anual. El límite de patrimonio se tomará restando las deudas y sin tener en cuenta la vivienda habitual. Oscilará entre los 16.614 y los 43.196 euros, según la integración de los hogares.
“Con ello, se asegura el acceso a personas realmente vulnerables y no sólo a personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez pero, por ejemplo, cuenten con un considerable patrimonio inmobiliario”, informaron fuentes del gobierno.
“Hoy nace un nuevo derecho social en España”, afirmó Iglesias, que se refirió a la prestación como un “triunfo de la sociedad civil”. Tras la emergencia del coronavirus, el ingreso mínimo vital “se convirtió en necesidad absolutamente urgente”, cuya tramitación hubo que acelerar. Pero “no es una medida coyuntural, sino estructural”, afirmó el líder de Unidas Podemos –la coalición que impulsó esta medida–, y agregó que “no hay libertad si no se llega a fin de mes”.