El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este martes, a través de una cadena nacional, las nuevas medidas económicas que adoptará su gobierno en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país a causa de la pandemia de covid-19.
Según Moreno, las medidas implicarán un recorte de 4.000 millones de dólares del gasto público: 980 millones se reducirán de la masa salarial; 400 millones, de bienes y servicios; 1.300 millones, de inversión, y otros 1.300 millones por reestructuración de deuda externa, de acuerdo a lo que informó el diario quiteño El Comercio.
Entre las medidas de ahorro de gastos del Estado, Moreno informó que se cerrarán varias embajadas y consulados.
El presidente puntualizó que estas medidas serán aplicadas en diversas misiones, como Irán, Nicaragua, Malasia y el Parlamento de la Comunidad Andina, que integra junto con Bolivia, Colombia y Perú. Moreno precisó que además se cerrarán consulados, como en la localidad mexicana de Tapachula y la venezolana de Valencia. Anteriormente el gobierno ya había cerrado legaciones en Argelia, Nigeria, Bielorrusia, Etiopía y Angola.
Moreno anunció también que continuará reduciendo el aparato estatal con la eliminación de siete empresas públicas como las de ferrocarriles, medios de comunicación y correos. El mandatario no dio detalles sobre si las empresas serán fusionadas, privatizadas o cómo se llevarán a cabo tales supresiones.
En el caso de la aerolínea de bandera ecuatoriana Tame, que dio pérdidas por más de 400 millones de dólares en los últimos cinco años, el presidente dijo que entrará en liquidación y preservará únicamente las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas.
Pero otras medidas impulsadas por el gobierno de Moreno vienen generando repercusiones negativas y movilizaciones callejeras en la capital, Quito, aun con las medidas de aislamiento social que rigen en el país, que fue particularmente golpeado por la pandemia de covid-19.
En total, de acuerdo a cifras oficiales, los diagnosticados con la enfermedad son más de 34.000 y los fallecimientos atribuidos a la covid-19 suman ya 2.839.
La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del Covid-19, aprobada el 15 de mayo por el Parlamento ecuatoriano, generó fuertes rechazos entre los trabajadores y también en el sector universitario, que se movilizaron en el comienzo de esta semana por tercera vez para protestar contra la norma. Dentro de la ley, y bajo el rótulo de medidas de “sostenibilidad del trabajo”, se incluye un artículo que establece un “contrato especial emergente” con el cual se podrá establecer contratos de media jornada, y las horas se podrán distribuir hasta en seis días de la semana. Otro artículo contempla la reducción de hasta un 50% la jornada laboral y disminución de hasta un 45% del salario del trabajador; es decir, quien gane sueldo mínimo, que son 400 dólares, podría ver reducida su remuneración hasta los 220 dólares, además de reducirse el aporte de la empresa a la seguridad social del empleado. Esto podrá aplicarse por dos años, pero podría ser renovable a dos años más. Además, otro de los artículos establece que el empleador decidirá, de manera “unilateral”, el cronograma de vacaciones del trabajador, es decir cuándo y cómo tomárselas. Además, podrán ser contados como días de vacaciones los días de “inasistencia” (no especifica si justificados o injustificados). Paralelamente, la ley dicta un recorte de 98 millones de dólares para 32 universidades y escuelas politécnicas públicas del país.
Líderes sindicales y representantes de los estudiantes se han manifestado contra las medidas, así como también técnicos que expresaron su disconformidad con los puntos polémicos de esta ley.
“Creo que somos uno de los pocos Estados del planeta que, en lugar de utilizar políticas de protección social, siguen utilizando políticas de ajuste y de regresión de derechos sociales, incluso presentando medidas inconstitucionales”, sostuvo el economista Erik Mozo.
Mientras tanto, el Frente Unitario de Trabajadores y la Central Unitaria de Trabajadores, que alberga otros sindicatos laborales, anunciaron que presentarán ante la Corte Constitucional demandas de “inconstitucionalidad” contra las reformas laborales establecidas en la Ley Humanitaria, de acuerdo a lo que informó la agencia RT.
Luego de ser aprobado en el Parlamento, el texto de la nueva norma está nuevamente en manos del presidente Moreno; si el mandatario presenta alguna objeción, la ley volverá al Parlamento; en caso contrario, entrará en vigencia luego de su promulgación.